Claves para detener los feminicidios, más allá de la retórica feminista

Ante la exhibición de argumentos simplistas, afirmaciones falaces, discursos incendiarios e insultos en torno al asesinato de Lesvy Rivera (la joven encontrada muerta en los jardines del Instituto de Ingeniería de la UNAM el pasado miércoles 3 de mayo) y a las manifestaciones subsecuentes de grupos feministas en contra de la violencia de género, sería sano poner algunos puntos en perspectiva.

Una perspectiva que permita una discusión seria de problemas graves que se pierden de vista en el calor de los intercambios de descalificaciones y adjetivos entre simpatizantes y detractores de las manifestaciones.

Me atrevo a afirmar que hay razones que explican y justifican –hasta cierto punto- ambas posturas, y que en sus versiones más extremas ambas están rotundamente equivocadas.

Analizar estas razones puede ser el punto de partida para una discusión razonable e informada sobre cómo evitar que casos como estos sigan ocurriendo en el país.

Una realidad dramática, interpretaciones opuestas

En una investigación reciente hecha por Valeria Durán para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se solicitó a cada una de las procuradurías y fiscalías de los 32 estados, el número de homicidios dolosos violentos contra mujeres; el resultado -de enero de 2012 a junio de 2016- fue de 9 mil 581 mujeres asesinadas violentamente en todo el país.

Estas cifras alarmantes justifican la indignación y el enojo, decirlo está por demás. Pero no justifican cualquier cosa que se haga o diga aludiendo a la gravedad de estas cifras, y decirlo también debería estar por demás.

Algunas de las conclusiones más relevantes que se extraen de este estudio son que: 1) hay un manejo opaco de los datos de los homicidios dolosos contra las mujeres por parte de las procuradurías estatales, puesto que los datos que las mismas enviaron al INEGI son mayores a los que reportaron para la investigación citada vía transparencia; 2) que dentro de estos, podría haber un sub-registro de feminicidios, puesto que sólo en once de los códigos penales estatales está tipificada la figura de feminicidio de acuerdo a las causales establecidas por el Código Penal Federal; y 3) que “los homicidios a mujeres cometidos con las características penales aplicables a la figura del feminicidio y que no son reconocidos como tal, entran directo al saco de la Impunidad.”

Por otra parte, desde que comenzó el sexenio de Enrique Peña Nieto (1º de diciembre de 2012), el número total de homicidios dolosos asciende a 90 mil 694 casos, según los datos de la Secretaría de Gobernación y otras agencias consultadas por el semanario ZETA, presentándose un repunte grave en los índices de homicidios en 2016 -que en algunos estados llegó al impactante aumento de 300%-, y parece similar en lo que va de 2017.

Pero citar cifras no es suficiente, hacerlo sin más es superficial y engañoso; es necesario interpretarlas en su contexto.

Y para interpretarlas, la pregunta clave (y polarizante) es esta: las cifras de homicidios contra las mujeres, ¿deben analizarse como parte de la problemática más general de la crisis de violencia e impunidad que vive el país, o responden a una lógica propia completamente diferente -la lógica de la violencia de género-?

Para responder sobran argumentos meramente discursivos y llenos de falacias, en ambos sentidos. La política de la “posverdad” que encumbró a Trump se hace con estas herramientas, por parte de adeptos de todo signo ideológico. Para defender los estándares de la racionalidad y honestidad en la discusión de lo público, tenemos que exigir -y exigirnos- partir de la información empírica disponible para nuestro análisis.

La crisis de violencia e impunidad en cifras, ¿contexto o problema aparte?

Para empezar, la citada investigación de Valeria Durán nos muestra que los datos sobre feminicidios y su tipificación son poco confiables, por lo que propongo analizar primero las cifras indiscriminadas de homicidio contra mujeres antes que el 19% de las mismas que hasta ahora han sido tipificadas como feminicidio.

