Las reformas constitucionales que un país joven necesita

Soy un guatemalteco de veintiún años. Cuando nací, en el año de la Firma de la Paz, la Constitución Política de la República llevaba once años de vida y ahora, treinta y dos después, no ha tenido ningún cambio en su espíritu ni estructura. Es decir, el contrato social de mi país está diseñado para ciudadanos de los ochentas, aunque un aproximado del 70% de la población tengamos menos de treinta años.

Partamos del sentido de la ley. Para mí, como ciudadano, es el de los límites. No necesitaríamos leyes si fuera cualidad nuestra ponernos de acuerdo siempre y para todo. Si bien la ley limita nuestra libertad individual, es el único recurso capaz de brindar la garantía. Cuando esto sucede, la ley máxima (conocida como Constitución), se convierte en el contrato de un pueblo para vivir civilizadamente. Siendo mínimamente lógicos, los términos de un contrato corresponden a una realidad definida y sus condiciones; si las condiciones cambian, el contrato debe ser capaz de estimar todas las variaciones para mantenerse vigente.

Claramente, en Guatemala la realidad y sus condiciones han variado sin mesura, no diré que en los últimos treinta y dos años porque no hace falta. Sin ser extensivo en el tiempo, el país no es el mismo de hace dos años. Pero el derecho, más allá de todas las luchas que ha librado en este periodo, ha carecido de capacidad para atender estos cambios en la realidad social y política guatemalteca.

¿Qué nos merecemos? Reglas de un juego que ha fracasado en su modelo de administración de justicia o nuevas reglas que nos permitan atender aspectos esenciales de la realidad que vive una sociedad claramente distinta. Para nuestros diputados, pareciera que funciona bien la primera opción, por ser reflejo claro de un Estado sin capacidades ni voluntades, en el que sus intereses personales pueden ser satisfechos con gran facilidad, y aquí el problema. Nuestros debates políticos en el Congreso de la República, muchas veces torpes por la natural torpeza de quienes nos representan, no se han desarrollado por el país, sino en defensa de los sectores tradicionales y con el único objetivo de proteger a quienes lo tienen de cabeza. Pareciera que su verdadero interés es polarizar y crear confusión aprovechándose de su maquinaria mediática servil y presta a las tranzas a costillas del país y sus instituciones. Los guatemaltecos de a pie, debemos alejarnos del juego de estos todo menos honorables, que hoy se presentan como oposición a las reformas, pero son ante todo, la oposición de la construcción de una Guatemala justa.

Exijamos a nuestros diputados una legislación para todos, un contrato social que corresponda a la realidad y que represente los intereses de un pueblo y no de un sector privilegiado; leyes que sean responsables con el guatemalteco y la guatemalteca, desde su diversidad. Exijamos que nuestros debates sean sobre las leyes, sobre la Guatemala jóven y para los jóvenes; por el país que queremos y construiremos, y no en defensa del país que los corruptos han destruido. Haciendo paráfrasis de Fréderic Bastiat, reemplazando las fuerzas individuales por la colectiva.

En Guatemala, la ley se ha contradicho en su fin. Ha puesto la fuerza colectiva en favor de los que quieren enriquecerse. Y no faltará quien diga que la ley existe, pero hace falta cumplirla. Sí, pero el primer paso para que una ley se cumpla es que sea respetable, que sea legítima antes que legal. Porque también la ley puede equivocarse.

Soy un joven guatemalteco de veintiún años, y quiero que la Constitución Política de mi país, en lugar de intocable, sea humana y cumpla su fin conciliador. Quiero que la Constitución sea razonable con mi futuro, con el futuro de mi hermana y el futuro de mis hijos; pero también con el futuro de millones de guatemaltecos que no han tenido tantos privilegios como yo.