Un real y merecido defensor

En Jalisco reconocemos la grave situación de derechos humanos. Ahora que está por renovarse la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hemos visto y escuchado con mayor frecuencia cifras que nos hacen ver la gravedad de la situación: en Jalisco hay al menos 2,744 desaparecidos, 132 mujeres asesinadas en un año solo por ser mujeres, autoridades que torturan, discriminación y segregación cotidiana a las minorías. La situación sí es grave, por eso se necesita un organismo eficiente, congruente y comprometido, que señale y sancione esos hechos para que las víctimas reciban justicia y, al reducir la impunidad, se reduzca también el número de violaciones.

A punto de terminar su periodo, el ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián presentó esta semana un libro que recupera su lado de la historia. Habla de “logros” como que el organismo ahora tenga a más personas con grado de maestría y doctorado; o que durante su periodo se generaron sanciones a 302 funcionarios, aunque más adelante menciona también como logro el incremento de quejas recabadas, de 29 mil a 116 mil (302 sanciones parecen entonces irrisorias). Enrique Toussaint describía el paralelismo del discurso grandilocuente de Álvarez Cibrián, quien “decide no ver la realidad y prefiere agazaparse en indicadores burocráticos de desempeño”.

Entre hoy y mañana los diputados votarán a quien vaya a suplir al actual ombudsman, un proceso de designación que ha sido sumamente observado porque muchos todavía imaginamos posible un liderazgo con la capacidad de regresarle confianza y credibilidad al organismo. Distintos grupos de la sociedad civil ya han puesto frente a los diputados las herramientas necesarias para tomar una decisión: descripciones del perfil ideal, recomendaciones de cómo valorarlo y hasta observaciones y evaluaciones rigurosas a cada postulante.

La convocatoria lanzada por el Congreso se limitó a enlistar los requisitos de elegibilidad presentes en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos: mexicano, que resida en Jalisco, de 35 años o más, que no haya ocupado un cargo público en los últimos dos años, o dirigido una agrupación política en los últimos cinco… Se trata de controles negativos porque básicamente ayudan a identificar quién no puede ocupar el cargo. ¿Pero cómo saber quién sí? La convocatoria habla de alguien con conocimientos en derechos humanos y con “reconocida probidad, honestidad y capacidad”.

Según cuatro organizaciones entre las que se encuentra el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo en Jalisco (Cepad), que a mediados de este mes publicaron un perfil ideal para el cargo, la honestidad, la integridad, o la probidad no son condiciones que puedan ser acreditadas mediante una certificación o declaraciones de terceros. Evaluar los perfiles y comprobar la ausencia de cuestionamientos éticos es una labor en la que puede participar la sociedad jalisciense, y es un insumo muy importante para que los diputados puedan seleccionar al mejor perfil.

Wikipolítica Jalisco elaboró metódicamente tres instrumentos para evaluar los currículums de los postulantes, sus planes de trabajo y su desempeño durante la comparecencia en el Congreso. Invitó a los 29 candidatos a someterse al ejercicio de observación y 15 accedieron y compartieron su documentación. Invitó también a voluntarios a evaluar, y aunque recibió 60 solicitudes, para asegurar la imparcialidad dio pie a que se integraran como observadores y escrutadores los 33 que mostraron conocimiento e independencia.

Los resultados fueron publicados ayer y lejos de presentarse en un ranking para identificar al mejor y peor evaluado ayudan a ver las fortalezas y debilidades por lo menos de la mitad de los aspirantes: hay perfiles muy hábiles en la exposición oral, pero con un currículum poco sólido, hay perfiles con un gran plan de trabajo, pero sin el mejor currículum.

Este ejercicio se suma a las declaraciones, recomendaciones, análisis y entrevistas ya publicadas. Decenas de documentos e información seria que toma en cuenta lo que los ciudadanos comunes, analistas políticos y expertos en derecho opinan sobre los candidatos. Hoy se redobla la insistencia a los 39 diputados para que lleguen a un acuerdo valiente en beneficio de todos los jaliscienses. Los costos de la soberbia podrían cobrarse con más violaciones impunes a los derechos humanos y una caída dramática a la esperanza de tener, después de una década, un real y merecido defensor o defensora de los jaliscienses.

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