El diseño de una política de desarrollo rural es necesario con, o sin acuerdos de la Habana.

La política de desarrollo rural en Colombia y la construcción de bienes púbicos sectoriales para ayudar a eliminar la pobreza rural fue puesta en discusión en la Universidad de los Andes por Andrés Moya, un profesor de Economía.

El estudio presenta una serie de reflexiones a partir de la experiencia del Programa Oportunidades Rurales del Ministerio de Agricultura.

Sus autores señalan que las lecciones de la investigación, cobran mayor importancia en la coyuntura actual debido a la persistencia de la pobreza en áreas rurales y a los acuerdos sobre la Reforma Rural Integral (RRI) producto de las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC que se adelantan en este momento.

Para 2014, 44% de la población rural en Colombia, se encontraba por debajo de la línea multidimensional de pobreza, lo que implica una incidencia de la pobreza tres veces más alta que en las áreas urbanas. A esto se suma la alta concentración y el uso ineficiente de la tierra, los efectos de décadas de conflicto.

La orientación de la política agrícola se ha enfocado en la entrega de apoyos directos, como las transferencias de OR, que solo benefician a unos cuantos hogares, en detrimento de la provisión de bienes públicos sectoriales que benefician a la población general

De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en 2010 y 2011, el 90% de los recursos destinados para el sector agrícola consistía en apoyos a fiscales directos, es decir, en la transferencia directa de recursos y subsidios, y solo el 10% restante se destinó para financiar bienes públicos sectoriales y para proveer servicios en mercados que no operan correctamente (Banco Interamericano de Desarrollo, 2013). Este enfoque, además, genera incentivos para la captura de rentas y desestimula las inversiones productivas. Desafortunadamente, el sesgo hacia los subsidios y las transferencias no ha disminuido, a pesar de que distintos analistas han resaltado en repetidas ocasiones su inconveniencia y de que va en contravía de los principios contenidos en el acuerdo sobre RRI y de las recomendaciones de la Misión Rural (2014).

Las recomendaciones de política:

1. Es necesario darle un vuelco a la política de desarrollo rural y reducir el énfasis en programas que se basan en la transferencia de subsidios y estímulos monetarios.
2. El principio rector de la política de desarrollo rural integral debe ser proveer bienes públicos sectoriales e insertar a los hogares y a los productores rurales en mercados laborales, comerciales, de crédito y de seguros agrícolas, entre otros.
3. Debe existir una ruta de salida de la pobreza que articule diferentes programas y que incorpore componentes para superar las limitaciones productivas que explican la pobreza rural. •
4. El diseño de los programas y los criterios de focalización deben ser congruentes con las necesidades y capacidades de la población objetivo.
5. La articulación de diferentes programas debe incorporar esquemas de incentivos apropiados para la generación de ingresos y la superación autónoma de la pobreza.
6. Las entidades encargadas de los programas deben incorporar mecanismos rigurosos para verificar sus requisitos y hacerles seguimiento con el n de asegurar que efectivamente se ofrezcan a las poblaciones para las que fueron diseñados.
7. Es necesario realizar diagnósticos apropiados para el diseño de programas y evaluaciones de programas que permitan establecer su costo-eciencia, replicabilidad y escalabilidad.

Las reflexiones contenidas en este documento surgen del trabajo realizado en el marco del proyecto “Transferencias Condicionadas y Desarrollo Rural en América Latina” del Centro de Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes, con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD).

En el espacio académico “Tertulia de Política” de la Escuela de Gobierno, el profesor Andrés Moya, destacó dos recomendaciones que menciona el estudio:

1. Darle un vuelco a la política de desarrollo rural y reducir el énfasis en programas que se basan en la transferencia de subsidios y estímulos monetarios;
2. Y proveer bienes públicos sectoriales e insertar a los hogares y a los productores rurales en mercados laborales, comerciales, de crédito y de seguros agrícolas.

El estudio fue comentado por dos expertos en el tema: Diego Mora, subdirector de producción y desarrollo rural del DNP y Juan José Perfetti, investigador asociado de Fedesarrollo, quienes expusieron sus puntos de vista sobre el programa Oportunidades Rurales (OR) y sobre las posibles mejoras que podrían tenerse en cuenta para el diseño de una política agrícola y de desarrollo en Colombia.

El diseño de una política de desarrollo rural es necesario con, o sin acuerdos de la Habana fue la conclusión planteada por el autor al final de su presentación. Notas de Política, es una publicación de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.

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