Ley de aportes al espacio público y la necesidad de adecuar la institucionalidad municipal a los desafíos de la movilidad comunal

por Ariel López y Miguel Olivares

La nueva Ley 20.958 de aportes al espacio público aprobada el 16 de agosto del 2016 cambia el modelo de inversiones privadas en el espacio público que se hacían tradicionalmente a través de los Estudios de Impacto sobre el sistema de transporte urbano (EISTU) pasando a realizarse con Planes de Movilidad Comunal y regional ejecutados y financiados por privados a través de los Informes de Mitigación Vial (IMIV).

La forma actual de la administración municipal está asociada a las funciones requeridas por la ciudadanía y las leyes. La nueva ley cambia el enfoque al integrar el transporte y el espacio público, (áreas paralelas que actualmente no convergen dentro de los municipios) esto obliga a cambiar la forma de llevar adelante esta función administrativa.

En este documento proponemos un kit de herramientas sobre cómo adecuar la actual forma de la administración municipal a lo que se requerirá cuando entre en vigor la Ley de Aportes al espacio público.

Lo que debemos corregir: La incapacidad del enfoque de tránsito para comprender la movilidad | Foto A. López (2017) en calle Santa María con Purisima

1. Motivación: El desafío que impone la nueva “Ley de Aportes al espacio público”

Esta ley modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), sustituyendo los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) con los Informes de mitigación de impacto vial (IMIV) en el marco del Plan Comunal de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público.

La ley establece que los proyectos que conlleven crecimiento urbano por densificación, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 70º LGUC, por medio de un aporte equivalente de hasta un 44% del avalúo fiscal o ceder hasta un 44% de la superficie del terreno a la Municipalidad.

Para esto, los municipios deben elaborar el Plan Comunal de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público, que contendrá una cartera de proyectos, obras y medidas incluidas en los instrumentos de planificación territorial (IPT) existentes o asociadas a éstos, los que deben ser aprobados por el alcalde y el concejo municipal.

Resolver los problemas de transporte a partir de generación de infraestructuras permitió acercar a los que estaban lejos, pero terminó por alejar a todos los que estaban cerca | Foto A. López (2016) en Vespucio Sur.

2. Beneficios a la movilidad que genera la nueva ley

La nueva ley inyecta recursos frescos dedicados a la movilidad comunal, ya que todos los proyectos por densificación deberán aportar dinero hasta por el 44% del avalúo fiscal del terreno, o ceder hasta un 44% del terreno.

Estos aportes al espacio público se deben invertir en la ejecución de las obras y proyectos del Plan de Movilidad comunal. Del dinero aportado, al menos el 70% se debe invertir en movilidad, y el 30% restante en espacio público.

El aporte se paga en dinero al Municipio, previo a la recepción municipal del proyecto inmobiliario. La ley obliga que este dinero se debe mantener en una cuenta especial y separada del resto del presupuesto municipal no pudiendo entrar al fondo común.

El dinero aportado, se podrá ejecutar en:

  1. Ejecución de obras identificadas en los Planes comunales o intercomunales de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público;
  2. Pago de expropiaciones que sean necesarias para la materialización de dichas obras;
  3. Actualización de los planes de inversiones, desarrollo de los instrumentos de planificación que sea necesarios y elaboración de los proyectos de las obras;
  4. Gastos de administración e inspección.

Los municipios que no tengan un Plan Comunal de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público no podrán ejecutar los recursos recaudados por esta ley, hasta tener el Plan de Movilidad aprobado por el alcalde y el concejo municipal.

En cada zona existirán dos Planes de movilidad: uno de carácter comunal, y otro de carácter regional (responsabilidad del Gobierno Regional), en caso de no existir el Plan de Movilidad Comunal, la totalidad de los recursos recaudados por la ley irán al Plan de Movilidad Regional (GORE).

Equidad en el espacio público : El mismo espacio que era utilizado por 4 personas en automóviles ahora es utilizado por 44 personas en calle Bandera | Foto A. López (2017)

3. Cómo adaptar la institucionalidad comunal a los nuevos desafíos de Movilidad

Los nuevos desafíos que impone la Ley 20.958 obliga al municipio a adecuar su estructura institucional para dar respuesta eficientemente a la movilidad comunal.

Para esto se propone que los municipios creen la Dirección de Movilidad Comunal, esto permitirá concentrar, dirigir y coordinar las políticas de movilidad comunal, los planes y proyectos de movilidad y ser el ente ejecutor de la Ley 20.958. A continuación le explicaremos cómo crearla.

