LAS RESPUESTAS DEL G20 A LA CRISIS DEJAN FUERA A AMERICA LATINA
Por: Patricia Miranda & James Mencías
La actual crisis económica y social que enfrenta Latinoamérica no se debe exclusivamente al Covid-19. La mayoría de los países antes del Covid-19 ya mantenían considerables niveles de déficit fiscales y algunos enfrentaban altos niveles de servicio de deuda, así como limitados sistemas sanitarios y de protección social. Ya estábamos en puertas de una crisis y algunos países ya se encontraban en ella. Lo que ha hecho el Covid-19, principalmente, es acelerar la llegada de la crisis y complejizarla. Por su incidencia en múltiples dimensiones, a esta crisis se le sumarán 29 millones de nuevos pobres[1], 31 millones de desempleados[2], y el 9.4% de contracción de su PIB[3] en 2020.
Foto: Ane Escala Iparraguirre
Frente al panorama, la calidad del financiamiento al que acceda la región puede generar mayores riesgos aún. Si se trata principalmente de nuevos créditos para combatir el Covid-19, como hasta ahora ha ofrecido la comunidad financiera internacional, esto será un riesgo para la sostenibilidad fiscal en la post-pandemia. El razonamiento es simple, si ya antes algunos países de la región no podían enfrentar sus compromisos, qué hace pensar que un financiamiento exclusivo para la pandemia — que además será insuficiente para compensar el 9.4% de caída de la producción — solucionará la crisis?
Un financiamiento de calidad acorde a las urgentes necesidades de liquidez sería:
1. Acceso a financiamiento altamente concesional. Una salida clara y viable de este tipo de financiamiento es la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG), con una emisión más ambiciosa que la realizada en la crisis financiera global. Una asignación de acuerdo al poder de voto de cada país contribuiría a atender los problemas de liquidez; una reasignación de DEG de los países desarrollados que no los necesitan hacia los países menos favorecidos contribuiría a una solvencia y a un avance hacia la Agenda 2030.
2. La cancelación del servicio de la deuda por al menos dos años a países con dificultades de liquidez para financiar políticas frente a la crisis. La iniciativa del DSSI impulsada por el G20 es importante, pero no llega a la gran mayoría de países de América Latina. Si bien esta iniciativa constituye un respiro temporal para los países beneficiarios, solo pospone el problema para más adelante. Es importante también que el G20 convoque formalmente al sector privado y a los acreedores multilaterales.
3. El contexto de crisis demanda del G20 impulsar un proceso de reestructuración integral, oportuno, transparente, justo, pero sobre todo independiente; que se apoye en criterios de evaluación acordes al panorama actual de la deuda y priorice la inversión en protección social.
Más allá de una crisis de escala mundial que ha sido acelerada por el Covid-19, el cuestionamiento es al actual sistema fallido que no está respondiendo a la altura de las necesidades de esta crisis múltiple. El G20 debe cumplir con su mandato para promover la estabilidad económica y financiera, a la vez de asumir su rol frente al deterioro de las condiciones de vida de la población, el incremento de las brechas de género, y la poca garantía de derechos, que van a afectar al cumplimiento de la agenda 2030 al menoscabar los logros actuales ya alcanzados.
[1] ECLAC, The social challenge in the face of Covid19, 12 May, 2020.
[2] ILO, Covid-19 and the labour world
