Venezuela: A 4 meses de las elecciones, avanza un proyecto para prohibir “mensajes fascistas”
Mientras se aproximan las elecciones con una oposición diezmada por las inhabilitaciones, el gobierno da un paso más en su política represiva con un proyecto de ley “contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares”. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, autora de la propuesta, declaró que esta tiene como objetivo establecer “medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica” y proteger a la sociedad venezolana de lo que se describe vagamente como “cualquier expresión de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza”. El diputado Jorge Rodríguez afirmó, por su lado, que es una “ley necesaria para debatir con la oposición”.
El proyecto, aprobado en comisión en apenas un día, prohíbe a los medios de comunicación la difusión de publicidad, propaganda o mensajes que hagan apología o promuevan la violencia y los obliga a “divulgar mensajes de carácter educativo que contribuyan a proteger a la sociedad de toda expresión de orden fascista o de similar naturaleza”. También regula las prohibiciones que ya pesan sobre las organizaciones y partidos políticos a partir de la sanción de la Ley contra el Odio de 2017 y la reforma de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.
De ser sancionada, el presidente tendrá la atribución de crear y regular una Alta Comisión contra el Fascismo, Neofascismo y Otras Expresiones, encargada de dictar pautas, reglamentos y políticas. El proyecto también contempla sanciones penales y administrativas por el incumplimiento de sus disposiciones, aunque los detalles de estas sanciones no se conocen completamente.
Tanto dentro como fuera del país se está alertando sobre los riesgos adicionales que esta ley supondrá al otorgar al gobierno aún más poderes para reprimir a la oposición y limitar la libertad de expresión. Los temores no son abstractos. Muy por lo contrario, están basados en experiencias concretas. Basta con recordar que la Ley contra el Odio fue utilizada como el marco legal para detener a activistas, periodistas y opositores por instigación al odio, terrorismo y traición a la patria. Entre ellos, a dos escritores que publicaron un artículo satírico sobre el fiscal general.
El proyecto también fue criticado por la vaguedad de la definición de “fascismo” y otras tipificaciones, un artilugio legal que ha sido frecuentemente utilizado para contener interpretaciones laxas en este país y en otros. En efecto, el fascismo es definido en la ley como “la postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial de origen étnico, social, nacional, que asume la violencia como método de acción política”.
Como venimos viendo, esta avanzada no tiene como único protagonista al poder ejecutivo, sino también al legislativo y al judicial. Ese frente sin fisuras políticas aparentes es la clave de la inhabilitación de candidaturas opositoras para las elecciones generales de julio, la clausura de partidos políticos y los nuevos riesgos emergentes para los medios de comunicación y las asociaciones civiles en todo el país. El proyecto de “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines” que analizamos en nuestra última edición podría ser aprobado la semana que viene, según declaró el diputado Diosdado Cabello.