Podemos, la caja B de la “moralidad”

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¡Sí se puede!, gracias a Podemos conocemos el populismo del Siglo XXI, políticas de telenovela mediáticas entre líos amorosos, celos de poder y normalización de condenas de delitos entre sus dirigentes. Sus grandes logros en estos últimos años a nuestra sociedad han sido la crispación y el desgobierno.

Podemos es un partido que practica la política de tierra quemada, la aniquilación del adversario que, para ellos, es un enemigo. Ahora están agonizando con las políticas y estrategias boomerang, llevan seis años exigiendo responsabilidades y el cumplimiento de un código ético que ahora se le vuelve en contra y que se niega a aplicarse a sí mismo.

Su falta de escrúpulos la ponen de manifiesto una vez más. Su reacción a las imputaciones obvia los argumentos y buscan directamente la desacreditación de la persona o del sistema.

Hicieron creer que les importaban las penurias que estaban pasando cientos de miles de españoles, pero solo les importaba usar el descontento que provocaban para impulsarse a una vicepresidencia, a una portavocía, a un ministerio, o a Galapagar. No hay mayor corrupción ni más despreciable que esa.

Seis años después, la historia de Podemos es la historia de una mentira, la historia de una hipotética estafa. La supuesta limitación de salarios a tres SMI, la donación a causas sociales del resto de las nóminas del partido o los microcréditos de sus simpatizantes, son en realidad una presunta historia de sobresueldos, malversación, administración desleal, blanqueo y financiación desde dictaduras utilizando plataformas externas creadas a tal efecto.

Pablo Iglesias y todos los representantes de Podemos deberían dimitir de inmediato si fueran consecuentes con las responsabilidades que siempre les han exigido a otros representantes públicos.

¿Puede el Presidente del Gobierno sostener en él a los máximos dirigentes de un partido imputado como persona jurídica, al igual que su tesorero, los más cercanos colaboradores, o la secretaría general? Si no hay dimisiones, Sánchez está obligado al cese.

La imputación de Podemos como persona jurídica abre el debate sobre como la nueva política está consiguiendo sortear fraudulentamente la Ley de Financiación de los Partidos Políticos utilizando productoras o plataformas externas para canalizar pagos, tanto desde el extranjero como desde las subvenciones electorales y de los grupos parlamentarios, hacia sobresueldos y organización de campañas mediáticas con las que consiguen visualización en los medios mediante campañas de desprestigio de sus rivales, la exageración, las fake news y los falsos dilemas sobre situaciones complejas.

La presunción de inocencia es un derecho fundamental que en España se niega desde que Podemos apareció en la escena pública, pidiendo condenas sociales y parlamentarias por delante y sin importancia de las decisiones judiciales, como hemos visto en días muy recientes con la figura del Rey Juan Carlos, que ni está imputado ni su causa judicializada en ningún caso.

Sin embargo, es un buen momento para distinguirse de esas prácticas totalitarias, que solamente derivan en una dictadura de las masas, y reconocer la presunción de inocencia y el derecho de defensa tanto a Podemos como organización como a todos sus representantes imputados.

Es cierto que esa presunción de inocencia y ese derecho de defensa nos los niegan ellos a todos de forma sistemática por motivos políticos, pero su respeto escrupuloso es rasgo esencial y diferenciador de lo que es un Estado de Derecho de lo que no lo es. Y España, al que le pese a Podemos, lo es.

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Portavoz del Movimiento Jóvenes en Libertad

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