Si comparamos la evolución de las cifras de homicidios por género en el largo plazo, podemos poner en perspectiva un par de puntos críticos para el debate actual en torno a la violencia de género en México:

Al enfocar los datos de esta manera, salen a la vista algunos puntos importantes:

1) Ha habido un aumento dramático en los homicidios en ambos sexos después de 2007, que fue además el año con los niveles históricos de homicidio más bajos desde que se inició el registro en 1990 (este aumento es indisociable de la política de seguridad inaugurada por Felipe Calderón en diciembre de 2006, y el hecho de que se implementara justo en la época con menor índice de homicidios evidencia su falta de justificación real y su irresponsabilidad).

2) La variación de los aumentos y también la de los decrementos históricos en las columnas de ambos sexos se corresponden de manera casi proporcional. Esto es clave. Desde que se registró el aumento en los niveles de homicidios a partir de 2008, este ha sido 32% mayor en la columna de hombres, pero ambos incrementaron en más del 115%:

3) Hay una desproporción enorme en cuanto a la distribución por sexo de los homicidios en el país, tanto antes como después de la crisis de seguridad registrada en homicidios a partir de 2008. La tasa de homicidios de hombres ha sido 689% mayor respecto al total de homicidios cometidos contra mujeres en promedio del 2000 al 2015. Esta diferencia ha aumentado ligeramente en los últimos años:

4) Si los homicidios contra personas de ambos sexos han disminuido e incrementado históricamente en proporciones casi iguales (inciso 2), esto apunta a que, por lo menos la proporción de homicidios de mujeres que ha aumentado y disminuido a la par de la de hombres, debería responder a los mismos factores contextuales que han hecho aumentar y disminuir la incidencia de homicidios de hombres, aunque la lógica particular de cada caso sea distinta.

Y, ¿qué tiene qué ver todo esto con el asesinato de Lesvy Rivera? ¿Fue un feminicidio (es decir, responde a una lógica ajena a este contexto general de violencia e impunidad), o fue un homicidio cuyas causas no responden necesariamente al género de la víctima?

La respuesta es incómoda: igual que con muchos de los homicidios contra mujeres que conforman estas cifras, no lo sabemos a ciencia cierta. Hasta ahora las investigaciones no han concluido, y lo único que sabemos por la autopsia es que Lesvy fue víctima de estrangulamiento y presenta marcas de tortura, y aunque se sabe que el agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial COY-1 activó de inmediato el protocolo de investigación por feminicidio, tendremos que esperar los resultados para tener una respuesta oficial.

En todo caso, el análisis de los datos que tenemos a mano hacen insostenible la postura de que, de entrada, los asesinatos de hombres y mujeres deben analizarse siguiendo lógicas distintas. Independientemente de la naturaleza y los motivos particulares de cada uno de estos crímenes (entre los que están los casos de violencia de género), hay una correspondencia enorme en las variaciones de ambas columnas que se repite casi en todos los años. Esto apunta a que existe una fuerte carga de factores contextuales comunes que explican el aumento en los asesinatos de personas de ambos sexos.

Lo más grave es que, sin importar la tipificación que se haga del asesinato de Lesvy, hay una probabilidad gigantesca de que el crimen quede impune.

Según el Índice Global de Impunidad México elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la UDLAP, en México sólo 7 de cada 100 delitos son denunciados. Del total de delitos consumados, solamente existe 4.46% de sentencias condenatorias; lo que arroja una impunidad cercana a 95 por ciento, que asciende a más del 99 por ciento si se toma en cuenta la “cifra negra” de los delitos cometidos no denunciados. En otras palabras, menos de 1% de los delitos en el país son castigados.

Y si la impunidad es generalizada, ¿por qué es relevante hacer todo el análisis expuesto hasta aquí? Porque es imposible hacer un diagnóstico serio del problema, e idear estrategias efectivas para solucionarlo, sin partir de un análisis de este contexto en el que se desarrolla.

