Una hipótesis sobre la renta básica

Carles Climent
Feb 4, 2018 · 5 min read

El 5 de febrero de 2024 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Renta Básica. La ley suponía unos ingresos garantizados de 800 euros que podían ser complementados según el tamaño de la unidad familiar. Fue aprobada por mayoría absoluta, con el apoyo de extremo a extremo del arco parlamentario.

Era una decisión anunciada. El paro sistémico y las cada vez más precarias condiciones laborales estaban creando un clima social irrespirable. El capital, muy concentrado en unas pocas grandes empresas, deslocalizaba más y más centros de producción en otros países con mano de obra barata y precarizaba los empleos en el estado español. El gobierno de corte conservador decidió seguir la estela de otros países europeos e implementar la renta. Para ello fue necesario un gran esfuerzo social y el sacrificio de todos los actores. Desde los sindicatos, que tuvieron que aplicarse a fondo para silenciar a los trasnochados más recalcitrantes, hasta las empresas que aceptaron asumir una mayor tasa impositiva para asegurar la sostenibilidad de la renta. El gobierno, a su vez, prometía compensar el aumento del Impuesto de Sociedades y otras nuevas tasas con la desregulación en varias materias, especialmente en la financiera, medioambiental y de salud pública.

En el país se vivieron jornadas de verdadera euforia. La izquierda prometía la liberación final de "los de abajo" gracias a la cual mujeres y hombres vivirían una explosión de creatividad y una mejora de calidad de vida sin precedentes. El siglo XXI sería el siglo de las artes, la ilustración democratizada. Nacía una izquierda por fin con un cuerpo ideológico propio y reconocible basado en el uso del tiempo libre, más atractivo electoralmente que la rancia y caduca lógica marxista sostenida en las relaciones sobre el trabajo. La derecha liberal, por su parte, presumía de sus avances desreguladores que traerían la soñada libertad de mercado al fin completa. La justicia social por fin en las manos perfectas de la oferta y la demanda. Albert Rivera, desde la presidencia, llegó a afirmar: "Aznar suprimió el servicio militar y nosotros hemos aprobado la renta universal. Después de tanto lloriqueo de la izquierda va a resultar que los progresistas siempre hemos sido nosotros".

El primer efecto tras la aprobación de la ley fue un espectacular incremento de los sueldos más bajos debido a la disminición drástica de la mano de obra. "Antes podía tener a un chaval escribiendo en la redacción del periódico por poco más de 400 euros. Ahora la gente ya no quiere trabajar, prefiere quedarse en casa, así que nos vemos obligados a pagar mucho más para conseguir redactores" - señalaba el redactor jefe de OkeyDiario. Por contra, los servicios destinados al ocio se multiplicaron y bajaron sus precios. Se crearon innumerables compañías de cine y de teatro que recibían una afluencia de espectadores creciente y masiva y permitía al Estado recuperar parte de los gastos mediante impuestos indirectos.

Tras cinco años el fervor inicial comenzó a apaciguarse. Se publicaron algunos estudios sociológicos que arrojaban muestras de que la esperada transformación social no se estaba produciendo tal y como estaba previsto. Más allá de una élite cultural comparativamente pequeña que inundaba los teatros y bibliotecas, una gran mayoría se limitaba a consumir la programación de los mass media, en muchas ocasiones plagada de estereotipos y de propaganda gubernamental. Esto llevó al preocupante auge del sexismo, racismo y otras formas de intolerancia. En lo económico la sociedad se estratificaba en tres bloques: un empresariado que reunía la mayor parte de las rentas, el tecno-proletariado junto al proletariado de oficios (cerrajeros, electricistas…) con buena capacidad adquisitiva asentado en barrios gentrificados, y por último una gran masa que saltaba entre trabajos puntuales en el sector servicios - muy mal pagados pero compatibles con la renta - para conseguir algunos ingresos extra.

Al cabo de una década, una cumbre de empresarios inició un debate que los medios de comunicación se encargaron de poner bajo los focos. La mano de obra en África, Sudamérica y Asia era cada vez más cara y los beneficios se estaban reduciendo. Los mercados extranjeros se estaban tecnificando y regulando y cada vez era más difícil ser competitivo. Los accionistas reclamaban que no era posible, ni justo, que las empresas sostuvieran tanta carga social. El Gobierno, tras un periodo de encuestas de consumo interno, decidió realizar en referéndum la siguiente pregunta: "¿Deseas garantizar la sostenibildad de la renta básica, priorizándola al resto de servicios públicos?". Por entonces solo el 20% de la población tenía un empleo más o menos fijo, el resto dependía completamente de la renta. El sí ganó con cerca del 80% de los votos, lo que significó el inicio del desmantelamiento sistemático de servicios públicos.

“La gente ha estado viviendo por encima de sus posibilidades, nos han obligado a hacer lo que no queríamos hacer” — dijo M. Rajoy Fernández, entonces portavoz del Gobierno e hijo del estadista M. Rajoy Brey. “¡Que se jodan!” — exclamaría una diputada del partido “Somos el pueblo”, no sin cierta polémica.

La primera institución afectada fue la universidad, que dejó de recibir fondos. La mayoría de sus alumnos estudiaban por puro interés personal o curiosidad, por lo que se cerraron todas las universidades públicas de humanidades y artes. Las ingenierías, aún con cierta demanda laboral, pasaron a manos privadas. La patronal no dejó de presionar y al cabo de unos años también las escuelas públicas de primaria y secundaria fueron echando el cierre y derivando a los alumnos aún motivados para estudiar, cada vez menos, a escuelas concertadas. La sanidad pública quedó reducida a la atención asistencial.

El Cardenal Risto Varicela se reunió con el Presidente del Gobierno y se comprometió a la construcción de más de 2.000 centros educativos concertados y debidamente administrados por la Iglesia: “Como Dios manda” (sic). Además, se comprometía a colaborar con el Estado en materia asistencial y sanitaria a través de Cáritas. Tres días después se modificó la Constitución por decreto-ley: España dejaba de ser un estado aconfesional para convertirse, de nuevo y oficialmente, en "reserva espiritual de occidente". La reina Leonor afirmaría que “España representa hoy el mayor activo moral de toda la galaxia”.

El desmantelamiento prosiguió durante algunos lustros. La paz social se fue rompiendo progresivamente y el conflicto terminó solidificando en forma de grupos terroristas de extrema izquierda y el auge de una extrema derecha nacionalista y laica, agrupada en el nuevo partido Amanecer Morado. El Estado se vio obligado a incrementar los recursos destinados a sus cuerpos de seguridad y a dar otra vuelta de tuerca a las pocas libertades ciudadanas que quedaban. El incremento de gasto en policía y control social condujo a la progresiva reducción de la renta básica. "No es sostenible", adujeron.

Hoy se cumplen 50 años de la aprobación de la ley y se estima que más del 70% de la población vive en riesgo alto o bajo el umbral de pobreza. Casi un 25% de la población menor de 20 años es analfabeta. El nacional-catolicismo ha recuperado el espacio perdido desde mediados del siglo XX. La renta básica se ha convertido en una pensión residual con la que una ciudadanía atemorizada y supersticiosa sobrevive a duras penas. Una generación entera no ha conocido el trabajo ni ha visto trabajar a sus progenitores, ni está capacitada para emigrar a otros países en busca de trabajo. En ese contexto, algunos de los más ancianos miran con nostalgia al pasado. "Aunque nunca nos la tomábamos en serio, por lo menos antes podíamos hacer huelga".

Carles Climent

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