El 18 de agosto pasado la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside la senadora Angélica de la Peña (PRD), convocó al inicio de audiencias para la sociedad civil sobre el tema de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares. Al encuentro acudieron diversas organizaciones de derechos humanos, expertos sobre la materia y también familiares y colectivos de familiares de personas desaparecidas.
Hay que recordar que el Congreso tiene un plazo de 180 días para crear una ley sobre la desaparición forzada de personas — según la reforma al artículo 73 de la Constitución, que se publicó el 10 de julio.
Al momento existen tres propuestas más conocidas (de las 42 que se han presentado en los últimos años): de Omar Fayad (PRI), Roberto Gil Zuarth (PAN) y Angélica de la Peña (PRD). Sin embargo, el Ejecutivo federal ha manifestado su deseo de presentar una iniciativa de ley en la materia como ‘preferente’, probablemente para coincidir con los tiempos de las visitas de los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Durante las audiencias, los participantes coincidieron en que es preferible elaborar una ley consensuada, íntegra y bien hecha a que se legisle con prisas.
Entre las observaciones, Santiago Corcuera, del Comité de la ONU contra la desaparición forzada de personas pero a título personal, comentó que “ojalá que ya se hable de hallazgos, de resultados, no tanto de búsqueda”, al tiempo en que insistía en que “no se trata de federalizar la búsqueda pero sí que haya coordinación entre todas las autoridades por ser un delito con efectos transestatales”.
El jurista Carlos Ríos señaló que existen muchas otras legislaciones y reglamentos que debieran adecuarse a la par de la aprobación de la Ley General. También dio que “es necesario legislar los incentivos procesales, para abatir la impunidad y lograr una solución satisfactoria, lo que logra no solo con la persecución sino con una investigación basada en el resultado”.
Juan Carlos Gutiérrez, de IDHEAS, comentó que “en las cárceles está el 90% de la información sobre desapariciones. Hay que darle más facultades al MP para obtener esa información” y que es necesario “construir una lógica de cadena de mando, para todos los que intervienen y ordenan la desaparición”.
Por su parte Samuel Kenny, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho, señaló que “se necesita un compromiso de todo el Estado para que haya un mecanismo de búsqueda trasnacional. Los migrantes sufren aún más para sólo intentar acceder a la justicia” y que “en la realidad la búsqueda se queda en oficios, no es eficiente. No salen a buscar a las personas”
Daniela Aguirre, del Centro Prodh, compartió que “se ha demostrado que los familiares han sido quienes mejor investigan. Hay que garantizar la coadyuvancia activa” y que en ese sentido “la ley es un paso pero no termina con el dolor de la gente”.
Desde Fundar, Andrés Díaz señaló que “estos delitos deben de ser imprescriptibles no sólo por el período en que la persona esté desaparecida sino también para los casos en que aun sabiendo se su paradero no se pueda denunciar por falta de medidas de protección”.
Los participantes coincidieron en que en el centro de la Ley General deben de encontrarse las víctimas y se debe tender al rescate.
Las representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja hicieron énfasis en que es imprescindible la “coordinar registros, bases de datos y herramientas informáticas”. Por su parte, Ina Zoon de la Open Society Foundation, señaló que “México debe de aplicar las convenciones y tratados internacionales ratificados, tipificando correctamente la desaparición forzada de acuerdo a los más altos estándares”.
Por parte de los familiares, habló María Herrera, de Enlaces Nacionales, quien con mucha contundencia señaló que
“a nuestros hijos no se los llevó el crimen organizado, sino el crimen institucionalizado… ésta fue una guerra directa a los hogares, a la familia. Ojalá que nunca estén de este lado, pero si no hacen nada probablemente vayan a tener algún familiar desaparecido en el futuro”.
A su vez, Mario Vergara de “Los otros desaparecidos de Iguala” comentó que han encontrado “104 cuerpos en fosas clandestinas. Ya encontramos a algunos de nuestros familiares, pero ¿quién encuentra a los culpables?”
Finalmente, Nora Guillermina Tello, Presidenta de Mujeres de Michoacán, expuso el caso de su esposo desaparecido y de su familia que ha tenido que soportar delitos graves cometidos contra ella, relacionados con la búsqueda de su marido. “Con tal de callarme son capaces se entregarme a otra persona. Me han entregado ya dos cuerpos pero ninguno es mi esposo. No quiero quitarle la tranquilidad a otra gente aceptándolos”
La audiencia tuvo una duración de 7 horas aproximadamente, y la senadora Angélica de la Peña se comprometió a hacer llegar el contenido de la misma a los demás senadores, a la par de que se comprometió a seguir dando espacios a los familiares y sociedad civil para abonar al debate en torno a la Ley.
