Podemos votar, ¿y ser votadas?

El 3 de julio se conmemoraron 62 años del día en que las mujeres votaron por primera vez en nuestro país. Celebramos un primer triunfo desde que este derecho fue reconocido en México y en otros países de América Latina más o menos en un periodo de treinta años, de 1930 a 1960; después, hasta la década de los noventas caímos en un estancamiento: podíamos votar pero la presencia de las mujeres en la política era bastante esporádica; las leyes se limitaron a reconocer el derecho al voto pero no garantizaron el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de las mujeres, no su derecho a gobernar.

La participación de las mujeres en la vida pública requiere en primer lugar desechar la idea de que la democracia solo se limita a las elecciones. La posibilidad de participar en estos procesos es importante, pero insuficiente para que las mujeres influyan de manera profunda en el rumbo de una nación, por ejemplo, estableciendo una agenda con sus propias preocupaciones y experiencias o tomando decisiones a nombre de un colectivo dentro de la función pública o en puestos de representación.

La experiencia durante el siglo XX nos enseñó que establecer derechos en las leyes es insuficiente para que las mujeres tengan las mismas oportunidades políticas. Según el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas hay cuatro acciones que podrían emprender los Estados para reducir la brecha de participación política: la existencia de cuotas, la generación de campañas mediáticas para modificar las concepciones tradicionales de género, la capacitación a mujeres en temas de liderazgo (por ejemplo, en México cada partido tiene que dedicar a ello 3% de su financiamiento público), y dar atención especial a mujeres indígenas, campesinas o con discapacidad.

El primer punto, las cuotas de género, es una medida que genera fuertes argumentos a favor y en contra. A favor se arguye que la sub-representación de las mujeres genera falta de legitimidad en las instituciones democráticas. Sin ellas los debates carecen de sus propias agendas, ideas, capacidades y experiencia. Por el contrario, la participación y visibilización de la capacidad de las mujeres de actuar y decidir en el espacio público podría ayudar a eliminar prejuicios sexistas y promover que otras mujeres se involucren también en la política.

Quienes se oponen a las cuotas de género hablan de un concepto llamado discriminación positiva. El riesgo que identifican es que al establecer un trato diferenciado hacia las mujeres se pueden arraigar estereotipos y la percepción de una división social. O bien, que las cuotas ignoran la capacidad y los méritos individuales.

Lo cierto es que aunque cada vez más mujeres sí acceden a mayores oportunidades: laborales, educativas o en espacios de participación política, aún siguen haciéndolo en menor proporción que los hombres o teniéndose que enfrentar a mayores obstáculos, particularmente los que demandan cambios culturales. En tanto no haya mejores condiciones para que una mujer crezca en esferas en las que hace apenas un siglo era impensable su participación, dos obstáculos más se sumarán a la falta de incentivos: quienes participen lo harán sin las herramientas que genera la experiencia o un liderazgo ya desarrollado, o bien, faltarán modelos femeninos a seguir para inspirar y multiplicar los espacios de participación.

A nivel global, de los 35 países que en enero de 2014 habían alcanzado la representación de 30% de las mujeres en los parlamentos, 32 lo hicieron con una medida temporal en forma de cuota. En México, para incentivar la participación política de las mujeres, la reforma político-electoral de 2014 elevó a rango constitucional la paridad en las candidaturas de hombres y mujeres al Congreso de la Unión y los Congresos locales. Estas medidas generaron resultados positivos después del periodo electoral: a septiembre de 2015 40% de las mujeres tenían un puesto como legisladoras en nuestro país, el quinto porcentaje más alto de América Latina y el Caribe.

A pesar de la efectividad de las acciones afirmativas en México, un diagnóstico generado por el Instituto Nacional Electoral ayuda a identificar dos salidas que los partidos políticos utilizaron en 2015 para seguir privilegiando en los espacios de representación a varones: en 88% de los casos se les colocó al inicio de las listas de RP, y en muchos distritos no competitivos es que decidieron postular a las fórmulas de mujeres.

Estos retos se suman a la necesidad de lograr paridad de género en puestos ejecutivos, pues aunque cada vez existen más mujeres regidoras, son pocas presidentas municipales y aun una cantidad menor de gobernadoras. Actualmente solo una entidad federativa está gobernada por una mujer (Sonora) y antes de las elecciones este año en las alcaldías de los 3,461 municipios, 349 estaban encabezadas por una mujer. En la historia de nuestro país solo siete mujeres han ocupado el cargo de gobernadoras y ninguna ha sido presidenta.

En el poder judicial, la representación femenina también sigue siendo minoritaria: menos de 20% de los espacios para ministros o magistrados están ocupados por una mujer. Incluso dentro de los partidos políticos; aunque, hay una buena cantidad de mujeres en el segundo cargo en jerarquía, las secretarías, solo uno partido político tiene a una mujer como dirigente.

Lo anterior no significa que las mujeres no se involucren o no tengan una participación política activa. En la actualidad las mujeres mexicanas ejercen el derecho a votar en mayor proporción que los hombres: en las elecciones de 2009, por ejemplo 55.7% del total de votantes se conformó por mujeres. Además, en ese mismo periodo 55.8% de las mujeres participaron como funcionarias de casilla. El tema que sigue siendo pendiente es que las mujeres puedan ser parte de la toma de decisiones, obtengan liderazgo y ganen espacios donde su voz tenga un peso mayor.

Los cambios culturales que demanda la desaparición de los estereotipos que aún impiden la paridad de género sin necesidad de acciones afirmativas tardarán en llegar. Mientras tanto, es fundamental que los resultados de estos esfuerzos se comuniquen. Otros efectos harán su trabajo por sí solos: cada vez más mujeres ganan liderazgo dentro de la política y es cada vez más común ver candidaturas de mujeres a la cabeza de un proyecto político competitivo. Sin duda, su ejemplo y experiencia serán un motor que alimente la generación de nuevos y necesarios cuadros femeninos en la política.