#InMemoriam72: a siete años de San Fernando

Aram Barra
Aug 28, 2017 · 4 min read

Entre el 22 y el 23 de agosto de 2010, Los Zetas interceptaron y asesinaron a 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Hoy, a siete años de la masacre, el Estado mexicano aún debe una investigación contundente de los hechos y la reparación a las víctimas. De hecho, de los 72 cuerpos hallados en una bodega abandonada donde se cometió la masacre, al día de hoy aún hay 11 cadáveres sin ser identificados.

Una joven hondureña que estudiaba para maestra fue la última a quien se le devolvió su identidad gracias a la presión que hicieron, durante años, los comités organizados de familias centroamericanas para la firma de un convenio entre el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el gobierno de México.

Apenas hace un mes, la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos (CNDH) hizo público el expediente abierto, derivado de la orden dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la demanda de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) para recalificar los hechos como “violaciones graves” de derechos humanos, y por lo tanto no poder ser reservados.

Lamentablemente, San Fernando no es un caso aislado. De hecho, de acuerdo con Jurimetría e Impunidad Cero, quien comete un homicidio doloso en México tiene el 80% de probabilidad de seguir su vida con normalidad, pues no será detenido ni sentenciado. Si el responsable es un sicario, la impunidad se amplía.

Tan solo en 2014, el 79% de los homicidios quedaron impunes. Esto es, en ese año no se resolvieron cuatro de cada cinco asesinatos. Para colmo de males, nuestro país ha mantenido la misma capacidad de respuesta en la materia desde hace más de 50 años, pues si bien entre 2006 y 2012 el número de homicidios se duplicó, los casos resueltos y condenados se han mantenido estables en un promedio de 4,300 por año.

El acceso a la justicia por parte de los migrantes en tránsito es escasa. Según cifras oficiales, de los 5,824 delitos cometidos entre 2014 y 2016 contra migrantes, solamente se hicieron 49 sentencias. Esto es, el 99% de las agresiones contra migrantes nunca fueron condenadas. Si bien la situación migratoria irregular no debería ser un impedimento para la denuncia, el largo viacrucis de las familias de las víctimas de San Fernando demuestra la poca voluntad por parte del gobierno de México para ofrecer justicia.

Ahí está el caso de la familia del hondureño Wilmer Antonio Núñez Posada, que hoy sigue esperando el cuerpo encontrado en 2010. Si bien el gobierno de México llamó a los familiares una vez identificado el cadáver, el ataúd nunca llegó. Otro ejemplo es el de Mirna del Carmen Solórzano, de El Salvador, quien lleva esperando muestras de confirmación de que el cuerpo que enterró en el 2010 en verdad era el de su hija Glenda Yaneira, en lugar de lo que aparentaba ser un varón.

A siete años de la masacre de San Fernando, la mayoría de los funcionarios coludidos con Los Zetas en las diversas masacres sucedidas desde entonces en el municipio, siguen libres e impunes. En la Suprema Corte aún quedan pendientes de dictamen dos amparos interpuestos por la FJEDD y Artículo 19, respectivamente, ante la decisión de la Procuraduría General de la República de reservar las averiguaciones previas de la masacres de San Fernando y Cadereyta, en 2012.

La impunidad ante los homicidios se vuelve más cruda mientras México está viviendo el año más letal en toda su historia. Como ya adelantó México Evalúa, ante la falta de reacción del Estado para sancionar uno de los delitos más graves y que generan el mayor impacto en una comunidad, la función disuasiva del sistema de justicia ante las conductas violentas parece inexistente.

Uno de los pasos más estratégicos para comenzar a cambiar el rumbo es, como han propuesto varias organizaciones en el marco de la campaña #InstintoDeVida, crear unidades especializadas de investigación de homicidios. Es decir, apostar a mejorar la cooperación interinstitucional para la investigación criminal, poniendo especial atención en los patrones de conducta y la conexión entre varios casos, así como mejorando la judicialización de los casos de homicidio.

El día de hoy varias de las organizaciones mencionadas se presentan en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México para mantener vivo el recuerdo de los 72 migrantes brutalmente asesinados hace siete años y que hoy continúan sin obtener justicia. Porque recordar las muertes de estos 72 migrantes, y cientos de miles de personas más perdidas en la absurda guerra que hoy mantenemos, nos mueve a exigir justicia y demandar sociedades en paz y armonía.

In memoriam ut iustitia habemus pace et concordia.

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Aram Barra

Antevasin. Seguridad ciudadana, justicia, salud pública y drogas. #InstintoDeVida #LatinAmerica

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