No se puede llegar a soluciones reales a partir de malos diagnósticos

Volvamos a una de las afirmaciones contenidas en la investigación de Durán (que no se presenta como conclusión, pero se cita y se sugiere a lo largo del texto): “los homicidios a mujeres cometidos con las características penales aplicables a la figura del feminicidio y que no son reconocidos como tal, entran directo al saco de la Impunidad.”

Este tipo de afirmaciones sugieren que la variable que explica la impunidad es la discriminación de género, que no se resolvieron estos casos porque existe un machismo institucionalizado que incide en los casos en que las víctimas fueron mujeres atacadas por hombres. Pero cuando se toma en cuenta el contexto de impunidad -que en el país se castigan menos del 1% de los delitos-, esta interpretación carece de consistencia lógica.

Y sin embargo, esta afirmación presentada sin mencionar el contexto, tiene un enorme potencial de indignación y movilización.

Esto importa porque hace que desviemos la atención de las causas estructurales de la impunidad, que son un poco más complejas.

A menos que se pudiera sostener la teoría de que el machismo ha aumentado 115% del 2007 al 2015, es evidente que hay una crisis general de seguridad e impunidad que implica el aumento en todos los tipos de crímenes violentos, incluyendo los relativos al género. Las claves para atacar ese 115% de aumento, junto con el 152% de aumento en la columna de hombres, está en estos factores comunes.

Lo expuesto hasta ahora, ¿tiende a minimizar la violencia de género?, ¿significa que no existe el machismo en la sociedad mexicana?, ¿implica negar que hay un machismo potencialmente mortal? Nada de eso. Lo que sí significa es que muy probablemente estamos sobredimensionando uno sólo de los factores que inciden en estos crímenes, y al mismo tiempo subestimando otro factores aún más críticos para el problema que nos ocupa.

Este sesgo tiene consecuencias negativas importantísimas en la asignación social de recursos que hacemos en nuestra respuesta al problema. Estos recursos no son sólo económicos, sino también mediáticos, sociales y políticos. Asignarlos correctamente es crucial si queremos mejorar esta situación, porque son limitados.

Me explico:

El miércoles 3 de mayo se dio a conocer que había sido encontrado el cuerpo de una mujer muerta atada a una cabina telefónica a las siete de la mañana en CU. El jueves, la PGJ da a conocer la identidad de Lesvy junto con los resultados de la autopsia, y ese mismo día organizaciones feministas convocan a una manifestación masiva para el día siguiente, que partiría de la Facultad de Ciencias Políticas.

En dicha manifestación, hubo afirmaciones tajantes de que se trataba de un feminicidio y exigencias de que se reconociera como tal -a pesar de que la única información disponible era que había muerto estrangulada-, insinuaciones de que había sido asesinada por su novio, acusaciones hacia la UNAM por complicidad, ocultamiento de evidencia e incluso de protección del asesino, y algunos incidentes de pintas de algunos adornos y bancas en las inmediaciones del edificio de la rectoría. Esto condicionó desde un principio el tratamiento mediático del suceso, y el eco de discusiones en las redes sociales.

El mensaje de la manifestación fue claro: esto es un problema de violencia de género. Y efectivamente, toda la cobertura mediática recibida y sus ecos en las redes sociales partieron de este enfoque, y se quedaron ahí.

No se habló de cómo ha aumentado la inseguridad y la violencia en la Ciudad de México, de los índices de impunidad, de la ineficiencia de los Ministerios Públicos a la hora de hacer investigaciones, de la falta de profesionalización en las procuradurías, de la falta de mecanismos confiables y accesibles para hacer denuncias, o de la frecuencia con la que los expedientes se quedan “congelados” discrecionalmente y sin que haya consecuencias.

Pero si el problema aquí es la violencia machista, ¿cuáles son las medidas que deben tomarse? Más allá de las consignas, no encontré en la manifestación, o en los comunicados de las organizaciones manifestantes, ninguna exigencia de medidas concretas a la UNAM o al gobierno de la Ciudad de México.

