¿Hace ley la Constitución?

“La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad o de la edad” — Art. 6 de la Constitución de la República del Paraguay, 1992.

Es derecho de todos los paraguayos y paraguayas que el estado garantice su calidad de vida mediante planes de gobierno y políticas públicas, como puntualiza la Constitución Nacional. Pero ¿qué pasa si quienes tienen que estar diseñando estos programas, planes o mismo las políticas públicas que enfrenten los problemas no se encuentran del todo en conocimiento de la realidad o con información incompleta? o peor aún ¿si aquellos quienes tienen que reclamar por su propio derecho, la ciudadanía, cae en el mismo desconocimiento?

Como fenómeno social, hoy más latinoamericano, y más aún, paraguayo dado al retraso con respecto a nuestros vecinos países, la población ha ido, y continúa, migrando de zonas rurales a zonas urbanas, construyendo anillos periféricos a las grandes ciudades, como si formara parte de un plan de política de expansión urbana. Estos anillos se fueron formando por familias asentadas en diferentes terrenos municipales, privados, estatales y algunos hasta inhabitables, conocidos como barrios informales o asentamientos humanos.

Y atrás de la palabra informal, los riesgos de vivir así, con conexión eléctrica irregular, sin servicio de recolección de basura, sin conexión de agua potable, con pésimas calles de acceso, sin escuelas cercanas u hospitales públicos y muchas otras carencias.

Hoy cientos de miles de familias paraguayas viven esa exclusión diariamente y es un número creciente a un ritmo preocupante, como es de esperarse.

Las ciudades dejaron de delimitarse, como los viejos tiempos, donde acaban sus calles empedradas, hay familias viviendo en la misma ciudad pero no con los mismos derechos. Hay asuncenos viviendo en Asunción sin vivir en Asunción. Hay encarnacenos viviendo en Encarnación sin las mismas oportunidades que otros.

Hay habitantes de todas las ciudades que no están integrados a las redes urbanas e inclusive que no están siquiera registrados en los catastros municipales.

Si bien este fenómeno de migración toma mucha fuerza en Paraguay en los últimos 10 años, estamos a tiempo de agarrar el timón del barco y guiar, con políticas públicas, planes gubernamentales de desarrollo y de superación de pobreza, políticas de expansiones urbanas a buen puerto, no contamos como país con los datos necesarios para diseñar estas soluciones.

Esto quiere decir que no hay información certera sobre los asentamientos irregulares en Paraguay, no se encuentran georeferenciados, no se sabe las principales carencias, peculiaridades o puntos fuertes y, menos aún, la cantidad de personas que los habitan.

“El Estado también fomentará la investigación sobre los factores de población y sus vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del ambiente y con la calidad de vida de los habitantes.” — continúa diciendo el Art. 6 de la Constitución de la República del Paraguay, 1992.

Creemos que no solo como herramienta de gobernabilidad, sino también de incidencia política por parte de la sociedad, es clave que conozcamos el problema, que conozcamos la dureza de esta información. Que nos inquiete.

Hoy estamos parados en un país ignorante, un país que no se conoce a profundidad y nosotros como cómplices de esta ignorancia colectiva.

¿Cómo podemos pretender que las soluciones se den si no conocemos el problema? ¿Cómo podemos planificar algo sin conocer el objetivo? Como dice un refrán anónimo “Un pueblo que no se conoce, está condenado al fracaso” .

Es necesario que nos involucremos como sociedad, que nos empapemos del problema país y que nos queme la urgencia. Los datos que nos toca conocer y afrontar son duros, pero la realidad lo es muchísimo más.

Hoy en TECHO estamos a semanas de presentar el primer Relevamiento de Asentamientos Precarios (RAP) que llevamos a cabo en 10 ciudades del Área Metropolitana de Asunción (AMA) junto con voluntarios de todas partes del país y con la Secretaría Técnica de Planificación (STP). En un largo trabajo de rastrillaje, encuestas y entrevistas a líderes vecinales pudimos georeferenciar y caracterizar estos asentamientos humanos donde se concentra la mayor cantidad de población urbana viviendo en situación de pobreza, y así conocer sus problemas, sus urgencias y sus virtudes.

Nuestra intención es poner a disposición de la sociedad en general, gobierno, instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil, esta información para que en conjunto busquemos soluciones y estrategias de acción.

Hagamos mucho más que esto.

“Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos.” — Art. 46 de la Constitución de la República del Paraguay, 1992