Marihuana legal en Uruguay

Aram Barra
Jul 30, 2017 · 4 min read

Aunque la ley que legalizó la marihuana en Uruguay para todo tipo de uso, se aprobó desde finales de 2013, apenas la semana pasada comenzó la venta legal en las farmacias del país. Ese decir, se puso en marcha la última opción de aprovisionamiento de las tres opciones definidas por el modelo uruguayo: los clubes cannábicos, el autocultivo y el sistema de farmacias.

El despliegue a través de las farmacias locales será todavía lento. Por el momento, sólo 16 farmacias tienen marihuana a la venta, y sólo existen dos variedades con precios controlados por el Estado con el objetivo de enflaquecer el mercado ilícito. El día de hoy, los residentes pueden comprar paquetes sellados de cinco gramos de marihuana por alrededor de 100 pesos mexicanos.

Este cambio legal se da en un momento importante en el mundo. Hace un año, la Asamblea General de la ONU decidió incluir importantes preguntas sobre los resultados del experimento producido por 60 años de prohibición, incluyendo los muchos y evidentes impactos negativos en la economía, el medio ambiente, la paz y la justicia.

Para México resulta evidente que la guerra contra las drogas es una fallida estrategia que en lugar de producir seguridad, deja muertos, desaparecidos y cientos de miles de desplazados de manera forzada. Sin embargo, hace apenas 10 años Felipe Calderón legitimaba su llegada al poder y establecía un “estado de excepción” con la excusa de que “las drogas no lleguen a tus hijos”.

En su momento, la estrategia se recibió con bombo y platillo por la mayoría de la opinión pública en México, incluyendo a los entonces funcionarios encargados de la salud pública. Tan ridícula fue la posición de muchos que todavía en el 2015 (dos años después de aprobada la ley de Uruguay), la administración de Enrique Peña Nieto llevó a Grace Elizalde a las cortes con la intención de negar su acceso a marihuana medicinal.

Visto en esa luz, el movimiento de reforma de política de drogas logró pasos agigantados en muy pocos años. En 1961 el puritanismo prohibía el cannabis –bajo el liderazgo de Harry Anslinger en el gobierno de EU– en las Convenciones de la ONU. Cincuenta y seis años después, el cannabis se vende en las farmacias de varias jurisdicciones de manera completamente legal.

Sin embargo, la lucha está muy lejos de terminar. Por un lado están países como Filipinas y Estados Unidos que el día de hoy proponen re-iniciar una nueva guerra contra las drogas. Por el otro, los titubeos de políticos miedosos a tabúes bien arraigados en sociedades con pavor al placer, como la mexicana. Así como algunos reforman su política de drogas basados en la evidencia, en México seguimos utilizándola como fórmula para la limpieza social. Apenas hace dos semanas me tocó presenciar en Tijuana un número de operativos que completamente fuera del marco de la ley, golpeaban y detenían a usuarios de drogas. Escena que se repite en virtualmente todo el país, desde Tláhuac hasta Acapulco y de Playa del Carmen hasta Ciudad Juárez.

Para nadie es nuevo que algunas organizaciones criminales obtienen miles de millones de dólares por el tráfico de drogas, además de otros delitos, que utilizan para corromper a policías y funcionarios públicos. El infame caso de Javier Duarte es el ejemplo llevado al ridículo. En lugar de impartir justicia y desaparecer una importante parte del ingreso de los delincuentes, el gobierno mexicano se colude sistemáticamente.

Desde la semana pasada, 4,959 uruguayos están registrados para comprar cannabis al Estado a través de las farmacias, 6,948 uruguayos están registrados para cultivar hasta seis plantas de cannabis en flor en sus casas (bajo la condición de que su rendimiento anual no debe superar los 480 gramos) y 63 clubes cannábicos operan legalmente en todo el país.

En México, en cambio, nos acercamos a vivir el año más violento de nuestra historia. Las víctimas son los periodistas que se rehúsan a recibir línea, los policías y funcionarios que no reciben sobornos, los civiles que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. A los familiares no se les da justicia o reparación del daño, se les ofrecen reformas legales para continuar la barbarie de manera indefinida. No sobra preguntar: ¿hasta cuándo?

Aram Barra
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