3.1 Creación de la Dirección de Movilidad

La ley orgánica constitucional de Municipalidades (LOCM), en su artículo 31 establece la potestad del municipio para crear las unidades que estimen necesarias.

Artículo 31.- La organización interna de la municipalidad, así como las funciones específicas que se asignen a las unidades respectivas, su coordinación o subdivisión, deberán ser reguladas mediante un reglamento municipal dictado por el alcalde, con acuerdo del concejo conforme lo dispone la letra k) del artículo 65.

Asimismo, en este reglamento, las municipalidades podrán crear unidades que estimen necesarias para su funcionamiento, pudiendo asignarle funciones de las unidades designadas en los artículos: 21 (SECPLA), 22 (DIDECO), 23 (Salud), 25 (Ambiente) y 27 (Administración y finanzas) de esta ley, las cuales, en dicho caso, no serán ejercidas por aquellas mientras sean asignadas a la nueva unidad.

Para la creación de dichas unidades será necesario contar con el debido financiamiento municipal y con un informe fundado que justifique su necesidad y acredite su debido financiamiento, elaborado por las unidades de Administración Municipal, la Dirección de Administración y Finanzas y la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA). En este caso, el reglamento deberá ser aprobado por los dos tercios de los concejales en ejercicio, debiendo mediar un plazo de, a lo menos, quince días hábiles entre el conocimiento de éste y su aprobación.

La destinación de un funcionario a una nueva unidad deberá considerar su experiencia laboral, su formación técnica y profesional en relación a la nueva unidad, y no podrá significar detrimento en su grado ni en sus remuneraciones. (LOCM; art. 31)

Aplicar la pirámide invertida de la movilidad: Prioridad a los peatones, ciclistas, transporte público, carga y logística | Foto A. López (2017) en calle Rosas.

3.2 Funciones a transferir a la Dirección de Movilidad

Para dar cumplimiento a los nuevos desafíos que impone la nueva Ley, se sugiere que a la nueva Dirección de Movilidad sea transferida la función “preparar el plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público” que actualmente la LOCM establece como una función de la asesoría urbana, en el artículo 21 letra b.

Artículo 21, letra b) [De la asesoría urbana] Estudiar y elaborar el plan regulador comunal, y mantenerlo actualizado, promoviendo las modificaciones que sean necesarias y preparar el plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y los planos de detalle y planes seccionales, en su caso.(LOCM; art. 21; b)

3.3 Funciones y Procedimientos de la Dirección de Movilidad

En cumplimiento de los nuevos desafíos que impone la Ley de aportes al espacio público, la Dirección de Movilidad tendrá por funciones:

  1. Preparar y diseñar el plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público (LOCM; art. 5; n)
  2. Elaborar a nivel de proyectos el plan comunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, que contendrá una cartera de proyectos, obras y medidas incluidas en los instrumentos de planificación territorial existentes o asociadas a éstos, debidamente priorizadas, para mejorar sus condiciones de conectividad, accesibilidad, operación y movilidad, así como la calidad de sus espacios públicos y la cohesión social y sustentabilidad urbanas. (LGUC; art. 176)
  3. Llevar una relación detallada del: uso, situación y movimiento de todos y cada uno de los aportes recibidos para la ejecución del plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público a que se refiere la LGUC, la asignación de aportes en dinero a obras específicas, las obras ejecutadas, los fondos disponibles en la cuenta especial, la programación de obras para el año siguiente y las medidas de mitigación directa, estudios, proyectos, obras y medidas por concepto de aportes al espacio público recepcionadas y garantizadas y las incluidas en los permisos aprobados, consignando, además, las garantías a que alude el artículo 173 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que obren en su poder y la situación de los fondos obtenidos por el cobro de garantías. (LOCM; art. 67; l)
  4. Ser el ente coordinador de la ventanilla única municipal cuando se ingrese un Informe de mitigación vial (IMIV), con la participación de las direcciones de Obras, Tránsito, Secplan y Asesoría urbana (LGUC; art. 170 y 171)
  5. Suministrar la información del plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público a la oficina de informaciones (LOCM; art. 98; a)
  6. Participar en representación de la Municipalidad, en la elaboración del plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público a nivel regional. (LGUC; art. 177)
  7. Diseñar y planificar las actualizaciones (LGUC; art. 178)

4. Conclusiones

Los desafíos que impone la nueva Ley de aportes al espacio público, y la creciente demanda y sensibilización de la ciudadanía en torno a la movilidad en la ciudad, obliga a los municipios del país a estar a la altura de los requerimientos, adaptando su actual forma administrativa a las nuevas funciones proveniente de la ley de aportes al espacio público, como a los nuevos desafíos de la ciudadanía, esperamos que le sea útil este kit de herramientas de Hágalo Usted mismo para crear las Direcciones de Movilidad en cada comuna.

