Corrupción y oportunismo

A una semana del temblor hemos visto cómo han salido a relucir prácticas y actitudes contrastantes, diversas formas de pararse frente a la tragedia. Frente a la tristeza e impotencia por los cientos de muertos y miles de damnificados, observamos también a otros miles ser generosos en incontables formas, con su tiempo, recursos y hasta con sus propias manos. Con decenas de escenas emotivas la esperanza nos ha ayudado a paliar el miedo y la tristeza.

El remolino de emociones nos ha llevado también por otro camino: al coraje, la desconfianza y el desconcierto, que se han generado con otro tipo de repuestas, particularmente las que han dado nuestras autoridades y la clase política.

Las escenas de edificios derruidos que ocultan todavía cuerpos son muestras tangibles de que la corrupción mata.

El edificio de la escuela Rébsamen, el escenario más trágico de los estragos del temblor, era uno con un largo historial de irregularidades: se improvisó la construcción de un departamento en el tercer piso, y se emitió una constancia de seguridad estructural, pero no existe registro de que se hayan realizado pruebas de carga.

Un edificio construido este mismo año, con departamentos de dos millones y medio de pesos, que aseguraba tener materiales de la más alta calidad y estructura de acero, se desplomó en la Colonia Portales de la Ciudad de México. La causa se desconoce, pero a pesar de que las normas de construcción lo demandan carecía de suficientes columnas de resistencia.

La Fábrica ubicada en la calle Chimalpopoca albergaba cuatro empresas distintas y al desplomarse se llevó la vida de 22 personas. Aún no se sabe quién es el propietario del edificio ni cuántos empleados trabajaban ahí. Hay rumores de que podrían haber sido trabajadores indocumentados, pero seguimos sin saberlo: el viernes pasado pararon las acciones de rescate y comenzaron a retirar el escombro.

Junto con la corrupción, el temblor ha removido también otra práctica terrible, el oportunismo que no solo tiene que ver con repartir a nombre propio y con intereses políticos las despensas donadas por otros, sino con discursos demagógicos que aprovechan la desinformación e intentan capitalizar el descontento social.

Frente a la muy urgente demanda de frenar el despilfarro de los partidos políticos y dirigir el presupuesto público para las personas y zonas afectadas, las propuestas de los partidos han sido eliminar por completo su financiamiento público en 2018.

Han omitido decir, sin embargo, que la Constitución establece claramente que las leyes electorales deben promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y que una vez iniciado no pueden realizarse modificaciones legales fundamentales.

Han omitido decir que las “vías jurídicas viables” que les permitirían no aceptar el dinero administrado por el Instituto Electoral requerirían un consenso que se ve difícil, pues incluso ayer mismo seguían señalándose unos a otros y reclamando la paternidad de la propuesta.

Han omitido también decir que el financiamiento privado a los partidos políticos favorece que solo los más ricos sean los que puedan gobernar, que las campañas se financien con aportaciones a partir promesas de contratos con el gobierno y que el partido en el poder obtenga ventaja sobre los demás.

Por último, la propuesta de los partidos ha omitido hablar del tema más importante: debe existir mayor control y fiscalización en el ejercicio de los recursos de los partidos para asegurar que el dinero que ejerzan tenga orígenes legítimos y que no se excedan sus topes de campaña.

Nuestra participación en la reconstrucción que inicia importa mucho, no solo con las aportaciones que podamos hacer sino también con la denuncia y presión que obligaría a los corruptos a recibir sanciones –un punto de partida es el trabajo de investigación de México contra la Corrupción sobre las condiciones de edificios caídos-. También, nos toca alimentar un debate público informado y responsable sobre el camino de austeridad que tanto necesitamos y la vigilancia de los recursos que se destinen a la reconstrucción.

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