Desde la perspectiva de Negociación y Mediación : CASO BELOMONTE, Brasil

Introducción

Belo Monte es la tercera represa más grande el mundo, se encuentra en la selva amazónica de Brasil, cuya locación ocupa un sector considerable del Río Xingú. Es en dicho sitio donde el gobierno de Brasil planea, desde 1970, construir canales e hidroeléctricas que obligarían a grupos indígenas habitantes de esa zona a trasladarse a otros lugares abandonando así sus tierras ancestrales, su cultura y estilo de vida, y trayendo como consecuencia la pérdida de la continuidad de estos grupos.

La empresa estatal Eletrobras la encargada de la construcción de la obra hidroeléctrica, por lo que la competencia de reubicación e indemnización de los grupos afectados recae en el Estado brasileño. No obstante, los grupos se oponen a la construcción de la represa y se niegan a salir de la zona ya que la consideran parte de sus tierras ancestrales. Además, el Estado no ha encontrado espacios adecuados de reubicación que sean aceptados por los indígenas para llevar a cabo el proyecto de manera pacífica. Esto ha desencadenado décadas de protestas en contra de la destrucción del ecosistema, vegetación y vida animal que se perderá con la construcción de esta gigantesca obra de ingeniería que Brasil considera necesaria para impulsar su economía.

El conflicto, que lleva más de 40 años hasta el día de hoy, ha recibido atención internacional y la intervención de organizaciones como la Sociedad para la Defensa de los Derechos Humanos (SDDH), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues el desarrollo del mismo ha estado marcado por violaciones de derechos humanos, ataques a la libre expresión y a la libre decisión. A pesar de las pocas reuniones entre los grupos indígenas afectados y los representantes del gobierno brasileño, ambas partes son muy cerradas y ponen sus intereses por encima del bienestar de las dos partes.

Mientras los indígenas de la zona Xingu sufren por la afectación de sus tierras natales, los diferentes gobiernos de Brasil han intentado continuar con la construcción de la represa Belo Monte. Los indígenas cuentan con el apoyo de grupos ambientalistas y durante años han tratado de encontrar la vía legal para detener este conflicto. Sin embargo, la ley de Brasil ha estado siempre en favor de los intereses del Estado dando así más motivos para que el conflicto perdure en vez de cesar.

El siguiente trabajo académico analizará los orígenes del conflicto para determinar mediante su evolución cuales han sido los problemas que no han permitido la resolución del mismo. También, se estudiarán las partes y sus intereses para poder entender los puntos de discordia en los que gira en torno el problema, así como también los diversos intentos de negociación que han existido.

HISTORIA DEL CONFLICTO BELO MONTE

Fue en 1970 cuando comienzan los planes para represar el río Xingu durante el período de la dictadura militar en Brasil. Los planes para lo que se llama originalmente el Complejo Kararaô Presa constan de seis represas a lo largo de la cuenca del Xingu. Lo indígenas que se encontraban cerca de la zona tuvieron una reacción negativa pues los embalses de estas represas inundarían directamente los territorios y los miles de kilómetros de bosque protegido indígenas.

En octubre de 1975, se lleva a cabo la encuesta inicial por una de las propuestas de seis represas, la Babaquara Dam, más tarde llamada la presa de Altamira. Varios años después, en marzo de 1987, la compañía eléctrica brasileña Eletrobras produce un plan masivo conocido como el “Plan 2010”, que proporciona información sobre las presas que se espera construir en todo Brasil para el 2010. El plan oficial enumera 297 presas que se construirán a lo largo del país; 79 de ellas están previstas para la región de la Amazonia. El plan, el Kararaô más tarde se denomina Belo Monte (AIDA, 2012).

En respuesta a estas propuestas, en 1989 se dio lugar a la primera reunión de indígenas en Altamira se realizó en febrero de ese año. Al siguiente mes, se presentan las propuestas iniciales para represar el río Xingu por parte de pueblos indígenas y ambientalistas, que culminó en el primer “Encuentro de los Pueblos Indígenas en Altamira” (Amazon WATCH, 2000).

Finalmente, en marzo de 1998, reaparece la construcción de la represa en Altamira y en reacción de la construcción, los indígenas presentaron una demanda a la Procuraduría General de Justicia por el impacto ambiental que generaba la construcción de Belo Monte en marzo del 2000.