Los resultados de un enfoque de Movilidad v/s un enfoque de tránsito: (izquierda) calle Bandera accesible | (derecha) en Av. Recoleta las personas con discapacidad deben desplazarse por la calzada porque las veredas les son inaccesibles. | Foto: A. López (2017, 2015)

Anexos

A continuación están disponibles los artículos de las leyes citadas en el análisis.

Ley orgánica constitucional de municipalidades (LOCM) | Artículo 5

Artículo 5º.- Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán las siguientes atribuciones esenciales:

n) Elaborar, aprobar, modificar y materializar los planes de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, y

o) Recaudar, administrar y ejecutar, en una cuenta especial y separada del resto del presupuesto municipal, los aportes al espacio público que se perciban, de conformidad a las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y suscribir los convenios sobre aportes urbanos reembolsables que regula el mismo cuerpo legal.

Ley orgánica constitucional de municipalidades (LOCM) | Artículo 31

Artículo 31.- La organización interna de la municipalidad, así como las funciones específicas que se asignen a las unidades respectivas, su coordinación o subdivisión, deberán ser reguladas mediante un reglamento municipal dictado por el alcalde, con acuerdo del concejo conforme lo dispone la letra k) del artículo 65.

Asimismo, en este reglamento, las municipalidades podrán crear unidades que estimen necesarias para su funcionamiento, pudiendo asignarle funciones de las unidades designadas en los artículos 21, 22, 23, 25 y 27 de esta ley, las cuales, en dicho caso, no serán ejercidas por aquellas mientras sean asignadas a la nueva unidad.

Para la creación de dichas unidades será necesario contar con el debido financiamiento municipal y con un informe fundado que justifique su necesidad y acredite su debido financiamiento, elaborado por las unidades de Administración Municipal, la Dirección de Administración y Finanzas y la Secretaría Comunal de Planificación. En este caso, el reglamento deberá ser aprobado por los dos tercios de los concejales en ejercicio, debiendo mediar un plazo de, a lo menos, quince días hábiles entre el conocimiento de éste y su aprobación.

La destinación de un funcionario a una nueva unidad deberá considerar su experiencia laboral, su formación técnica y profesional en relación a la nueva unidad, y no podrá significar detrimento en su grado ni en sus remuneraciones.

Ley orgánica constitucional de municipalidades (LOCM) | Artículo 65

Artículo 65.- El alcalde requerirá el acuerdo del concejo para:

b) Aprobar el plan regulador comunal, los planes seccionales y sus planos de detalle, el plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y los estudios, proyectos, obras y medidas no incluidos en éstos que sean propuestos por los interesados conforme lo establece el artículo 179 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en su caso, y el proyecto de plan regulador comunal o de plan seccional en los casos a que se refiere la letra k) del artículo 5º;

Ley orgánica constitucional de municipalidades (LOCM) | Artículo 67

Artículo 67.- El alcalde deberá dar cuenta pública al concejo, al consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil y al consejo comunal de seguridad pública, a más tardar en el mes de abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad. Deberán ser invitados también a esta sesión del concejo, las principales organizaciones comunitarias y otras relevantes de la comuna; las autoridades locales, regionales, y los parlamentarios que representen al distrito y la circunscripción a que pertenezca la comuna respectiva.

La cuenta pública se efectuará mediante informe escrito, el cual deberá hacer referencia a lo menos a los siguientes contenidos:

l) Una relación detallada del uso, situación y movimiento de todos y cada uno de los aportes recibidos para la ejecución del plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público a que se refiere la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la asignación de aportes en dinero a obras específicas, las obras ejecutadas, los fondos disponibles en la cuenta especial, la programación de obras para el año siguiente y las medidas de mitigación directa, estudios, proyectos, obras y medidas por concepto de aportes al espacio público recepcionadas y garantizadas y las incluidas en los permisos aprobados, consignando, además, las garantías a que alude el artículo 173 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que obren en su poder y la situación de los fondos obtenidos por el cobro de garantías.

