Reforma fiscal de Uruguay que afecta a los inversores extranjeros

Tal como ha venido sucediendo en los últimos años, numerosos países a nivel mundial han introducido diversos cambios normativos en su legislación, tendientes a lograr una mayor transparencia fiscal e intercambio de información en materia tributaria.

En tal sentido, Uruguay no ha sido ajeno a esta cuestión. En especial, teniendo en cuenta su objetivo de dejar de ser considerado dentro de las listas “negras” (o “grises”) tributarias. Así, en los últimos años éste país ha introducido diversos cambios en su normativa con el propósito de cumplir con los requerimientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y demás estándares fiscales internacionales.

Entre los principales cambios acontecidos en los últimos años se encuentran:

- La flexibilización del secreto bancario.

- La eliminación de las SAFIS.

- La creación de un registro de sociedades al portador.

- La firma de convenios de intercambio de información con fines fiscales, entre tantos otros.

En lo que aquí interesa, merece destacar que Uruguay ha constituido en los últimos años una jurisdicción muy tentadora para los emprendedores tecnológicos tanto para la radicación de “compañías holding”, como para el desarrollo de nuevos negocios con base internacional. A partir de lo anterior, resulta importante traer a colación algunas de las recientes modificaciones que se introdujeron en la legislación del país vecino.

A continuación, mencionamos algunas medidas implementadas a través de la Ley de Rendición de Cuentas y de la Ley de Transparencia Fiscal:

  • A partir del 1° de enero de 2017, se incrementó al 25% (antes 12%) la tasa de Impuesto a la Rentas de los No Residentes (IRNR) que se aplica a las rentas de fuente uruguaya obtenidas por entidades “BONT” (entidades ubicadas en países de baja o nula tributación) -excepto para los dividendos distribuidos por contribuyentes del IRAE-;
  • Se incluyeron otras modificaciones en materia de IRNR, entre las que se encuentran tratamientos fiscales específicos más gravosos para diversas operaciones realizadas por entidades “BONT” con o sin vinculación;
  • Se gravarán con IRPF/IRNR a la tasa del 7% las utilidades no distribuidas por las compañías locales con una antigüedad mayor a tres ejercicios (salvo ciertas excepciones);
  • Se extiende la nómina de servicios que los usuarios de zona franca pueden desarrollar desde la zona franca a territorio nacional no franco a entidades vinculadas (aunque con algunas restricciones);
  • Se determina que el ajuste impositivo por inflación sólo será de aplicación cuando en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio haya una inflación acumulada del 100%;
  • Se duplica la tasa aplicable al patrimonio gravado de las entidades (excluidas las personas físicas) “BONT” que no actúen en el país mediante establecimiento permanente, el que pasa a estar gravado a la tasa del 3% (antes 1,5%).
  • Se establecieron ciertas exenciones con límite temporal (por ejemplo, del Impuesto a las Rentas de los No Residentes y del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales) destinadas a fomentar la eliminación, transformación o disolución de las entidades “BONT”.

En función de lo anterior, los contribuyentes de Uruguay que operan internacionalmente y los inversores extranjeros no deben estar ajenos a éstas modificaciones cuyos efectos generales se encuentran vigentes a partir del 1° de enero de 2017 -con determinadas excepciones-.

Quienes ya hayan definido con anterioridad ciertas estructuras tributarias basadas, o bien, en la que se opere a través de compañías Uruguayas deberán analizar el impacto tributario que estas modificaciones les genera.

Alex Saul

Manager de International Tax Services

EY Argentina

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