CERRAR: Necesario pero insuficiente
Valeria Rodríguez
Los cambios jurídicos coyunturales sin duda alguna constituyen un avance en el Estado Social de Derecho costarricense, pero más allá de esto, no solucionan ni ponen fin a una problemática real.
Tras años de Gobiernos desarticulados y sin una clara visión de lo que se pretende más allá de lo electoral, se ha llegado a un punto en el cual la única opción restante para seguir con una política social efectiva es un cambio de la estructura con la cual son ejecutados los programas sociales.
No son aires revolucionarios ni politiquería lo que nos permite concluir que esta estructuración es necesaria, los datos así lo demuestran. Durante los últimos años y principalmente desde la administración Arias Sánchez el gasto público se disparó, así sucedió en el año 2007 cuando este constituía un 15,7% del PIB, mientras que en 2010 ascendió a un 19,8%. A pesar de lo anterior, la pobreza aumentó y Costa Rica es uno de los pocos países latinoamericanos que no logró reducir desigualdad durante la última década, al contrario, esta ha aumentado de manera significativa.
Distinto a lo que muchos imaginarían somos un país más desigual que Venezuela, Nicaragua o Bolivia.
De cara a esta situación, el diputado Ottón Solís Fallas presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley C.E.R.R.A.R, el cual propone eliminar duplicidades, filtraciones, puestos políticos innecesarios y gastos administrativos abundantes en el área social por medio del cierre de instituciones que serían fusionadas en un solo ministerio.
El proyecto merece vital atención debido a que, en 2015 los gastos presupuestados por Hacienda en remuneraciones constituyen un 28,8%, siendo el área en la que más invierte el Estado costarricense.
El INDER es un ejemplo de la duplicidad de labores que el proyecto del diputado Solís busca tocar. En su creación en el año 2012, para sustituir el Instituto de Desarrollo Agrario, se le asignaron funciones como el otorgamiento de capacitaciones no formales, la ejecución de proyectos de turismo rural y la conservación de la biodiversidad, las cuales podrían ser ejecutadas por instituciones ya existentes.
Sin embargo, si bien es cierto que el proyecto centraliza, por sí mismo no asegura eficiencia. Según los cálculos y la investigación previa a la presentación del proyecto, El MAS (gran ministerio propuesto por Ottón), sería el segundo departamento estatal en recibir más fondos del Estado, solo detrás del MEP. Sin embargo, tampoco es un secreto que este último es una de las instituciones más burocráticas e ineficientes del Estado, con millones de colones sin ejecutar.
También es cierto que mayor inversión, no necesariamente se traduce en mejores resultados, y por ello la política social debe orientarse en otro sentido, y es en otorgar poder de cambio a los beneficiarios de los programas. De otra manera, lo único que el Estado está promoviendo es el otorgamiento de un “subsidio permanente” a las familias necesitadas, sin el empoderamiento y el impulso que merecen para cambiar su situación.
Como ejemplo de estas opciones, se encuentran los programas de transferencias condicionadas, que alivian la situación inmediata de pobreza mientras que condicionan a las familias a recibir salud, educación y/o capacitaciones que los impulsen a dar el salto para salir de su condición. Un ejemplo es Bolsa Familia en Brasil, el cual proporciona ayuda a 46 millones de personas y beneficia a un cuarto de la población del país. Siempre con una actitud de corresponsabilidad por parte de las familias beneficiadas y el poder público sobre los recursos públicos que se están utilizando.
La clave para el éxito de Bolsa Familia fue la creación de un Sistema Único de Asistencia Social en 1993, y con ello la existencia de un registro unificado de la información. De manera personal, considero que C.E.R.R.A.R. constituye una alternativa en la medida en que vaya de la mano con la creación de un padrón de beneficiarios computarizado, que sea detallado y se actualice constantemente. De esta manera, la balanza no se inclinaría de manera injusta hacia ciertas familias que reciben ayuda de hasta 5 programas, mientras que otras no cuentan con ninguno.
Además, reducir costos operacionales e intermediarios, permitiría mayor transparencia, una ejecución rápida y directa, y mayores resultados a corto plazo, una de los aspectos destacables del programa Bolsa Familia, es que tiene un costo operacional de tan solo 5%.
C.E.R.R.A.R sin duda alguna propiciaría un cambio sustancial, por lo que su aprobación depende del seguimiento y la movilización social que como ciudadanos podemos promover. El proyecto ha conseguido apoyo de diversos sectores, sin embargo, también la disconformidad de muchos. Nos ubicamos en un momento de la historia en el que la acción social constituye la principal herramienta de transformación. Ha llegado el momento de defender nuestro Estado Social de Derecho, por lo que un análisis detallado del proyecto (independientemente de las conclusiones que se tomen) es casi obligatorio.
Valeria Rodríguez es estudiante de primer ingreso de la carrera de Derecho.