Ley orgánica constitucional de municipalidades (LOCM) | Artículo 98

Artículo 98.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, cada municipalidad deberá habilitar y mantener en funcionamiento una oficina de informaciones, reclamos y sugerencias abierta a la comunidad. La ordenanza de participación establecerá un procedimiento público para el tratamiento de las presentaciones o reclamos, como asimismo los plazos en que el municipio deberá dar respuesta a ellos, los que, en ningún caso, serán superiores a treinta días, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la ley Nº 19.880.

La información y documentos municipales son públicos. En dicha oficina deberán estar disponibles, para quien los solicite, a lo menos los siguientes antecedentes:

a) El plan comunal de desarrollo, el presupuesto municipal, el plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, en su caso, y el plan regulador comunal con sus correspondientes seccionales, incluyendo sus respectivos planos de detalle, y las políticas específicas.

Ley general de urbanismo y construcciones (LGUC) | Artículo 170

Artículo 170.- Los proyectos que conlleven crecimiento urbano por extensión o por densificación y ocasionen impactos relevantes sobre la movilidad local deberán ser mitigados a través de la ejecución de medidas relacionadas con la gestión e infraestructura del transporte público y privado y los modos no motorizados, y sus servicios conexos, en el entendido que esto incluye soluciones como las siguientes: pistas exclusivas para buses, terminales, paraderos, semaforización, señalización, habilitación de ciclovías y mejoramientos o adecuaciones a la vialidad.

Estas medidas de mitigación considerarán los impactos del proyecto sobre el sistema de movilidad local, dentro de su área de influencia, y propenderán a que, tras su puesta en operación, aquél mantenga sus estándares de servicio en un nivel semejante al existente, considerando las características de la zona en que se emplaza y resguardando la circulación segura de peatones y medios de transporte, las condiciones de accesibilidad del proyecto, su interacción con el sistema de movilidad y su inserción armónica con el entorno urbano.

El área de influencia se definirá a partir de la dispersión de los flujos vehiculares o peatonales inducidos por el proyecto en la vialidad circundante, considerada desde los accesos y, como máximo, hasta la octava intersección. Para este efecto, se considerarán todas las intersecciones, salvo aquellas que incluyan calles sin salida, pasajes o calles peatonales. Excepcionalmente, el área podrá extenderse hasta la duodécima intersección tratándose de dos o más proyectos cercanos en su localización que presenten, en forma conjunta, un informe de mitigación de impacto vial (en adelante “informe de mitigación”), o de proyectos individuales que induzcan mil o más viajes en transporte privado o tres mil o más viajes totales por hora, al menos en un período del día.

En el caso de los proyectos de loteos, se considerará un área de influencia comprendida desde los accesos y, como máximo, hasta la vigésima intersección en que se realiza una dispersión del flujo vehicular o peatonal, conforme lo establezca el reglamento a que se refiere el inciso segundo del artículo 171. Para este efecto, se considerarán todas las intersecciones, salvo aquellas que incluyan calles sin salida, pasajes o calles peatonales.

Los flujos vehiculares y peatonales inducidos por el proyecto corresponderán al total de viajes en transporte privado y público, como también en modos no motorizados, como bicicleta y caminata, todos ellos obtenidos a partir de las tasas de generación o atracción de viajes que mejor reflejen la actividad, ubicación, período de mayor intensidad y temporalidad del proyecto, para lo cual el reglamento especificará los parámetros y mantendrá actualizado sus valores de acuerdo a lo que determine el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

La estimación de los flujos vehiculares y peatonales inducidos por el proyecto, en los términos indicados anteriormente, será implementada en un sistema electrónico que establecerán para este efecto los ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones.

Ley general de urbanismo y construcciones (LGUC) | Artículo 171

Artículo 171.- Todos los proyectos que generen crecimiento urbano por extensión o por densificación deberán registrar la información que el reglamento determine en el sistema electrónico especificado en el artículo 170. A través de este sistema, la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones indicará si el titular debe elaborar un informe de mitigación. En caso afirmativo, éste se presentará y tramitará, a través del mismo sistema, ante la autoridad que corresponda conforme al inciso siguiente.

