Los nuevos retos de la agenda migratoria en Norteamérica

Desde que Donald Trump tomó protesta, los pendientes migratorios han vuelto a emerger como una de las prioridades de la agenda pública. Sin embargo, la respuesta a cuatro mandatos presidenciales del presidente estadounidense han sido aún pobres. México se encuentra hoy ante la necesidad de reformar su política migratoria en sectores clave, respondiendo a distintas partes del fenómeno. Para ello, es importante ver con mayor detalle algunos de los nuevos retos creados por las nuevas políticas en EE.UU.

Como todos recordamos, cinco días después de tomar su puesto, Trump firmó e hizo públicos dos mandatos: Uno referente a la seguridad pública, con el que busca principalmente “retirar alienes” en conflicto con la ley. El segundo, referente a la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley migratoria, con el que pretende indicar su deseo de construir un muro, perseguir y procesar a personas que no estén legalmente en el país.

Dos días después, el Presidente de EE.UU. hizo público un tercer decreto referente a la prevención de entrada al país de terroristas extranjeros, con el que pretende hacer más estricto el acceso al visado de entrada al país, así como eliminar la posibilidad de obtener estatus no-inmigratorio sin una entrevista cara-a-cara. Apenas el lunes de esta semana, el nuevo gobierno del norte hizo público un nuevo decreto en complemento al referente a la entrada de terroristas.

A través de esta nueva directriz de política, la administración Trump suspende los programas de reasentamiento de refugiados por 120 días y prohíbe temporalmente la entrada de ciudadanos de seis países durante 90 días. Además, anuncia el fin del Programa de Refugiados / Libertad Condicional para Menores de Centroamérica (CAM, por sus siglas en inglés), a través del cual los menores de edad de Guatemala, Honduras y El Salvador con un padre residiendo legalmente en EE.UU. y que crucen la frontera ilegalmente pueden solicitar estatus de refugiados o libertad condicional.

Si bien el número total de migrantes que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos se ha reducido a niveles similares a los de principios de la década de 1970, como ha reportado WOLA, los migrantes detenidos en la frontera cada vez más comúnmente son familias y menores de edad sin acompañante provenientes de Centroamérica. La gran parte de estas personas están huyendo de la violencia e inseguridad en sus países, más que estar motivados por la esperanza de oportunidades económicas.

De hecho, según U.S. Customs and Border Protection, de octubre de 2017 a enero de 2017 se detuvieron a 21 mil menores de edad sin acompañante en la frontera norte de México, todos provenientes de Guatemala, Honduras o El Salvador. Para diciembre de 2016 había diez mil quinientas solicitudes para el programa CAM que esta semana Trump anunció eliminaría. Al menos la mitad de esas peticiones solicitaban estatus de refugiado.

La eliminación del programa CAM es sólo un ejemplo de cómo una política puede poner en mayor riesgo el futuro de miles de menores de edad que hoy huyen de amenazas de muerte y violencia en Centroamérica. Sin embargo, existen riesgos de impacto en toda la región y no sólo en México y Centroamérica, como visualizó The Economist la semana pasada. Esto incluye también para quienes viven del otro lado.

Del estimado de 11 millones de inmigrantes indocumentados que hoy viven en Estados Unidos, casi la mitad son originarios de México. Esta comunidad está hoy aterrorizada y, ante eso, las políticas de “ciudad santuario” y la protección consular (con el presupuesto adicional otorgado por el gobierno para ello) son pasos en la dirección correcta. Sin embargo, quedan aún muchas nuevas aristas y obstáculos por vencer.

¿Qué hará México ante el crecimiento número de migrantes que se queden varados en el territorio nacional, incluyendo un importante número de menores de edad? ¿Existen programas para la asimilación de migrantes en las comunidades mexicanas, incluyendo la inserción en el mercado laboral nacional, o serán más “carne de cañón” para la guerra que el gobierno y la derecha quieren mantener en acción? Sin programas dedicados a ello, lo último parece inevitable.

Finalmente, ¿México defenderá la política migratoria de Estados Unidos por sobre nuestro propio interés nacional y calidad moral? Del 2014 al 2016, las detenciones de migrantes en México incrementaron 71%. Este crecimiento de detenciones y deportaciones no ha ido acompañado de inspecciones apropiadas para identificar los casos de petición de asilo legítimo. Como resultado, muchos refugiados están siendo rápidamente deportados a los países mismos de los que habían huido, una calca de la política de EE.UU.

Por último, sobre la migración de mano de obra calificada, debemos pensar cómo aprovechar la coyuntura. Después de años de fuga de cerebros, ¿puede el gobierno cautivar la inteligencia de las nuevas generaciones? Hace apenas dos semanas, el gobierno de Jalisco anunció su interés de atraer talento tecnológico vetado del país del norte. México debe impulsar un programa serio para retornados y migrantes calificados y emprendedores. La mala política migratoria de Trump se debe convertir en un área de oportunidad nacional.

Post Scriptum. La procuraduría mexicana pretende absolverse de violaciones graves en la investigación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Estará el gobierno de Peña Nieto aprovechándose de la distracción mediática sobre la beligerancia de Trump para seguir entorpeciendo la justicia nacional? Ahí la urgencia de tener una nueva fiscalía autónoma, para poder reconstruir nuestro país de la guerra, enalteciendo el estado de derecho.

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