Por otra parte, podría aprovecharse esta coyuntura para evaluar algunas medidas que se han tomado partiendo de este enfoque. Por ejemplo, las masivas campañas publicitarias contra la cultura machista con las que el gobierno federal y capitalino se dan un aire de “progresistas”, y de paso justifican partidas presupuestarias. ¿Sirven de algo mientras los criminales sepan que en el 99% de los casos sus delitos quedarán impunes?

La propia UNAM está tapizada de carteles de la campaña “He for She” de la ONU, y sin embargo, dudo mucho que alguno de esos carteles haya servido para disuadir a los acosadores, golpeadores de mujeres, o violadores de su cometido cuando pasan frente a ellos. Cedería a la tentación de apostar por que su efecto es nulo. Y sin embargo, es ahí a donde estamos destinando los recursos públicos.

Tampoco se habló mucho de la familia atacada sádicamente en la carretera de San Martín Texmelucan en Puebla, en donde ocho hombres asesinaron de un tiro a un niño de dos años, violaron a su madre y a su hermana, mientras golpeaban y amagaban a su padre; o de José Feliciano Rodríguez, Ramón Durán, Luis Alberto Raigoza y Héctor Padilla, los cuatro maestros atacados en La Concordia, Sinaloa (los tres primeros asesinados con arma de fuego, y Héctor gravemente herido); ni de los tres jóvenes asesinados en “La Única”, un antro del municipio de San Pedro, Nuevo León. Todos ocurridos durante la misma semana pasada, todos con la misma probabilidad de quedar impunes.

Ante esto, cabe preguntar, ¿por qué se concentró casi toda la atención social y mediática en el caso de Lesvy? Por dos razones: primero, porque podía suponerse la posibilidad de que se tratara de un feminicidio; segundo, porque de confirmarse la primera, habría sido un feminicidio cometido en el seno mismo de la Universidad Nacional.

Qué es y para qué sirve el feminicidio

El Código Penal Federal (artículo 325º), define el feminicidio como la privación de la vida a una mujer “por razones de género”. No se explica cuáles son estas “razones de género”, pero se establece que un delito se considerará como tal cuando cumpla alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.”

El problema con estos criterios es que III, VI y VII pueden darse en casos que no tengan absolutamente nada qué ver con el factor género. Lo mismo los puntos II y V, salvo por la parte de actos de necrofilia y acoso respectivamente (siempre que estemos hablando de acoso sexual). Sin embargo, el Código Penal establece que sólo es necesaria alguna de estas condiciones, para considerar un acto como feminicidio.

Tampoco se determina si el victimario debe ser hombre. (¿Existen los asesinatos por “razones de género” de mujer a mujer? Y si existen, ¿se considerarán feminicidios iguales a los otros? El código penal no lo especifica).

Estas deficiencias tienen implicaciones importantes:

Por un lado, el término “feminicidio” zanja una división artificial entre delitos que en realidad probablemente comparten una serie común de factores causales, esto sin negar que dentro de los mismos haya diferentes sub-tipos de asesinato que requieren medidas auxiliares específicas.

Por el otro, es notoria la voluntad de aumentar al máximo la probabilidad de que un caso pueda ser tipificado como feminicidio, aun cuando no exista evidencia clara que relacione al crimen con la cuestión de género (criterios II, III, V, VI y VII). Me imagino que la lógica detrás de esto es que mientras mayores cifras se reporten como feminicidio, mayor atención se atraerá al problema de la violencia de género, y así habrá mayor presión social por resolverlo. O en la terminología de algunos activistas, se sigue una lógica de visibilización que evitaría que estos casos entren bajo el manto de anonimato e impunidad que cubre el 99% de los crímenes que se cometen en el país.