El informe de mitigación se elaborará y evaluará conforme al procedimiento y a la metodología que fije el reglamento expedido por decreto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, suscrito por el Ministro de Vivienda y Urbanismo, y aplicará los principios de celeridad, economía procedimental y no formalización. Atendiendo a las características y al impacto que pueda producir el proyecto en el área de influencia, el reglamento:

a) Establecerá categorías diferenciadas de informes en función de los flujos vehiculares y peatonales inducidos por el proyecto, y, fundadamente, podrá reducir, para una o todas las categorías, los plazos máximos contemplados en el artículo 172.

b) Fijará las condiciones para que dos o más proyectos que sean cercanos en su localización puedan realizar un informe de mitigación conjunto, a propuesta de los interesados o de la autoridad respectiva.

c) Determinará en qué categorías los informes podrán ser confeccionados por los proyectistas, y deberán ser presentados, a través del sistema electrónico, ante la unidad municipal encargada de la función de tránsito y transporte públicos (en adelante, Dirección de Tránsito y Transporte Públicos Municipal), a través del mismo sistema, ante la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, y elaborados por un consultor inscrito en el registro que, para estos efectos, llevará la Subsecretaría de Transportes.

d) Definirá los proyectos en los que no se requerirá elaborar informes de mitigación por no producir alteraciones significativas en el estándar de servicio del sistema de movilidad local.

e) Detallará el contenido del informe de mitigación del proyecto, que deberá incluir sus características y área de influencia y la justificación de las medidas de mitigación propuestas, representadas gráficamente, todo ello de conformidad a la metodología definida por el reglamento.

Las medidas propuestas en el informe, en conjunto con la ejecución de las consideradas en el plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, deberán mitigar los efectos del proyecto sobre el sistema de movilidad dentro del área de influencia para que sus estándares de servicio tengan un nivel semejante al existente, de acuerdo a las características de la zona en que se inserta. El proyecto no podrá recepcionarse si no se han materializado las obras del plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público cuya ejecución hubiere previsto el informe.

Ley general de urbanismo y construcciones (LGUC) | Artículo 176

Artículo 176.- Cada municipio elaborará un plan comunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, que contendrá una cartera de proyectos, obras y medidas incluidas en los instrumentos de planificación territorial existentes o asociadas a éstos, debidamente priorizadas, para mejorar sus condiciones de conectividad, accesibilidad, operación y movilidad, así como la calidad de sus espacios públicos y la cohesión social y sustentabilidad urbanas. Para estos efectos, el municipio contará con la asistencia técnica de las secretarías regionales ministeriales de Vivienda y Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones, y del Programa de Vialidad y Transporte Urbano del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. El plan deberá someterse a la aprobación del concejo municipal respectivo. Una vez aprobado, será promulgado por el alcalde, quien remitirá copia al gobierno regional.

Las municipalidades podrán solicitar al gobierno regional la elaboración de estos planes o también incluirlos en la formulación o actualización del plan comunal de desarrollo a que se refiere el artículo 6 de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.

Ley general de urbanismo y construcciones (LGUC) | Artículo 177

Artículo 177.- En las áreas metropolitanas o que estén incluidas en un plan regulador metropolitano o intercomunal las secretarías regionales ministeriales de Vivienda y Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones, con consulta a las municipalidades respectivas, elaborarán un proyecto de plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, análogo al previsto en el artículo precedente, pero que contendrá proyectos, obras y medidas incluidas en los instrumentos de planificación de nivel intercomunal o asociadas a éstos. El intendente someterá este proyecto a la aprobación de los alcaldes de las comunas incluidas en el área correspondiente. Obtenida la conformidad de la mayoría absoluta de aquellos, el plan será presentado al consejo regional y promulgado por el intendente luego de su aprobación, remitiendo copia a las municipalidades respectivas.

Ley general de urbanismo y construcciones (LGUC) | Artículo 178

Artículo 178.- Los planes comunales e intercomunales de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público deberán actualizarse periódicamente en un plazo no mayor a diez años, y cada vez que se apruebe un nuevo instrumento de planificación comunal o intercomunal, siguiendo el mismo procedimiento señalado en los artículos precedentes.

Ley general de urbanismo y construcciones (LGUC) | Artículo 179

Artículo 179.- Los aportes deberán pagarse en dinero, en forma previa a la recepción municipal del proyecto. Tratándose de cambios de destino o modificaciones o ampliaciones del giro de la patente comercial de una propiedad, los aportes deberán pagarse antes del otorgamiento de la autorización respectiva.

