Probablemente, algo se solucionaría si la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional se reformara para incluir una obligación adicional: Que en el momento de hacer el informe sobre cumplimiento del plan anual de comunicación institucional fuera obligatorio, además de dar los datos generales, especificar en qué medios concretos (televisión X, web S o periódico L) y con cuánta inversión en cada uno se realizó cada campaña. Del mismo modo el que los requisitos que rigen para la publicidad institucional estatal fueran de obligado cumplimiento por gobiernos autónomos y por corporaciones locales. En 2006/2007 los 5 ayuntamientos con más de 500.000 habitantes invirtieron en publicidad institucional el 35% de lo que dedicó la Administración Central. Transparencia, vamos.