Lo que Fonatur y Semarnat no dirán sobre la autorización para construir en Tajamar

Foto: Octavio Aburto

En días pasados dimos cuenta de la devastación de una zona de manglar en Tajamar en sólo cuatro días con el uso de la fuerza pública, de madrugada y con maquinaria pesada. Estas acciones han sido justificadas con un permiso que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para construir locales comerciales y zonas residenciales, y para lo cual se necesitaría desmontar 49 hectáreas de manglar.

Tanto los funcionarios de Fonatur como de Semarnat dijeron que las acciones son legales, y que ese permiso “válido y vigente” ya se había otorgado desde el 2005, y así fue, la autorización en materia de impacto ambiental (AIA) tiene fecha del 28 de julio del 2005, por lo que que sucedió hace unos días fue una consecuencia que inició en el sexenio de Vicente Fox, justo a unos días de que Alberto Cárdenas Jiménez dejara la titularidad de la Secretaría, para ser sucedido por José Luis Luege Tamargo, y con Ricardo Juárez Palacios como director de impacto y riesgo ambiental, funcionario cuestionado y polémico que después renunció tras diversas denuncias ante el órgano interno de control, al autorizar diversos mega proyectos.

Así que vale la pena recordar el contexto en el que se otorgó esa AIA. La actual administración de Semarnat busca la exoneración, diciendo que la prohibición de tala de manglar entró en vigor el 2 de febrero del 2006 a través de una reforma a la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), así que el permiso se dió antes. Sin embargo, en ese entonces estaba, y aún sigue vigente la Norma NOM-022 que protege a los manglares. Esta Norma, cuando entró en vigor en abril del 2003 prohibía la tala de manglar, y por lo mismo, Alberto Cárdenas al hacerse cargo de la secretaría, la modificó ilegalmente el mayo del 2004 para eliminar la prohibición, esto ante el interés de varios promotores de proyectos turísticos que requerían la remoción de los humedales para llevarse a cabo, entre ellos por supuesto, el proyecto de Malecón Tajamar de Fonatur. Así que Fonatur, al igual que otros proyectos, recibió su permiso justo en el tiempo cuando los manglares estaban “menos protegidos” por la legislación, de mayo del 2004 a febrero del 2006. Y “menos protegidos” porque desde 1994 las cuatro especies de manglar han estado catalogadas como especies en riesgo bajo otra Norma, la NOM-059.

Aún así, Fonatur no justificó en su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) la compatibilidad del proyecto con la NOM-022 , que dice su texto, que sigue intacto y vigente desde el 2003, que “toda obra de canalización, interrupción de flujo o desvío de agua que ponga en riesgo la dinámica e integridad ecológica de los humedales costeros, quedará prohibida, excepto en los casos en los que las obras descritas sean diseñadas para restaurar la circulación y así promover la regeneración del humedal costero”, y por lo mismo la autorización no debió existir nunca.

La autorización tampoco se debió haber dado toda vez que contraviene el ordenamiento ecológico local, y también esto es motivo suficiente para negarla. El proyecto se encuentra dentro del sistema lagunar Nichupté, y por lo tanto está sujeto al Ordenamiento Ecológico de la región denominada Lagunar Sistema Nichupté, Cancún, Quintana Roo, el cual induce a una política de desarrollo de baja densidad. Según la ubicación del predio le corresponde el criterio D22 del ordenamiento, que indica que “se deberá conservar la máxima porción de las características naturales, sin afectar ecosistemas excepcionales contiguos, tales como el sistema lagunar Nichupté, Laguna Morales, manglares y arrecifes entre otros, así como las poblaciones de flora y fauna, especialmente las endémicas y en peligro de extinción”, y ¿qué dijo Fonatur para justificar este criterio? En su MIA dice que “en el predio donde se desarrollará el proyecto no posee características de un ecosistema excepcional, ya que corresponde a un mosaico complejo de condiciones ambientales que han sido resultado de las afectaciones y modificaciones”…”la pérdida de especies naturales es una tendencia irreversible por el momento, sin embargo en ningún sentido afectaría la dinámica del sistema Lagunar”… Y ante esto, Ricardo Juárez, funcionario en aquel entonces de Semarnat contesta lo siguiente: “el aprovechamiento que se le dará al predio para desarrollar el proyecto cumple con los objetivos perseguidos por el criterio ecológico en el criterio ecológico en cita…”. Lo que indica que tanto Fonatur como Semarnat mintieron y pasaron por alto, no sólo que los manglares tienen un valor excepcional, sino que nunca justificaron las obras y actividades con el ordenamiento ecológico, y por lo mismo, nunca se debió haber aprobado.

Y bueno, hay más en el resolutivo, mismo que se puede consultar a detalle en http://goo.gl/i37wLO para dar cuenta como se justifica y autoriza, y ver la censura de la firma y nombre de Ricardo Juárez ante su petición para tirar la piedra y esconder la mano, pues esto ya no sucede actualmente por el funcionario que ahora guarda su puesto.

Además, una de las condicionantes en la AIA que la Semarnat exigió fue el rescate de fauna en la zona, lo cual, hasta donde se conoce, no fue llevado a cabo de manera adecuada por el Fonatur, como se ha podido constatar, durante la remoción del manglar murieron diversas especies catalogadas como en riesgo. El mismo Fonatur reporta en su MIA la presencia de especies en riesgo como el Mangle botoncillo, Mangle blanco, Mangle rojo, Mangle prieto, Rana Leopardo, Cocodrilo de pantano y el Vireo manglero, así como a especies en categoría de amenazadas: Palma Chit y la Iguana rayada.

Así es como algo que empezó mal se sigue defendiendo y ha desencadenado una serie de acciones que pretenden justificar el uso de la fuerza pública y la depredación del manglar. Es una autorización que se dio en 2005, pero eso no quiere decir que la actual administración no pueda hacer nada, si Semarnat tuviera la voluntad y peso político, se cancelaría el permiso en un instante para implementar un programa de restauración de toda la zona dañada.

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