El financiamiento político y el EPP.

El surgimiento de grupos violentos suele darse ante la ausencia del Estado. La zona norte del país es una zona pobre y olvidada, por ello, es posible decir que las causas últimas del surgimiento y afianzamiento de estos grupos criminales tienen que ver problemas económicos tales como la desigualdad económica, la pobreza, el desempleo, la ignorancia y las numerosas injusticias socio económicas características de nuestro país y que de hecho, se sufren con mayor intensidad en esa zona del país.

Para eliminar el EPP sin duda se requiere, además de una buena política pública de seguridad, políticas públicas en materia de economía, educación, salud, infraestructura, de justicia, entre otras. La adopción o no de estas políticas públicas requieren de decisiones políticas. Estas decisiones políticas van más allá de la Presidencia de la República, pues también involucran al Poder Legislativo, el Poder Judicial, al Ministerio Público, y los diferentes actores de la sociedad civil.

Conviene ahora, en honor al análisis, abandonar esta mirada holística del problema a fin de enfocarnos en la política de seguridad. Antes de adentrarnos en el análisis, debo reconocer que mi área de conocimiento se limita a la economía y la política, por lo que me propongo no opinar sobre cuestiones de estrategia militar.

Habiendo manifestado mi incompetencia en cuestiones militares, ¿hay algo que se pueda aportar desde la economía para entender los desafíos de la política de seguridad? Si nos referimos a aspectos relacionados las estrategias y tácticas militares probablemente la respuesta sea “no”, pero no se puede ignorar el hecho de que las diferentes problemas sociales están inextricablemente conectados, por ende la economía si puede aportar algunas observaciones que deberían ser consideradas en el ámbito de la lucha contra el grupo criminal.

EPP y narco política.

El EPP es un grupo guerrillero con vínculos probados con el narcotráfico. Este no es un dato menor, pues el narcotráfico puede invertir parte de sus ingentes recursos económicos a la compra de armas, equipos y elementos necesarios para sostener la lucha del EPP. A cambio, el EPP ofrece tranquilidad y protección al narcotráfico.

Por otra parte, quizás el detalle más importante del vínculo EPP-narcotráfico está en que el narcotráfico también financia proyectos políticos. Una efectiva política de seguridad implica una efectiva lucha contra el narcotráfico, y esto supone un grave perjuicio para diversos sectores políticos tanto en la zona norte como en diversos puntos del país.

El narcotráfico también hace metástasis en las diversas administraciones e instituciones públicas, muchas de ellas directamente relacionadas con la política de seguridad como el ejército, la policía, el ministerio público, jueces, y la misma SENAD.

Esta situación hace que la decisión política no cuente con la suficiente voluntad real de resolver el problema, y por otra parte hace que quienes deben ejecutar esa decisión política no se empeñen lo suficiente y de hecho en muchos casos que terminan saboteando la ejecución de las acciones.

Economía de guerra.

El conflicto genera lo que se denomina “economía de guerra”; esto es: se está invirtiendo mucho dinero en el combate al grupo guerrillero ya que se compran vehículos, alimentos, armas, y una gran cantidad de otros bienes y servicios necesarios para movilizar las fuerzas de seguridad. Toda esta provisión de bienes y servicios a las fuerzas de seguridad generan beneficios para un grupo de personas y empresas proveedoras, así como a los administradores de los abundantes recursos.

Las economías de guerra tienen como consecuencia que un grupo de personas se benefician económicamente del conflicto, y si existen vínculos entre los beneficiados y la clase política es posible que la decisión política no cuente con la suficiente contundencia requerida para una lucha efectiva.

Comercialización del servicio de seguridad.

En la zona se requieren servicios de seguridad, lo cual genera la posibilidad de prestar servicios privilegiados a cambio de pago a los comandantes. Es así que antes que defender a toda la población, es posible que podamos ver a las fuerzas del orden protegiendo el patrimonio de aquellos que puedan pagar por el servicio.

La situación se complica cuando quienes pagan por el servicio son los narcotraficantes y se produce el tremendo absurdo de que las fuerzas de seguridad provean de protección a quienes en teoría combaten. Nuevamente, la clase política también tiene un papel en esta tragedia.

Como vemos, en las tres observaciones que expusimos, la relación dinero y política es la constante y quizás la base de todas las dificultades. El financiamiento de proyectos políticos a través de dinero mal habido nos ha arrebatado el Estado a sus legítimos dueños: los ciudadanos. El Estado y sus recursos han sido rendidos y entregado a la billetera de las mafias.

Urge recuperar al Estado; por ello urge impulsar un mayor control sobre el financiamiento de los partidos y movimientos políticos. Esta iniciativa sin duda no será apoyada por una parte importante de la clase política, la más sospechosa y cuestionada, y de allí la importancia del papel de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil para apoyar a los políticos que impulsen esta medida.