Así, el hecho de que exista un problema grave de violencia de género (existe, y es grave) parece justificar la imprecisión, e incluso la mentira, en la tipificación de los casos. Pero esta lógica de “concientizar” mintiendo y trazando diferencias tajantes donde no hay elementos para afirmarlas, ¿ayuda a atender el problema?, ¿nos hace una mejor sociedad, o más bien, todo lo contrario?

El problema es que en realidad, los casos no suelen seguir la lógica de estas divisiones conceptuales y teóricas artificiales que les imputamos. Apenas unos días después del suceso de Lesvy, el lunes 8 se encontró el cadáver de un joven en las instalaciones deportivas de la Universidad en estado avanzado de descomposición, no se conoce su identidad. La cobertura mediática de este caso ha sido menor, evidentemente porque no se presupuso que en su caso el factor de género pudiera ser determinante. Su asesinato seguramente quedará impune.

Cabe preguntar, ¿esta visibilización de un tipo específico de asesinato, no implica necesariamente la invisibilización de otros?, ¿se pueden visibilizar todos los casos a la vez?

Esta perspectiva pone de manifiesto las limitaciones del enfoque de la visibilización: puesto que es imposible atraer la atención social y mediática de todos los casos a la vez, este enfoque resulta inevitablemente insuficiente y parcial. Insuficiente porque los efectos de enfatizar social y mediáticamente la importancia de cierto tipo de casos no conduce por sí mismo a soluciones que ataquen los factores que los hacen posibles. Parcial porque necesariamente prioriza cierto tipo de casos -y ciertas víctimas- sobre otros.

El problema de fondo es complejo. Entre otras cosas, implica que las instituciones no tengan incentivos que las obliguen a investigar y perseguir adecuadamente a los criminales, que no haya consecuencias severas con un deslinde claro de responsabilidades cuando no lo hagan -salvo en los casos que se convierten en escándalos mediáticos-, y aun en estos, que frecuentemente carecen de la capacidad para hacerlo.

Mientras tanto, las polémicas en torno al género siguen retrasándonos para exigir medidas que contribuyan a atacar estos factores y a reducir las cifras generales de criminalidad e impunidad, incluyendo por supuesto, los casos de violencia de género.

Radicalización de posturas

Para terminar, quisiera hacer un comentario sobre las críticas a las manifestaciones y las réplicas de los manifestantes y simpatizantes que he presenciado en las redes sociales. La gran mayoría han sido irritantemente absurdas, incoherentes y banales.

Por un lado, me parece entendible la molestia que a cualquier hombre o mujer medianamente informado debe producir ver consignas como “nos están matando” (los hombres a las mujeres), cuando hoy en México hay una probabilidad siete veces mayor de ser asesinado para los hombres; o “UNAM cuna de violadores, alumnos y profesores”. Consignas de este tipo aparecieron en la manifestación feminista del pasado viernes, junto con la cobardía de dañar infraestructura pública bajo el anonimato que da la turba.

Por otra parte, los ataques soeces y la minimización ligera del problema de la violencia de género desencadenados en las redes sociales como reacción, puede leerse justamente como una evidencia de lo relevante que sigue siendo luchar contra los prejuicios relacionados al género en el país y la violencia asociada a ellos.

Por último, apareció recurrentemente en el debate mediático y en las discusiones de redes sociales (que más bien fueron dimes y diretes) la defensa de la manifestación con un planteo dicotómico falaz: “¿cómo es posible que se indignen más por unas pintas a letras de aluminio y paredes que por el asesinato de una persona?” Esta dicotomía es falsa y estorba.

Uno puede perfectamente simpatizar con la lucha por la eliminación de la violencia de género, y al mismo tiempo cuestionar los métodos y los contenidos llevados a las manifestaciones, entre otras cosas, porque estos métodos y contenidos condicionarán las repercusiones mediáticas y políticas subsecuentes. Pensando en esto, no sólo se puede, sino que más bien se debe analizar y cuestionar en función de sus efectos, siempre.