Desde el 2001, se han venido efectuando los planes para la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte, el cual estaría cotizado en $19 mil millones. Su plan de construcción tuvo diferentes tipos de reacciones alrededor del país y del mundo, pero principalmente de los afectados directos que son las tribus indígenas que viven cerca de la construcción de la hidroeléctrica (Amazon WATCH, 2000).Pero, a pesar de los diferentes encuentros que se han venido dando a lo largo de su construcción, el proyecto se ha venido poco a poco realizando. Cabe recalcar que Belo Monte sería la tercera represa más grande del mundo y que estaría ubicado dentro de uno de los ecosistemas más importantes del planeta como lo es la selva amazónica (AIDA, 2011).

El proyecto de la represa Belo Monte tiene diferentes ventajas para el pueblo brasileño. Para alcanzar un desarrollo sustentable, el Estado de Brasil prioriza la utilización de energía a través de fuentes renovables como lo estaría haciendo aprovechando el sistema hidroeléctrico Belo Monte. El ministro de Energía, Edison Lobao, indicó que el país necesita de esa obra para responder al aumento anual de la demanda de energía eléctrica de 5% al año, caso contrario sólo esta podría ser respondida con contaminantes termoeléctricas a diesel o carbón (2011).

Por otro lado, se encuentran los diferentes pueblos indígenas, quienes reclaman sobre la priorización del desarrollo económico de Brasil por encima del respeto por la autodeterminación de los pueblos y nacionalidades del país. Desde el inicio de la construcción en 2011, la ciudad de Altamira ha sido testigo de una afluencia masiva de inmigrantes, lo que provocó un aumento de las actividades delictivas, así como el colapso de los servicios de salud, el fallo en la educación y problemas de saneamiento, es por esto que la reacción de la población en Altamira y Vitória do Xingu ha sido negativa. (Amazon WATCH, 2000).

Personas y grupos de todo Brasil han protestado continuamente por lo que consideran que la construcción de la hidroeléctrica representa una amenaza a la salud del país entero, además de ser un peligroso precedente de la construcción de represas en la importante selva amazónica. A su vez, estos mismos grupos reclaman que ha habido graves amenazas contra líderes de las comunidades, defensores de derechos humanos y otros actores involucrados en el caso (AIDA, 2011).

Asimismo, estos grupos sociales muestran su preocupación por el daño del medio ambiente porque a pesar de que se realicen estudios de disminución de impacto al medio, es inevitable intervenir en un territorio para la construcción de una represa sin cometer ningún daño ambiental. Cabe recalcar que el estudio de impacto ambiental (EIA), realizados para la construcción de la hidroeléctrica por parte de la compañía Eletrobrás en el 2009, no contiene información completa sobre los impactos potenciales del proyecto o las medidas de mitigación a ser adoptadas para garantizar los derechos de las comunidades afectadas (AIDA, 2011).

Entre los diferentes temas a resolver de este conflicto, se encuentra el acuerdo que beneficie a ambas partes. Por parte del Estado, se está pensando en el pago de un precio que permita a los indígenas desplazados por la construcción de la represa empezar una nueva actividad económica que reemplace a la pesca/agricultura a la que se dedicaban y Construcción de casas en nuevas comunidades que permitan la adecuada reubicación y adaptación de los indígenas (Labao, 2011). En cambio, por parte de los grupos sociales e indígenas que se encuentran en contra de la construcción de esta infraestructura, se busca el respeto de su tierra, hogar donde vive la mayoría y a su vez, el paro definitivo de la construcción para así evitar la contaminación que esta causa (Pimentel, Moncau, & Spensy, 2011).

La última unidad de decisión (UDU) en el caso de Belo Monte es difícil de establecer debido que durante más de 40 años han existido negociaciones fallidas que han impedido la construcción del conjunto de represas. Por este motivo, el UDU se divide en dos partes ya que ambos grupos han tenido la última palabra en ciertos momentos del conflicto, tanto como el Estado de Brasil y los movimientos sociales de oposición al proyecto.

