El viejo riesgo presente
El 30 de mayo de 2013, el Ejército Popular Revolucionario publicó un comunicado, que entre otras cosas, hacía énfasis en que “la lucha del magisterio democrático en el plano nacional es parte del conjunto de la lucha que emprende el pueblo trabajador en defensa de sus derechos y la legítima exigencia de solución a las demandas escamoteadas por el poder burgués”. Hacía referencia, en su momento, a la oposición que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, manifestaba contra la llamada Reforma Educativa. Visto en lo individual, representaba un posicionamiento coyuntural; visto en conjunto, abonaba a una serie de comunicados de la guerrilla que debían tomarse en cuenta dado su nivel de beligerancia, la creciente frecuencia de sus publicaciones, y sobre todo, la convocatoria que pretendían difundir.
“Porque la lucha es de todos; porque los presos, los asesinados y los desaparecidos son los hijos del pueblo; porque los reprimidos -por la policía federal y los cuerpos especiales estatales- también son pueblo” rezaba otro comunicado del EPR, fechado el 8 de noviembre de 2012.
Entre 2012 y 2013, se publicaron 27 comunicados, dirigidos a sindicatos, organizaciones de derechos humanos, periodistas, madres, familiares de desaparecidos y comunidades afectadas por la guerra contra el narcotráfico. El 1 de diciembre de 2012 cuadros preparados en la provocación y la violencia se mezclaron con los que protestaban contra la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. La guerrilla, y específicamente el EPR, tiene en marcha la consolidación de un frente de masas. Desde el 28 de junio de 1996, cuando aparecieron en Coyuca de Benítez, Guerrero, dando a conocer el ‘Manifiesto de Aguas Blancas’, han buscado las condiciones necesarias para la insurrección en la región, de modo similar a las que en 1994 favorecieron el alzamiento zapatista, y que casi se dan en 2005 con el conflicto magisterial en Oaxaca.
Si bien este frente de masas no es visible en el plano general de la situación de la república, bien vale el esfuerzo poner atención a los mensajes que sigue mandando la guerrilla. No son un grupo estático que permanezca a la espera de sucesos coyunturales para manifestar una posición, sino que, a pesar de su bajo perfil, mantienen actividad constante para fortalecer sus lazos con otras organizaciones. No olvidemos que líderes guerrilleros como Héctor Heladio Hernández Castillo o Tiburcio Cruz Sánchez eran normalistas educados en Michacán, y cuando se sucitó la represión contra los normalistas en casas de estudiantes en ese estado, el EPR no dudó en manifestarse en contra. En Oaxaca, el año pasado, pasó casi desapercibido para los medios el secuestro de los sobrinos del entonces presidente de la Coparmex, donde el EPR se deslindó de llamarlo secuestro, utilizando la palabra ‘retención’, que en el argot guerrillero es la forma de referirse a la privación de la libertad a cambio de un rescate.
Una victoria obtuvieron cuando el 19 de junio de este año, el Poder Judicial de la Federación ordenó a varios mandos de las Fuerzas Armadas y autoridades de procuración de justicia y seguridad pública del país, la ubicación y presentación de dos de sus miembros, desaparecidos desde 2007: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez. Ambos, en palabras del EPR, son simples militantes, pero para órganos de inteligencia del gobienro eran líderes del mismo grupo. Su desaparición fue respondida con la voladura de ductos de Pemex en aquel año. Cuando parecía que la actividad propagandística del EPR estaba en calma, esta decisión del Poder Judicial ayudó a que reviviera la Comisión de Mediación y se retomaran las negocaciones entre el EPR y el gobierno federal.
A esta actividad guerrillera de bajo perfil, sumemos los hechos ocurridos en los últimos días en Guerrero. Ayotzinapa vuelve al ojo público tras conocerse ahora la masacre en Iguala contra normalistas, y poco a poco se va descubriendo la red de complicidad entre el gobierno municipal y la delincuencia organizada. Si bien ahora sabemos que el presidente municipal con licencia de Iguala tiene vínculos con el crimen organizado, y que el grupo criminal de la zona, ‘Guerreros Unidos’ estuvo involucrado en la desaparición y ejecución de los jóvenes normalistas, no debemos dejar de lado el nuevo comunicado del EPR, fechado el 5 de octubre el presente, referente a dichos sucesos. En resumen, en dicho comunicado dudan de la versión que atribuye a narcotraficantes y policías municipales coludidos la muerte de los estudiantes, culpando al Estado de crímenes de lesa humanidad, y asegurando que fueron las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y la Estatal, así como grupos paramilitares, quienes retuvieron a los desaparecidos en bases militares, a semejanza de lo ocurrido en Michoacán.
Si bien no hay claridad suficiente para determinar quién tiene culpa en estos sucesos, el hecho de que la guerrilla empiece a manejar una versión propia sobre los mismos sucesos sólo abona a su movilización de masas. La situación actual en Guerrero debería ponernos a todos en alerta. La posiblidad latente de un fortalecimiento de las condiciones necesarias para un estallido social no es menor. Mal haría el gobierno federal en manejar esta crisis sólo a nivel político, acusando al presidente municipal, y si se da el agravamiento, al gobernador del estado, y atendiendo una investigación sobre la matanza sólo en términos de crimen organizado. Pareciera que esa es la hoja de ruta que se pretende seguir para resolver esta crisis. No se debería dejar de lado la presencia, nuevamente, de la guerrilla, en su estado, en su región. Guerrero no es Michoacán, y el riesgo aquí no es la formación de grupos de autodefensa que incrementen su poder y desafíen al Estado, sino la consolidación de un frente de masas con motivos suficientes para un estallido social. El EPR está vivo, activo, y la ineficacia de las autoridades sólo ayuda a construir una narrativa convincente sobre la necesidad de cambiar las reglas del juego en aquella región. El riesgo existe cuando esta narrativa va acompañada de un llamado a las armas.
