Tres anotaciones sobre el #SistemaNacionalAnticorrupción

1)

La publicidad de las declaraciones — patrimonial, de intereses y fiscal — es una medida complementaria dentro del SNA, por lo que es importante mantener la visión sistémica, es decir de articulación y coordinación entre cada una de las instancias, los mecanismos e instrumentos de rendición de cuentas y combate a la corrupción. El propósito ulterior del SNA es reducir los espacios de arbitrariedad y discrecionalidad en la toma de decisiones y la administración de los recursos públicos, y así prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción (por ejemplo, el enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, tráfico de influencias, etc.). Bajo esa consideración, hay que asegurar que las disposiciones planteadas en las iniciativas y demás documentos presentados en el Senado, en su conjunto, se encaminen realmente hacia ello:

La publicidad, como complemento, sirve para activar los ejercicios de control ciudadano, entre ellos la denuncia, cuya resolución es exclusiva de las autoridades encargadas de la verificación del contenido de las declaraciones — que no son, en ningún sentido, las organizaciones de la sociedad civil.

2)

Las propuestas legislativas — PAN, PRD y la Sen. Martha Tagle, por un lado y del Sen. Escudero (PVEM) y el Sen. Cervantes (PRI), por el otro — incluyen la obligación de publicar cierta información de las declaraciones, en el formato de versión pública. La diferencia — no menor — radica en las categorías de información que se incluirán en esa versión pública. Sin embargo, es importante subrayar que en ambas propuestas ya se reconoce — aunque sea de forma implícita — la necesidad de ampliar la información disponible de las y los servidores públicos. Como sabemos, un argumento contra la publicidad de las declaraciones es su supuesta inconstitucionalidad, que deriva de una interpretación demasiado limitada de la resolución de la SCJN sobre el amparo de Fundar para tener acceso a las versiones públicas de las declaraciones de los diputados de hace dos legislaturas. Al respecto, conviene tomar en cuenta que:

a) No hay ninguna disposición normativa que expresamente diga que el patrimonio es un dato personal y, por lo tanto, no puede divulgarse. Pero la interpretación conceptual y jurídica es que sí lo es.
b) La misma resolución de la Corte incluye la consideración de que el Poder Legislativo tiene la facultad de definir en las leyes cuál información es reservada/confidencial/pública conforme al razonamiento del interés público.

Esto es justamente lo que sucede, en mayor o menor medida, con las propuestas de los bloques parlamentarios: son las y los legisladores quienes están definiendo cuál información, de la contenida en las declaraciones, debe publicarse para prevenir y detectar posibles actos de corrupción — que es, precisamente, la razón de interés público.

Lo que veremos en la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas será el resultado de la discusión sobre el alcance que deba tener la versión pública de las declaraciones para la rendición de cuentas directa hacia la ciudadanía.

Revisa la propuesta de Fundar:

3)

#7leyesVScorrupción

Entre las OSC que participamos en la discusión legislativa, hay algunas que impulsamos activamente los principios de Parlamento Abierto en México, por lo que esta experiencia resulta valiosa para la agenda de apertura parlamentaria. Vale la pena identificar tres riesgos:

a) Estas discusiones no se desarrollan de forma aislada sino que el contexto influye poderosamente —en este caso el periodo electoral.

b) En algunas ocasiones hubo algo parecido a una ‘confusión de roles’ entre las aportaciones técnicas y el mandato representativo, por lo que conviene subrayar que las OSC no votan ni toman decisiones sobre el contenido final de las leyes; son los grupos parlamentarios los que deben, en todo momento, estar conscientes de su responsabilidad legislativa.

c) El riesgo mayor es la resistencia de los grupos parlamentarios a adoptar, en conjunto, las prácticas de parlamento abierto en los procesos legislativos. Esto se notó en la preponderancia de la lógica partidista/parlamentaria durante las discusiones, lo que dificultó notablemente la participación de las OSC en las mesas de discusión técnica.