Alternativamente, el interesado podrá solicitar que el aporte se materialice a través de la ejecución de estudios de prefactibilidad, proyectos de ingeniería y/o de arquitectura, medidas operacionales para el transporte público o privado y los modos no motorizados, obras de infraestructura pública u otras medidas, con tal que lo propuesto esté incluido en el plan comunal o intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público. También podrán proponerse estudios, proyectos, obras y medidas que no estén considerados en estos planes, pero que sean coherentes con ellos, siempre que no correspondan a mitigaciones directas que deba ejecutar el proyecto. En tal caso, el alcalde deberá someterlos a la aprobación del concejo municipal, y requerirá previamente de un informe favorable de las secretarías regionales ministeriales de Vivienda y Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones cuando se trate de estudios, proyectos, obras y medidas de nivel intercomunal.

La solicitud deberá presentarse a través del sistema electrónico especificado en el artículo 170, se podrá tramitar en conjunto con el informe de mitigación, e incluirá un presupuesto detallado del costo de ejecución, en los términos que establezca el reglamento a que se refiere el inciso segundo del artículo 171. La municipalidad deberá aprobar, rechazar u observar la solicitud, previa consulta a los demás órganos competentes, aplicándose los mismos plazos que señala el artículo 172, incluidas las posibles prórrogas. Tratándose de estudios, proyectos, obras y medidas incluidos en los planes intercomunales, la aprobación requerirá del informe favorable de las secretarías regionales ministeriales de Vivienda y Urbanismo y de Transportes y Telecomunicaciones. Una vez vencidos los plazos o sus prórrogas sin pronunciamiento municipal, regirá lo contemplado en el artículo 64 de la ley N° 19.880. Se aplicará a las solicitudes y a las resoluciones finales que recaigan sobre ellas lo dispuesto en el artículo 174 de esta ley, correspondiendo a la municipalidad mantener esta información actualizada.

Aprobada la solicitud y su presupuesto, la municipalidad y el interesado no podrán reclamar posteriormente un aporte adicional o un reembolso del aporte alegando que la obra tuvo un costo inferior o superior al valor que se debía pagar.

Los estudios, proyectos, obras y medidas que se materialicen de acuerdo a los tres incisos anteriores deberán ejecutarse en forma previa a la recepción municipal del proyecto a que corresponden los aportes pertinentes, aplicándose lo dispuesto en el artículo 173 de esta ley.

Ley 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado | Artículo 65

Artículo 65. Silencio Negativo. Se entenderá rechazada una solicitud que no sea resuelta dentro del plazo legal cuando ella afecte el patrimonio fiscal. Lo mismo se aplicará en los casos en que la Administración actúe de oficio, cuando deba pronunciarse sobre impugnaciones o revisiones de actos administrativos o cuando se ejercite por parte de alguna persona el derecho de petición consagrado en el numeral 14 del artículo 19 de la Constitución Política.

En los casos del inciso precedente, el interesado podrá pedir que se certifique que su solicitud no ha sido resuelta dentro de plazo legal. El certificado se otorgará sin más trámite, entendiéndose que desde la fecha en que ha sido expedido empiezan a correr los plazos para interponer los recursos que procedan.

Ley general de urbanismo y construcciones (LGUC) | Artículo 180

Artículo 180.- Los aportes serán recaudados por el municipio respectivo, que deberá mantenerlos en una cuenta especial y separada del resto del presupuesto municipal.

Los aportes estarán destinados única y exclusivamente a los siguientes fines:

a) Ejecución de obras identificadas en los planes comunales e intercomunales de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, incluida la construcción de las nuevas áreas verdes o espacios públicos allí indicados.

b) Pago de expropiaciones que sean necesarias para la materialización de dichas obras.

c) Actualización de los planes de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, desarrollo de los instrumentos de planificación que sean necesarios para su ejecución y elaboración de los proyectos de las obras.

d) Gastos de administración e inspección, incluidos aquellos en personal, hasta por el 10% de los fondos recaudados.

Al menos el 70% de los aportes percibidos, deducidos los gastos de administración, deberán ser invertidos en movilidad. La municipalidad determinará la parte del remanente que será destinado a la inversión en otros espacios públicos.

En las comunas en que exista un plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público, al menos el 40% de los aportes recaudados anualmente deberá destinarse a la ejecución de obras incluidas en dicho plan intercomunal. Para estos efectos, la municipalidad deberá ejecutar esas obras directamente o transferir los recursos a alguna de las entidades competentes para ejecutarlas mediante un convenio mandato. En este último caso, la entidad receptora sólo podrá emplear los recursos en los fines señalados en este artículo.

Por resolución de la secretaría regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, y previa solicitud de la municipalidad interesada, el porcentaje establecido en el inciso precedente podrá ser modificado para la ejecución de obras determinadas, considerando la priorización contemplada en el plan.