La construcción del grupo de represas “Belo Monte” tuvo sus orígenes en 1970 con los primeros planos de construcción y hasta el día de hoy, no se ha terminado de construir debido a la presión de organizaciones ambientalistas y grupos indígenas. Por esta razón, ha habido varios actores políticos de diversos gobiernos por lo que el conflicto se convierte en un problema para el Estado y no para un solo actor o gobierno de turno.

Los funcionarios del gobierno han adoptado durante años la posición oficialista de apoyo a la construcción de las represas “Belo Monte” y han tomado apoyado la construcción frente a Tribunales de Justicia Nacional e Internacional, para así poder beneficiar a los ciudadanos del país.

Por otra parte, se encuentran los diversos grupos ambientalistas de la sociedad civil, los representantes de grupos indígenas, las tribus indígenas y organismos internacionales como la CIDH , se han unido para ser la oposición frente a la decisión del gobierno brasileño de construir el grupo de represas Belo Monte. A pesar de que han pasado más de 40 años en esta lucha, es posible decir que las acciones de estos grupos cohesionados han sido de cierta manera efectivas ya que no se ha podido avanzar con el proyecto. Sin embargo, sigue siendo un tema en la agenda del gobierno brasileño por lo que ningún grupo ha tenido la última palabra en estas negociaciones.

Entre los diferentes grupos indígenas que han sido afectados por la construcción de la hidroeléctrica están:

· Yudjá: tribu indígena que vive en la Tierra Paquiçamba, teniendo un impacto directo por la hidroeléctrica y su contaminación.

· Arara: Tribu indígena que vive en la Tierra Arara da Volta Grande, también son afectados directamente por la represa.

· Jurunas: Habitantes de la aldea cercana a la construcción de la represa hidroeléctrica reciben un impacto directo por su construcción

· Asurini do Xingu (Tierra Indígena Koatinemo).

· Altamira (Tierra Indígena Altamira).

Es importante también mencionar que dialogo entre el Estado de Brasil y los indígenas han sido pocos, puesto que ambas partes no se han visto dispuestos a ceder frente al conflicto. En una carta dirigida al presidente Lula da Silva, los kayapós declaran lo siguiente: “No queremos que esta presa destruya los ecosistemas y la biodiversidad que nosotros hemos cuidado durante milenios, y que aún podemos preservar”. Los representantes indígenas denuncian la falta de voluntad del gobierno brasileño de respetar las medidas cautelares solicitadas en abril de 2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Pimentel, Moncau, & Spensy, 2011).

También es importante mencionar que, en febrero del 2010, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) otorga a Belo Monte una licencia de instalación “parcial”, las cuales no existen en la legislación brasileña. En abril del mismo año, el Tribunal de apelaciones regional revoca una decisión del juez federal Antonio Carlos de Almeida Campelo de suspender la licencia para la presa. El caso continuó hasta febrero del 2011, cuando un juez federal ordena la suspensión de la construcción de Belo Monte, debido a la insuficiencia de Norte Energía para cumplir con las medidas de mitigación y para junio del mismo año, el Gobierno de Brasil emite la licencia de instalación completa permitiendo la represa del Complejo de Belo Monte para romper la tierra.

MEDIACIÓN DEL CONFLICTO

El proceso de resolución del Caso Belo Monte ha incrementado los conflictos sociales y ha causado daños a los sistemas de salud y seguridad pública. Durante el conflicto no ha existido un mediador que logre que ambas partes se sienten a dialogar para lograr un acuerdo pacífico, es por esto que los grupos indígenas recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como mecanismo de defensa de sus derechos, pues nunca obtuvieron resoluciones favorables en el sistema legal de Brasil. La CIDH solicitó que el Gobierno Brasileño use tácticas adecuadas que preserven el ecosistema y tome en cuenta las recomendaciones que hacia el colectivo indígena. Brasil repudió las recomendaciones de la CIDH y amenazó la diplomacia deslegitimando la organización y haciendo caso omiso a su pedido.

La CIDH no puede ser considerada un mediador dentro del conflicto ya que sus únicos intereses responden a hacer cumplir los derechos de las partes sean estos los que fueren. Tanto los derechos de los indígenas a proteger sus tierras, así como el derecho que tiene el Estado de Brasil de usar los recursos naturales de su territorio. Además, la CIDH no fue pactada por ambas partes para lograr una negociación debido a la postura inflexible de los diversos gobiernos de Brasil durante los años que ha trascendido este conflicto.

