Leyes Torcidas?

Una de las argumentaciones sobre el caso de Julio Guzmán va dirigida a sustentar el desacato a la ley (para el caso, a la LPP 28094 y sus modificatorias o, con mayor precisión, el desacato a las garantías de Democracia Interna) y esta defensa parte de un principio muy interesante: que la ley debe ser justa, legítima y adecuada.

Cierran además el discurso con que estas leyes son torcidas, mafiosas e inconsultas.

Bueno, vayamos al mapa. La LPP de 2003 parte de una serie de debates académicos y políticos, que influyeron en la actitud del Congreso 2001–2006 sobre la necesidad de una regulación apropiada. Ya en 1995 Henry Pease hablaba (en su labor de Congresista) sobre la necesidad de crear una Ley de Partidos Políticos. Pease por su parte ofreció ya en 1999 Electores, partidos y representantes para la discusión. Pedro Planas publicó en el 2000 La Democracia Volátil, y así hay varias fuentes que mencionar.

Y fue el mismo Pease que el 2001 presenta al Congreso el proyecto 168–2001 que sería la base sobre la cual se unirían otras propuestas legislativas que darían lugar a la ahora maltratada LPP 28094.

Esto parece olvidarse. Deliberadamente.

El proyecto de Pease ya recogía la necesidad de velar por la democracia interna. Diez Canseco pedía se garantice un “carácter democrático”.

Es más, en el Congreso 2001–2006 y para la discusión de estos proyectos de ley, participaron activamente instituciones de la sociedad civil como la Asociación Civil Transparencia e IDEA.

No estamos ante una Ley creada por un gobernante ilegítimo, interpuesta para perjudicar o pervertir los cauces democráticos, sino ante una norma madurada en el tiempo y debatida larga y legítimamente en un Congreso democráticamente constituido, por muchas de las mejores voces que en ese momento actuaban en la política y la academia. El campañismo parece querer ocultar estos hechos.

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