La cantidad de reportajes y columnas escritas sobre la inseguridad en México y la denominada “guerra contra la delincuencia” es solo equiparable tal vez, con el número de víctimas relacionadas con ella.

La política de seguridad durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón causó — y lo sigue haciendo — una gran división entre personas que defendían y promovían la actuación firme y contundente del Gobierno y aquellas que en pro de la paz y la tranquilidad, preferían una autoridad ciega, sorda y muda sobre lo que sucedía.

Campañas fueron y vinieron gritando a los cielos desde “abrazos, no balazos”, hasta “negociemos con los narcos”, sin embargo; el análisis de un tema tan complejo va más de las convicciones personales a la esfera de la seguridad y el desarrollo continental.

Resultan angustiantes las cifras de la violencia. El número oficial es de 70,000 personas acaecidas en 6 años de las cuales se aseguró que un 80% tenía vínculo con la delincuencia organizada. Diferentes asociaciones civiles afirman que fueron alrededor de 340,000 personas afectadas de manera indirecta, entre heridos y familiares de los 101,000 muertos; en promedio 46 asesinatos por día. Lo único comparable con esto, son los 100,000 muertos de la guerra de los Balcanes y los 114,000 de la guerra de Irak.

Y las preguntas correctas no son ¿por qué tanta violencia? o ¿por qué el enfrentamiento por parte de la autoridad? Sino ¿por qué tantas personas se involucraron con este ilícito? Y ¿cómo cortar su participación desde la raíz?

La respuesta resulta sencilla al analizar la economía y los márgenes de utilidad del narcotráfico. De acuerdo con un centro de investigaciones en México, es la marihuana la que genera flujo de efectivo para las organizaciones delincuenciales y el principal producto de exportación. Un cigarrillo tiene un precio aproximado en las calles mexicanas de 1.50 USD y en los Estados Unidos de 5.00 USD (233% de margen). Un kilo del mismo producto, cuesta 80 USD dentro de México y 2,000 USD en la Unión Americana, asegurando con su tráfico una ganancia del 2400%. El kilogramo de cocaína tiene un precio de 2,300 USD en Colombia, de 15,000 en la frontera norte de México, de 25,000 en la frontera sur de Estados Unidos y llega hasta los 32,000 USD en las calles de Manhattan o de Seattle. El margen de utilidad de Colombia a Manhattan es de 1290%, ridículamente mayor que el de cualquier farmacéutica.

Después de los números, queda claro que el valor agregado, es cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. El gran negocio, es construir una red integrada verticalmente que vaya desde la producción, el transporte, la distribución y la venta al menudeo en el país de las barras y las estrellas.

La solución no se vislumbra en el corto plazo. El Gobierno Mexicano, se ha puesto el objetivo de crear la Gendarmería Nacional, un instrumento policiaco inspirado en la policía nacional colombiana que permitiría contar con por lo menos 40,000 miembros preparados y capacitados para el trato directo con la ciudadanía y el enfrentamiento con grupos delincuenciales, sin embargo; esta solución técnica, no atiende el problema de fondo, ni toca lo que se evidenció en el sexenio de Calderón: la fuerza de los vínculos entre traficantes, sociedad y autoridades.

Con márgenes de utilidad que ya los deseara Procter & Gamble o Bayer, resulta irresistible para miles de personas ingresar a las estructuras locales del narcotráfico, al punto de convertirse en un tema aspiracional y cultural. Es precisamente esto (y el innegable consumo norteamericano) la raíz real del problema, ¿cómo combatir con fusiles y municiones una cultura en formación? ¿cómo evitar que los jóvenes encaucen su natural rebeldía a formar parte de las filas de los cárteles? ¿cómo decirle que no lo haga a una persona que recibe de sueldo 147 USD mensuales — si tiene empleo — cuando el narcotráfico le ofrece 147 USD por día… más reconocimiento y poder? En las provincias del norte, los niños de primaria juegan en el receso a que son capos y jefes del narcotráfico, las señoritas adolescentes dicen “primero muerta que pobre” y los adultos dicen preferir vivir dos años como reyes que veinte en la miseria … Así de claro, así de duro, así de complejo.

Entonces, ¿cuáles son las alternativas? El combate directo ha demostrado ser ineficiente y costoso. El bloqueo de las finanzas y el dinero proveniente de sus actividades representaría un golpe directo al PIB de alrededor del 3%. El encarcelamiento ha demostrado que los reclusos no se rehabilitan sino que potencializan sus capacidades delictivas. Poco de lo anterior ha funcionado.

La legalización de algunas drogas pareciera una alternativa. Dejaría en las fuerzas liberales del mercado el precio, forzándolo a demanda y oferta, reduciendo el atractivo (y el flujo de efectivo) del negocio. Las adicciones se tratarían como un problema de salud y los productores pasarían a convertirse en simples agricultores. Sin embargo; la legalización puede ser demasiado costosa en términos sociales en un país con un nivel educativo tan bajo y un sistema de salud público, prácticamente al bordo de la quiebra.

Parece ser que la única opción entonces, es la del “largo y sinuoso camino”. La de recuperar metro a metro, plaza a plaza, persona a persona, el territorio perdido con los grupos delincuenciales y para lograrlo deben venir reformas fundamentales en el sistema de seguridad y justicia –el 40% de la población tiene nula confianza en la policía y cerca del 50% de los delitos no son denunciados porque se considera una pérdida de tiempo- y sobre todo, en las políticas de desarrollo social y humano para que sea el Estado y no los grupos armados los que ofrezcan mejores oportunidades de vida, vivienda, salud y educación.

Está claro que el problema se focaliza en México por el consumo norteamericano, sin embargo; resulta innegable que situaciones similares, suceden en casi toda América Latina, reforzando lo que dicen los clásicos: “mientras Estados Unidos pone los clientes y se queda con las utilidades, Latinoamérica sigue poniendo las muertes y la violencia”.