Gracias a la CIDH fueron establecidas medidas para proteger la salud de los miembros de las comunidades indígenas de la cuenca del Xingú afectadas por el proyecto Belo Monte, asimismo garantizar que el proceso aún pendiente para regularizar las tierras ancestrales de los pueblos indígenas de la cuenca del Xingú finalice pronto y adoptar medidas efectivas para proteger esas tierras de la intrusión y ocupación de personas no indígenas, y de la explotación o deterioro de sus recursos naturales de la región .

En 2011 se presentó una petición ante la CIDH contra Brasil alegando su responsabilidad en la violación de derechos humanos en el caso Belo Monte. La petición fue presentada por el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre (MXVPS), la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH), Justicia Global y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) con el apoyo de otras organizaciones brasileñas. La petición logró que la CIDH endurezca sus medidas cautelares:

1) Proteger la vida, la salud, y la integridad física de los miembros de las comunidades indígenas de la cuenca del Xingú que viven en aislamiento voluntario, y para proteger la integridad cultural de las mismas

2) Adoptar medidas para proteger la salud de los miembros de las comunidades indígenas de la cuenca del Xingú afectadas por el proyecto Belo Monte

3) Garantizar que el proceso aún pendiente para regularizar las tierras ancestrales de los pueblos indígenas de la cuenca del Xingú finalice pronto, y adoptar medidas efectivas para proteger esas tierras de la intrusión y ocupación de personas no indígenas, y de la explotación o deterioro de sus recursos naturales. (AIDA, 2012)

Las medidas sugeridas por la CIDH hicieron que su relación con el gobierno se torne un poco inestable pues Brasil retiró su candidato a comisionado de la CIDH, asimismo durante las reuniones de la CIDH existieron discusiones en torno al tema y se comenzaron a tomar medidas beligerantes y unilaterales en temas que van en contra de sus intentos por presentarse como un país pro-derechos humanos y multilateral. Brasil también dejó de asistir a la reunión que organizó la CIDH sobre el caso Belo Monte.

El rol de este actor (CIDH), es más cercano al de un arbitraje que al de un mediador debido al carácter vinculante de sus decisiones frente al conflicto. Y al decir vinculante, no se refiere al dictamen formal de una corte puesto que se habla de la CIDH y no de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El carácter vinculante se refiere a que la CIDH puede hacer que otros países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) tomen medidas que sancionen de cierta manera a Brasil.

Por otro lado, su rol puede ser considerado pasivo debido a que ambas partes son muy fuerte como para proponer una solución definitiva que las satisfaga. Sin embargo, la CIDH hace propuestas sobre cómo llevar de mejor manera el proceso de construcción de la Represa Belomonte para que ambas partes se vean menos afectadas.

Negociación forzada

En septiembre del 2012, el Ministerio Público Federal (MPF), presenta una apelación ante la Corte Suprema de Brasil para detener la construcción de la represa de Belo Monte hasta que se celebren consultas con los pueblos indígenas afectados por el proyecto; asimismo, en octubre del mismo año, un juez federal ordena una negociación conciliatoria entre las comunidades afectadas y del consorcio Norte Energía. Después de dos días de intensas negociaciones, el director de Norte Energía, Carlos Nascimento, se comprometió a “honrar los compromisos asumidos, respetando la cultura de los pueblos nativos afectados por la represa” (2012).

Otro hecho importante que marcó este conflicto fue en marzo del 2013, cuando los líderes de 26 comunidades indígenas kayapó se reúnen en la ciudad amazónica de Tucuma para discutir la oferta de US $ 9 millones de dólares de la agencia de energía eléctrica estatal brasileña Eletrobras, destinada a financiar proyectos de desarrollo en su región durante cuatro años. El líder de Kayapó rechazó por unanimidad la financiación del gobierno, considerando que el dinero era de un proceso corrupto (Amazon WATCH, 2000).

Naturaleza de la Negociación

La negociación en el caso Belo Monte ha sido un proceso poco existente, debido a que ninguna de las partes cede para poder lograr un diálogo que los lleve a buscar soluciones reales al conflicto. Ambas partes poseen metas excluyentes debido a que al Estado de Brasil le interesa únicamente el beneficio económico que traerá el conjunto de represas, olvidando así su rol de proteger a sus ciudadanos. Por otro lado, las comunidades indígenas se niegan rotundamente a salir del área de construcción y prefieren protestar antes que dialogar.

