Cd. Juárez y Tijuana: una historia de abandono por el Estado

Aram Barra
Jul 23, 2017 · 5 min read

La semana pasada viajé a Ciudad Juárez y a Tijuana, dos grandes ciudades fronterizas en los maravillosos estados de Chihuahua y Baja California, respectivamente. Aunque muy distintas, ambas ciudades comparten una realidad común: un abandono absoluto por parte del Estado a las comunidades que más necesitan de nuestro apoyo.

En Ciudad Juárez, la pobreza y la miseria se suman a años de violencia alimentada por una “guerra contra las drogas” que poco hizo por construir sociedades pacíficas y mucho por generar sentimientos de odio, desconfianza y venganza. Después de un momentáneo espacio de relativa calma, cuando el país entero volcó su mirada a la gran Juárez, todo se vino en picada.

Durante los últimos años, la calidad de vida se ha vuelto a deteriorar y la incidencia de homicidios ha aumentado. Cerca del mercado Cuauhtémoc, en el centro de la ciudad, cientos de personas se inyectan diariamente una mezcla de heroína con metanfetamina a la que llaman speed ball. Ante la desesperanza, algunas de estas personas venden sexo para sobrevivir.

Dentro de endebles estructuras bajo las que los usuarios de drogas se ocultan del intenso rayo del sol, una brisa esperanzadora aparece dos o tres veces por semana: María Elena y Julián del Programa Compañeros estacionan su troca y les ofrecen a los inquilinos botes de plástico para que tiren las jeringas sucias de forma segura. A cambio les ofrecen jeringas nuevas, condones y paquetes con alcohol para esterilizarlas.

Durante los últimos 30 años, Compañeros ha ofrecido servicios gratuitos de reducción de daños, tratamiento y pruebas de VIH y hepatitis a trabajadoras sexuales, usuarios de drogas y personas trans por igual. Les han ayudado a curar sus venas colapsadas y les ofrecen consultas médicas y psicológicas gratuitas. Compañeros no exige abstinencia como lo hacen los servicios de los Centros de Integración Juvenil (CIJ) porque reconocen que hay quienes no pueden o no quieren cumplir con dicha condición. Ellos prefieren acercarse a las personas en su necesidad inmediata actual.

Apenas nos volvemos a subir a la troca, una patrulla detiene a un joven por “posesión de drogas”. Es común que utilicen las jeringas como ‘prueba’ de que son usuarios y con ello, los retengan 32 horas sin imputarles ningún cargo. A los que se oponen les suele tocar sendas golpizas, les siembran droga o les roban la cartera o el celular. A muy pocos (a ocho personas) los envían a un costoso programa denominado Tribunales de Tratamiento de Adicciones (TTA) impulsados durante los últimos años por el gobierno de los Estados Unidos.

En el gran estado de Baja California, en Tijuana, las cosas no son tan distintas. Quizás la principal diferencia es la violencia con la que actúan las policías, quienes pasean encapuchados, en camionetas blancas sin número de placa, cargando armas largas, por la llamada zona norte de la ciudad.

A escasas cuadras de la afamada avenida Revolución, operativos constantes de estas ‘fuerzas del orden’, algunas identificadas con una calavera en el hombro, suben a empujones a un grupo de cuatro muchachos con caras ensangrentadas. Bajo el intenso sol, en la troca de atrás, seis niñas de entre 12 y 16 años esperan sudando con las manos amarradas. Su cara refleja la miseria ante la que el Estado cierra los ojos mientras las abandona a la desesperanza.

Cruzo el portón de una casa blanca a un par de cuadras del operativo. Me recibe un joven nervioso con el pelo recién engominado y una camisa bien planchada. Aunque me dice su nombre, me pide que lo llame Junior, me cuenta que él comenzó a usar marihuana a los 11 años y heroína a los 16, mientras apunta a las marcas en sus brazos.

Hoy Junior lleva casi tres años sin inyectarse drogas y es voluntario en Prevencasa, uno de tres proyectos en la ciudad de Tijuana que, como Programa Compañeros, ofrecen programas de intercambio de jeringas para usuarios de drogas. Al igual que en Ciudad Juárez, la policía utiliza las jeringas como ‘prueba’ de que son usuarios que merecen estar tras las rejas. A esto se reduce la ‘guerra contra las drogas’, una guerra contra los usuarios de drogas.

La principal preocupación de los usuarios, me dice Junior, es no tener identificación, pues sin ella no pueden acceder a los servicios de salud del Estado. Durante un tiempo, hace un par de años, una abogada hizo trabajo voluntario en Prevencasa para ayudarles a algunos usuarios a conseguir identificaciones. Sin embargo, la policía muchas veces se las quitaba y las tiraba a la basura.

En ciudades fronterizas como Juárez y Tijuana poco ha servido el reciente cambio nacional sobre marihuana medicinal. Impotentes ante la corrupción policiaca, muchos inmiscuidos con el crimen organizado, los usuarios de drogas pasan sus días escondidos bajo alguna sombra cuando no encerrados en grupos de 30 en pequeños cuartos de 15 o 20 metros, por periodos de 32 horas, sin ningún cargo imputado.

Además de la poca inversión del Estado en servicios de salud con barreras bajas de entrada –como los programas de reducción de daños que ofrecen Compañeros y Prevencasa, entre otros– los servicios de acogida, los albergues o los programas educativos y de empleo, brillan por su ausencia. Salvo honrosos y contados esfuerzos de respetables servidores públicos, los más pobres son criminalizados, violentados y dejados a su suerte.

Es en las calles de estas ciudades, como en las de cientos de pueblos a lo largo y ancho del país, que se refleja la crudeza que significa la ‘guerra contra las drogas’ en México. Una estrategia de militarización de la seguridad que apunta sus cañones contra los más débiles y deja en absoluta libertad a los más corruptos, comenzando desde los mismos Pinos. Décadas de injusticia han corroído el Estado de derecho, cediendo nuestro país a la ley de la selva.

La estrategia de seguridad de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto lo mismo ha abandonado a las comunidades que a los pocos elementos de policía que en un complicadísimo contexto buscan hacer su trabajo. Con salarios miserables y escasa capacitación, son pocas unidades las que tienen alguna estrategia inteligente frente a la realidad. Aún así, abundan los merolicos que desde las tribunas del Congreso de la Unión proponen continuar la barbarie. Son unos sinvergüenzas a los que poco les importa nuestro país.

Aram Barra
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