Pese a que su promesa de campaña fue convocar a una Asamblea Constitucional de Estatus, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla anunció ayer que optaría por convocar a una consulta directa al pueblo para aprovechar los $2.5 millones de dólares asignados por el Congreso de los Estados Unidos para auscultar —otra vez— el sentir del puertorriqueño sobre el curso político que debe tomar el país.

Si prosperara la propuesta del gobernador, en algún momento antes del 8 de noviembre del 2016 estaríamos otra vez en las urnas colocando cruces bajo opciones políticas con definiciones rimbombantes e inalcanzables.

Tradicionalmente, los puertorriqueños nos hemos circunscrito a seleccionar entre tres opciones: ELA (status quo desde el 1952), estadidad o independencia. La última, si es que los políticos no la dañan, no requeriría de una definición tan rebuscada; con copiar la de la RAE sería suficiente. ¿No es ser independiente -más allá de las consideraciones operativas- el destino de los países que precian su dignidad frente a los suyos y ante los otros?

Las restantes dos definiciones requieren de creatividad lingüística dadas las complicaciones técnicas que ambas presentan.

La estadidad no ha podido superar el discurso sembrado en la sociedad de que representaría un gasto adicional para los ciudadanos (por la obligación de pagar de impuestos federales, por ejemplo) y que incorporarse a los Estados Unidos tiene un fuerte impacto en la identidad cultural. El concepto de “estadidad jíbara”, desarrollado para tratar de minimizar el costo social versus los beneficios que traería al país, no ha podido sostenerse y es más un motivo de burla que otra cosa.

Los estadistas no cuentan con ideólogos educados en sociología, antropología o historia que puedan desarrollar públicamente ejemplos y situaciones concretas —más allá de las económicas— el balance adecuado que podría representar para la isla incorporarse como un estado adicional a los Estados Unidos. Esa carencia les ha llevado a repetir estribillos huecos y anacrónicos, como que estaríamos uniéndonos a la “Gran Nación Americana”, o que “es la más grande democracia del mundo”, o que tendríamos tantos “senadores y representantes” para vigilar nuestros intereses; en fin, una serie de argumentos que no van a la raíz de la resistencia hacia la opción de incorporarnos como un estado adicional. El Partido Nuevo Progresista, como organización ideológica que promueve la anexión, tampoco han podido “vender” la idea fuera de nuestras fronteras de agua lo que los deja solos en sus intentos de que PR sea aceptado como un estado.

¿Se han preguntado los estadistas qué le ofrecemos los EEUU para que nos alleguen? ¿Se han preguntado si los EEUU nos quieren como estado cuando seríamos, dadas las ineficiencias en la administración del gobierno insular, una carga fiscal, social y representaríamos un reto cultural? ¿Pueden los estadistas desarrollar un ABC de los beneficios que obtendrían los EEUU al allegarnos? ¿Tienen los estadistas respuestas específicas con ejemplos particularizados para los cuestionamientos sobre cultura, idioma e idiosincracia? ¿Conocen los estadistas las luchas de clases, de raza, de culturas que se han vivido en los EE UU desde sus inicios como nación y que todavía se percolan en el discurso cotidiano en el S XXI? Si estudiaran la historia de algunos estados, no tienen que analizarlos todos, quizás encontrarían respuestas adecuadas.

Los estadolibristas, por su parte, están divididos entre los que creen que el asunto del estatus se resolvió en el 1952 y los que creen que el estatus actual debe modificarse para obtener más poderes soberanos. Sin embargo, como conjunto, tienen miedo a nombrar las cosas como son, o sea ELA Status Quo -sin cambios o con cambios cosméticos -y la Libre Asociación o República Asociada. Ese pavor por la palabra los llevará a presentarnos una definición tan irreal como inatrapable. Ya nos hemos acostumbrado a escuchar al ex gobernador Rafael Hernández Colón, gran defensor del estatus quo, repetir hasta la saciedad que el ELA se resolvió a mitad del siglo pasado. Otros grupos más liberales dentro del Partido Popular Democrático piden que se revisite la historia del ELA y se plantee algún desarrollo; algún indicio de que esa fórmula evoluciona de acuerdo a las necesidades del país y que no está escrita sobre piedra.

Sin embargo, la resistencia dentro del propio partido es como un muro de contensión ya que elaborar un ELA “mejorado”, o sea, más cercano a la soberanía plena que a un estado incorporado, pone a temblar los cimientos de una estructura cuyo oxígeno ha sido —y es— el discurso de “unión permanente”, ciudadanía jurídica, la moneda común y la defensa. Esto sin ir sobre los detalles de los billones de dólares que llegan a Puerto Rico en fondos federales para desarrollo de obras públicas y sociales.

El ELA no es un estatus; es más bien un espacio gris con el cual no estamos conformes aunque nos hemos hecho adictos a su ambigüedad y liquidez. Los retos actuales del ELA ponen de manifiesto que, en efecto, necesita modificaciones/transformaciones/cambios para atender las deficiencias fiscales y de desigualdad del país. No podemos quedarnos como unos adolescentes eternos que están a medio camino, entre las ansias de libertad y la dependencia de sus tutores.

¿Por qué tener miedo en aceptar que el ELA como lo conocimos —y le sirvió un tiempo al país— ya colapsó y habría que reinventarlo si quieren presentarse como una alternativa? ¿Creen los estadolibristas que la gente del Puerto Rico del S. XXI es la misma de mediados del S. XX cuyas necesidades apremiantes eran distintas a las nuestras?

Podrán alegar que bajo el ELA los pobres lograron zapatos (que, de paso, ya se los quitamos), que hubo progreso y que se sembró cemento por todo el país. Eso es cierto y ya no funciona.

¿Pueden los estadistas defender la incorporación y vender, sí vender a la ciudadanía, los verdaderos costos de integrarnos a los EE UU? Costos políticos, económicos y sociales. ¿Creen los estadistas que los puertorriqueños, acostumbrados a lo fácil, estarían dispuestos sacrificar más de lo estrictamente necesario por el bien colectivo?

¿Podrán los independentistas plantear los beneficios de una soberanía plena y digna junto al costo que tendría para el país el salir del cascarón de la dependencia de golpe y porrazo?

Es tiempo de crecer como país y plantearnos qué es lo que deseamos para Puerto Rico y asumir las consecuencias de lo que decidamos. Ya no podemos andar con paños tibios. El debate del estatus de Puerto Rico, si es que prospera la propuesta del gobernador, debe atenderse por primera vez con seriedad y rigurosidad; con una hoja de ruta que le permita a la ciudadanía ver los pros y los contras de cada opción; con unas definiciones sin maquillaje que, aunque parezcan rudas y crudas, sean honestas, claras y alejadas de la ventajería electorera.

Y veremos si hemos madurado en 60 años.

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