¿Es que no hemos aprendido nada?

A fines de 1970, las autoridades de la época crearon el sistema de subsidios habitacionales, consagrando la histórica intervención del Estado en material habitacional y otorgando la entrada a la política pública a los actores empresariales bajo el enlace subsidio-ahorro-crédito. Esto permitió que grandes empresas compraran paños de terrenos periféricos en las ciudades con el objetivo de reservar suelo urbano donde construir soluciones habitacionales en el futuro, como los blocks en la década de los 90, y mantener un mercado cautivo sin riesgos ni competencias.

Para nadie es un misterio que esta política, que es el artífice primordial del descenso del déficit habitacional en la década de los ’90, fue una estrategia que, amén de la necesidad, tuvo externalidades negativas muy fuertes, manifestadas principalmente en la segregación, estigma social y problemas de conectividad y equipamiento urbano que sufren las familias que habitan en estas villas en las ciudades.

Con la desigualdad siendo un tema cada vez más recurrente en Chile, el tema de la segregación urbana ha tomado peso en el último tiempo; reconocimiento que ha vuelto las miradas a los caminos que ha tomado el país en el desarrollo de sus centros urbanos. Es en este contexto que el tema de los blocks, ignorado por cerca de una década, cobra relevancia para la ciudadanía, motivando variados análisis y estudios, información valiosa para formular políticas públicas y encauzar el diseño de ciudades más integradas.

Uno imaginaría que, con la experiencia ganada, la atención y la crítica puesta sobre los casos en que la política habitacional ha traído problemas, se hubiesen tomado las precauciones para que el desarrollo de las ciudades integre a todos los habitantes, haciendo de éstas un espacio sostenible socialmente. Aún cuando el cambio en la política habitacional de 2006, con la creación del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV), y posteriormente el 2015 con el DS116, permitieron mejorar las condiciones de las viviendas sociales en cuanto a su integración con la ciudad, cercanía a servicios e inclusión social, sigue faltando un punto clave para controlar la segregación urbana: la regularización del mercado de suelos.

Permitir que el acceso a la vivienda o al suelo esté controlado plenamente por las leyes del libre mercado instaladas durante la dictadura, crea las condiciones para que familias se vean segregadas en el acceso y en la ubicación. El mercado inmobiliario trata la vivienda como un bien de consumo, ordenado por las leyes de oferta y demanda de la microeconomía. Este modelo busca la eficiencia de las transacciones maximizando el excedente del comprador y del vendedor, pero en ningún momento garantiza que no se produzca segregación o todos puedan acceder.

Como botón de muestra, de los 23 proyectos que se adjudicaron este año el Subsidio de Integración Social y Territorial en la intercomuna, 15 están en Coronel o camino a Coronel, aun cuando la mayoría del déficit habitacional y los campamentos están en Concepción, Talcahuano y Lota. En TECHO, trabajamos como Entidad Patrocinante de Proyectos de Vivienda, y hemos constatado la dificultad de poder construir barrios cerca del centro de Concepción, debido al alto precio del suelo y a los montos de los subsidios.

¿Qué significa esto? ¿Proponemos la eliminación del mercado inmobiliario? ¿Terminar con los programas de subsidio para la vivienda? No, por supuesto que no. Sin embargo, si los programas de subsidio habitacional siguen dependiendo en su totalidad del mercado, se seguirán replicando (quizás en menor medida) los problemas de segregación creados por programa de blocks en Santiago. Aprendamos de los errores del pasado, creemos ciudades más justas donde el acceso no esté dado por cuánto se puede pagar.

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TECHO-Chile Biobío

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Juntos por una #ciudadsinlímites.

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