Propuesta a un Impuesto Sobre la Renta (ISR) gradual en las personas físicas.

El artículo 31 Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de la Federación, del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

De dicho precepto constitucional se desprenden los denominados principios de justicia fiscal o tributaria a los cuales se deben ceñir todas las contribuciones, tales como los de generalidad, obligatoriedad, destino al gasto público, proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria.

Ahora bien, en relación con el principio de proporcionalidad tributaria, dicho principio radica en que las contribuciones deben impactar a cada persona en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, de tal manera que los contribuyentes que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado en la tesis de rubro “PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL.” que el principio de proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, lo que significa que los tributos deben establecerse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos ingresos. De esta forma, nuestro más Alto Tribunal ha considerado que la proporcionalidad tributaria se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes, la cual debe ser gravada en forma diferenciada, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino también en lo que se refiere al mayor o menor sacrificio.

Por lo tanto consideramos que la carga fiscal no debe fijarse solamente en función de la capacidad económica de los contribuyentes, sino en función de su capacidad contributiva, pues ésta debe incidir únicamente sobre una porción razonable de su ingreso, utilidad o rendimiento, a fin de que el tributo no se vuelva confiscatorio.

Ahora bien para la existencia de un impuesto que cumple con generalidad, equidad, proporcionalidad y legalidad además es indispensable señale al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y momento de pago.

Para efectos de nuestro artículo haremos énfasis en la proporcionalidad y equidad que guarda la aplicación del tercer elemento: “tasa o tarifa”, en el cálculo de nuestras contribuciones.

El Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, denominado “De las Personas Físicas”, prevé un régimen cedular conforme al cual las personas físicas se encuentran obligadas a determinar sus ingresos sujetos al pago de impuestos conforme a las reglas específicas que prevé cada Capítulo en función del tipo de ingreso que perciba el contribuyente: en bienes, servicios, crédito, por actividades empresariales o profesionales, dividendos, intereses, arrendamiento, etc.

A la base de cualquiera de estos ingresos le es aplicable una tarifa mensual y anual. Ha sido una deficiencia legal la aplicación de la misma, pues por costumbre se ha dado su aplicación sin que ni en su artículo 96 o 152 o cualquier otro se señale el procedimiento de su aplicación.

El tema medular que interesa al presente artículo es el análisis del resultado de aplicar dicha tarifa a los ingresos del contribuyente, para lo cual es necesario entender que es la progresividad equitativa. Por tal concepto podemos entender la aplicación de una tasa igual a ingresos iguales, y la aplicación desigual a los desiguales. Para ejemplificar lo anterior, transcribimos a continuación la tarifa mensual del impuesto sobre la renta aplicable a las personas físicas para el pago del impuesto correspondiente:

Con base en la tarifa, si mis ingresos fueran de $10,000.00 me sería aplicable la tasa del 17.92% y con base en ello pagaría mis impuestos sin que exista gradualidad alguna en el pago, pues alguien que gana $8,600.00 por el total de sus ingresos paga 16%, casi un 2% menos.

La propuesta es que se fraccione la base para que, bajo el ejemplo anterior, los $10,000 pesos se paguen de la siguiente manera:

496.07 de ingreso a una tasa del 1.92%

4,210.41 de ingreso a una tasa del 6.40%

5,293.52 de ingreso a una tasa del 10.88%

De esta forma la tasa efectiva que se debiera pagar por los $10,000.00 pesos sería de 8.55% y no del 17.92%.

En conclusión, la equidad y proporcionalidad debe radicar a que alguien aún y cuando gane $5,000.00 pesos más en nuestro ejemplo, los $5,000.00 que no hacen diferencia tenga un tratamiento igual en pago de impuestos y por el diferencial se aplique la tasa siguiente.

Ello incentivaría al contribuyente a pagar sus impuestos pues estaríamos en la presencia de un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, cumpliendo así con los principios de proporcionalidad y equidad que establece nuestra carta magna.

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