Para analizar correctamente la naturaleza de la negociación es necesario distinguir entre los paradigmas bargaining negotiation y problem solving de Hopmann (1995). En el caso del problema solving ambas partes pueden considerarse flexibles ya que no se aferran a sus posiciones y tratan de lograr una ganancia mutua donde ambas alcancen un beneficio. Por otro lado, el bargaining se refiere a negociaciones más conflictivas donde las partes son inflexibles y buscan siempre llevar la ventaja por sobre su oponente.

El caso Belo Monte es considerado como bargaining ya que el conflicto lleva más de 40 años sin resolución y en las pocas ocasiones en las que se ha podido establecer un dialogo, muchas veces forzoso bajo la vigilancia de un Organismo Internacional, han surgido temas aparte de la reubicación de los indígena. Temas como la protección del medio ambiente, las indemnizaciones y asignación de nuevas tierras son temas que los indígenas fueron adaptando entre sus intereses debido a que grupos ecologistas y defensores de los derechos humanos se unieron a la lucha contra Petrobras.

En los diálogos, siempre una de las partes quedaba insatisfecha debido a que no se lograban cumplir todas sus demandas. No se han conseguido acuerdos parciales satisfactorios ya que la inflexibilidad de las partes ha sido un tema que ha complicado durante años las negociaciones y es lo que actualmente mantiene la discordia entre los grupos indígenas y el gobierno, ya que parece que ninguna de las partes está dispuesta a ceder.

La consecuencia más catastrófica de la falta de negociación formal es la falta de una solución concreta a más de 40 años de conflicto en Brasil. Han pasado varios gobiernos y ninguno ha estado dispuestos a pensar un poco más en las demandas de la sociedad civil y en el daño ambiental que perjudicará a futuras generaciones indígenas que perderán su cultura ancestral. Entre otras consecuencias está la visión pobre que se tiene de Brasil en cuanto a protección de los derechos y cumplimientos de las demandas de sus habitantes, así como también todo el gasto económico y cansancio que han sufrido los indígenas en la lucha por no perder lo que tienen y lo que conocen como medio de vida: las bondades y riquezas de la naturaleza.

Consideraciones Finales

En el caso Belo Monte se ha conseguido un acuerdo más constructivo y mejorado la relación entre Brasil y la CIDH, así como también la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. En julio de 2013 la Asamblea General de la OEA eligió al candidato brasileño como comisionado de la CIDH, y Brasil está participando del proceso ante la Comisión. Aun así, Brasil aún no ha cumplido plena y efectivamente con las medidas cautelares emitidas por la CIDH en el presente caso frente a las peticiones de la colectividad indígena (AIDA.2015).

Como no se ha establecido una negociación seria entre el Estado de Brasil y los representantes del pueblo indígena, a pesar de que este conflicto lleve muchos años, no se puede establecer una renegociación. Debido a discrepancias entre el Estado y los opositores del Gobierno, la falta de dialogo y la firma de un acuerdo por ambas partes ha aumentado el nivel del conflicto ya mencionado, dificultando así que se pueda establecer un diálogo para buscar un beneficio mutuo (Pimentel, Moncau, & Spensy, 2011).

Brasil continúa con la construcción de la represa a pesar de que las interrupciones son continúas debido a “ataques” por parte de las poblaciones indígenas que buscan sabotear el proyecto Belo Monte. Los artículos de la Constitución de Brasil en los que se ampara el Estado para continuar con la edificación de la represa son:

Art. 49 numeral 16: Autorizar, en tierras indígenas, la explotación y aprovechamiento de recursos hidráulicos y la búsqueda y extracción de riquezas minerales.

Art. 175 numeral 1. La extracción de recursos minerales y el aprovechamiento de los potenciales a que se sus bienes, servicios e instalación podrán ser efectuados mediante autorización o concesión de la Unión, en el interés nacional, en la forma de la ley, que establecerá las condiciones específicas cuando esas actividades se desenvolvieran en zona fronteriza o tierras indígenas.

