20 días para el Sistema Anticorrupción en Jalisco

En las últimas semanas y particularmente el día de hoy, en el Palacio de Gobierno y en un Foro convocado por cúpulas empresariales, se discutirá de manera intensa el contenido del Sistema Estatal Anticorrupción.

Hablar sobre el Sistema Anticorrupción suele ser un tema árido por su nivel de tecnicidad, pero también es un asunto cercano y apremiante. Como muestra, los escándalos de corrupción que se multiplican en la prensa: llevamos casi 10 años desde que se publicaron los excesos y gastos injustificados del Auditor Superior de Jalisco y están por cumplirse 3 desde que el Presidente fue señalado por actos corruptos, también junto a su cercano círculo de amigos y gobernadores, muchos ahora prófugos o presos.

México forma parte de la mitad de los países del mundo más corrupta según varios índices como el de Transparencia Internacional, el World Justice Project o el Foro Económico Mundial. Asumimos esta condición de manera natural a tal grado que, como escribió Juan Pardinas, Director del Instituto Mexicano para la Competitividad, “vivimos en una democracia donde la política sirve para hacer dinero y el dinero sirve para hacer política”.

La severa crisis en la que nos encontramos obligó al Congreso de la Unión hace dos años a reformar la Constitución para crear un Sistema Nacional Anticorrupción. Al hacerlo, se obligó también a generar dos nuevas leyes y a aprobar reformas a otras cinco.

Con la nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción todos los estados tuvieron un año para adecuarse a la legislación federal y este plazo está por concluir el 18 de julio. Los próximos días escucharemos con más frecuencia hablar de un Comité Coordinador el Sistema Local Anticorrupción, un Comité de Participación Ciudadana, nuevos delitos en el código penal, una Fiscalía anticorrupción o un Tribunal de Justicia Administrativa.

Así, aisladas las piezas del sistema pareciera tratarse de un entramado complejo del que es mejor alejarse. Sin embargo, lo que es importante tener en cuenta, y así lo conversaba conmigo el Dr. Jesús Ibarra, académico del ITESO, son realmente los elementos del sistema: conocer que este controla, fiscaliza, investiga y sanciona. El combate a la corrupción, entendido en estas etapas, nos ayuda a identificar mejor cómo deberán articularse y qué roles jugarán los nuevos órganos y los órganos ya conocidos, pero con nuevas atribuciones.

El objetivo es muy claro: seguirle la pista a cómo se gestionan los recursos públicos. Primero, en las fases de control y fiscalización, que son como lo explicaba el Dr. Ibarra, fases preventivas donde pueden evitarse problemas, y que le corresponden a órganos como la Contraloría o la Auditoría; después, en la investigación, cuando ya hay un hecho de corrupción, pero dado que es un hecho velado y suele ser difícil de comprobar, demandará un trabajo arduo de la Fiscalía; por último, para completar el proceso, tendría que existir una sanción, que de la mano con un código penal que tipifique los tipos de delitos de corrupción, podrán determinarla los jueces o incluso el Tribunal Administrativo.

El combate a la corrupción no es una estrategia que solo busca sancionar, es tal vez el único camino para redignificar el quehacer político y permitirnos volver a creer en la democracia. Es un cambio cultural importante porque la corrupción está enquistada no solo en la vida de gobernantes sino también en la de muchísimos ciudadanos. Mecanismos fuertes y visibles podrían, apenas como un primer paso, empujarnos a dejar de ver normales las prácticas corruptas o la impunidad que acostumbran disfrutar los corruptos, y a desprendernos de una vez por todas de la creencia de que el que no transa no avanza.

Durante las próximas tres semanas los legisladores de Jalisco discutirán el contenido de las 7 leyes que darán forma al Sistema Anticorrupción en Jalisco, para las cuales existen ya más de 30 iniciativas diferentes de todos los partidos políticos. Hay también trabajo importante realizado por expertos en la materia y miembros de la sociedad civil que han participado como integrantes de la Comisión Interinstitucional para la implementación del Sistema en el estado. Todas estas observaciones deberán ser tomadas en cuenta para la elaboración de dictámenes, y posteriormente en el proceso de designaciones.

Es nuestro deber observar de cerca las discusiones y seguir defendiendo la buena implementación del sistema, particularmente la autonomía de los órganos de control, fiscalización e investigación. La corrupción se realiza siempre gracias a una red de complicidades, por ello el punto de partida es asegurar que nadie le deba su puesto a nadie. Suena utópico pero no imposible, no al menos si evitamos mantenernos al margen los próximos meses.