Las decisiones políticas y sus formas. La gestáltica de la política.

Resuenan los primeros análisis políticos de un gobierno que hemos elegido bajo el sistema de balotaje el 51 % del padrón electoral. A primera vista, ese número parece indicarnos, una vez más, la idea de polarización y de dicotomía. Sin embargo, también podría plantearse como un equilibrio, una balanza de contrapesos o como el resultado de una respuesta táctica de los votantes ante el escenario de elegir entre las dos opciones que más se escucharon en los medios de comunicación. Es decir, si ocurre lo que las encuestas plantean y si “tengo que” decidir entre dos opciones, preferiría tal candidato. El ciudadano medio no opta por un verdadero camino a seguir en política, sino que su decisión se encuentra orientada en primer lugar por las formas, por las apariencias de lo que percibe.

En el campo de la psicología, la escuela Gestalt teoriza básicamente, sobre la percepción tanto en un sentido visual como en el psicológico. Uno de sus principales postulados radica en que mirar el todo nos ofrece una visión distinta a la suma de las partes y que según la parte de una imagen en la que focalicemos nuestra atención podremos percibir resultados completamente distintos. Este resumen sintético de la escuela gestáltica es aplicable a la política, tanto para los gobernantes como para los gobernados. Ante las primeras decisiones del nuevo gobierno es necesario distinguir los análisis sobre la legalidad apelando a los constitucionalistas, sin dejar de lado la visión maquiavélica ni la reflexión sobre los intereses y los hilos más sutiles a los que apuntan las mismas.

Las formas gestálticas de la política pueden ser discutibles en dos dimensiones: en una discursiva y en otra institucional. Las formas discursivas constituyeron el tendón de aquiles de la medida más controversial del kirchnerismo: el aumento de las retenciones a las exportaciones. El tono confrontativo del discurso “de los piquetes de la abundancia” fue lo que probablemente más impregnó en todos los estratos sociales, sin importar lo que realmente se estaba discutiendo, una medida económica que podría haber aceptado algún gradualismo antes de escalarse el conflicto.

Reconocimos una señal de alerta ante ese tono poco amable de expresarle al sector agrícola exportador -una parte del denominado “campo”- que en la coyuntura internacional favorable iban a seguir ganando, aunque menos. La decisión tomada por el Poder Ejecutivo era retenerles más para que el aumento de los precios internacionales no redundara en un aumento excesivo de los precios internos. Una medida que antes de ser económica ya era política, el Leviatán retiene las ganancias para evitar que el libre juego del mercado suba los precios internos de los alimentos hasta equipararlos con la ganancia obtenida en el mercado externo.

Tal decisión económica fue legal y constitucional, según el artículo 755 del Código Aduanero, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de decidir gravar con derechos de exportación mercaderías que no lo estaban, desgravar o modificar los derechos preexistentes, mientras que era discutible si dicha medida aparejaría, además, la función redistributiva del Estado. No obstante ser legal y constitucional, se le reclamó a Cristina una forma institucional más prolija, que se discuta en el Congreso, y así fue que nuestros representantes, desempatando la polarización con un voto “no positivo”, dejaron sin efecto la resolución 125. Los ciudadanos tomaron partido guiados más por las formas del conflicto que por los verdaderos contenidos en disputa. Aun así hay que reconocer que ello implicó necesariamente un mayor involucramiento de la sociedad con la democracia y con el juego político que puso sobre la cancha de la arena parlamentaria los intereses económicos en pugna. El kirchnerismo eligió correr ese riesgo y pagar el elevado costo político. A partir de este hito, las formas y estilos discursivos de Cristina fueron generando un creciente rechazo en la población, incluso más que las de Néstor, aunque en sus discursos también identificaba directamente a los sectores que estaba contrariando. Entiendo que Cristina intentó internalizar las lecciones de la Gestalt de la política, aunque tarde, porque ya había quedado demostrado que no estaba en su naturaleza moderar el tono de su discurso.

Si bien las múltiples y numerosas políticas públicas emanadas de un proceso parlamentario se lograron gracias a que el oficialismo contó con quorum propio, debemos reconocer que en estos doce años experimentamos una evolución de la cultura democrática de nuestra sociedad, ello implica disenso y discusión -no necesariamente confrontación- y en eso algún punto hay que reconocerle al kirchnerismo.

La oposición tiene hoy el desafío de poder cumplir un rol democrático de contrapesos, sin oponerse a toda propuesta o proyecto por el mero arte de poner palos en la rueda, sino enriqueciendo el debate, seleccionando cuidadosamente y exponiendo con claridad los motivos de sus disidencias.

El oficialismo enfrentará quizá un desafío democrático más arduo y más interesante que el gobierno anterior: lograr los consensos parlamentarios de un Congreso que representa a tres partes y hacer lugar a las modificaciones razonables que plantee la oposición.

El gobierno de Macri, además de llevar a cabo sus soluciones superadoras para que la Argentina crezca económicamente, solucionar eficientemente el problema complejo del crimen organizado que constituye el narcotráfico e instaurar su propia sensación de seguridad –resultados que deberá demostrar en la realidad del mediano plazo, antes de que se agote el optimismo del cambio- tiene la oportunidad histórica de que se lo juzgue positivamente por sus formas institucionales, que no la desperdicie ni se atragante, cual sediento, con todo el vaso de agua de la gobernabilidad.

Los ciudadanos tendremos que medir con una vara más exigente a los partidos en cuanto a sus roles de oficialismo y oposición, exigirles que no hagan lo mismo que antes criticaban, evitando caer en la tentación del criticismo banal. Será nuestro desafío no resignar espacios de discusión ni conformarnos con justificaciones que intenten mostrar como responsables de nuestros problemas al gobierno anterior.