Art. 231 Numeral 3. El aprovechamiento de los recursos hidráulicos, incluido el potencial energético, la búsqueda y extracción de las riquezas minerales en tierras indígenas sólo, pueden ser efectuadas con autorización del Congreso Nacional, oídas las comunidades afectadas, quedándoles asegurada la participación en los resultados de la extracción, en la forma de la ley. (Constitución de la República Federativa de Brasil, 1988)

Conclusiones y Recomendaciones

Después de haber analizado el conflicto con relación a la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte en la selva amazónica de Brasil, se puede concluir que ambas partes, tanto el Estado de Brasil como las comunidades indígenas y los grupos sociales que están en contra de la construcción de esta infraestructura, deben ceder un poco para que pueda haber una negociación real, puesto que esto no se ha dado debido a que los dos involucrados negocian envueltos en su rol como partes, pasando por encima de sus intereses debido a que estos pueden variar para lograr una negociación pero las partes son fijas e inflexibles.

Brasil ha buscado desde el principio lograr construir la represa Belo Monte, es por esto que no le importado adoptar una actitud poco diplomática con organizaciones como la CIDH y reprimir decenas de manifestaciones indígenas. Incluso, es preciso decir que la Constitución de Brasil fue cambiada 10 años después de que se comenzara la planeación de la represa. La Constitución Brasileña de 1969 aseguraba que los recursos naturales y minerales son propiedad del Estado, sin embargo en la nueva y aún vigente Constitución de 1988 se especifica que estos recursos pertenecen al Estado aunque las tierras en las que estos se encuentren pertenezcan a comunidades indígenas. (Constitución de la República Federativa de Brasil, 1969)[SU7]

Entonces, es necesario preguntarse si realmente el Estado brasileño se preocupa por las comunidades indígenas como por las de los demás ciudadanos que posiblemente recibirán de manera más directa los beneficios económicos que traerán las represas. Además, es pertinente analizar si realmente Brasil es capaz de hacer lo que sea por lograr la construcción de esta gran obra que claramente es un punto por el que está dispuesto a seguir peleando.

Por otro lado, las comunidades indígenas continúan aliándose con organizaciones de la Sociedad Civil para lograr ser escuchados. Sin embargo, se debe recordar que las comunidades indígenas también han sido bastante rígidos con su posición ya que en varias ocasiones han rechazado ofertas monetarias y de negocios por parte del gobierno nacional. Los indígenas han sido igual de inflexibles que el Estado Brasileño.

La falta de negociación y tenacidad de las partes es un punto que puede hacer que nunca se llegue a una verdadera solución. Es por esto que se recomienda a las partes buscar un mediador, aceptado por ambas partes, para que se pueda suavizar el conflicto y así se pueda crear un ambiente más seguro y menos conflictivo para dialogar y llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

Bibliografía

AIDA. (2011). Obtenido de http://www.aida-americas.org/sites/default/files/Belo%20Monte%20Fact%20Sheet%20ESP%2014-02-12.pdf

AIDA. (2012). Represa Hidroelectrica Belo Monte. Recuperado el 01 de diciembre de 2015, de http://www.aida-americas.org/es/project/belomonte

AIDA. (agosto de 2015). Caso Belo Monte Brasil. Recuperado el 1 de diciembre de 2015, de http://www.aida-americas.org/sites/default/files/belo_monte_fact_sheet_esp_15-08-19.pdf

Amazon WATCH. (2000). Caso Belo Monte en Brasil. Recuperado el 14 de octubre de 2015, de http://amazonwatch.org/work/belo-monte-dam

Brasil. (1969). Constitución de la República Federativa de Brasil. Brasil. Obtenido de http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/esp88.html

Brasil. (1988). Constitución de la República Federativa de Brasil. Brasil. Obtenido de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm

Labao, E. (12 de enero de 2011). Hidorelectrica Belo Monte. Univision noticias.

Pimentel, Moncau, & Spensy. (agosto de 2011). La Amazonía en riesgo de caos. Obtenido de http://www.jornada.unam.mx/2011/08/13/ojarasca172inter.pdf

Territorio indígena y Gobernanza . (2014). Medidas cautelares en el Caso de la represa Belo Monte. Recuperado el 1 de diciembre de 2015, de http://www.territorioindigenaygobernanza.com/represabello.httm

Like what you read? Give Ana Belèn Chóez Vergara a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.