Posicionamiento de la FEUCR a propósito de la situación fiscal


Que el rico pague como rico y el pobre como pobre” Alfredo González Flores ​

El año pasado, el déficit fiscal en Costa Rica se calculó en 5.1% del PIB, lo que corresponde a un faltante de aproximadamente 2 billones de colones. En lo cotidiano, las consecuencias de esa cifra se evidencian en una justificada percepción de inseguridad económica, en el aumento de la tasa de desempleo y subempleo, así como en el pronunciado desmejoramiento de las condiciones laborales, tanto en el sector público como en el privado, al mismo tiempo que limita la posibilidad de invertir en infraestructura, educación, salud y programas sociales. A este panorama, hay que agregarle la posibilidad de que para 2018, ese déficit crezca hasta alcanzar el 6% del PIB, según las proyecciones del Ministerio de Hacienda.

Como parte del movimiento social costarricense, creemos que la situación fiscal de nuestro país es delicada. Sin embargo, sostenemos que este problema no se resolverá vulnerando derechos laborales de trabajadores públicos, ni erosionando la institucionalidad de nuestro Estado Social de Derecho, puesto que las causas del déficit fiscal no tienen que ver con las remuneraciones en el sector público. Entonces, en principio, consideramos urgente establecer de dónde proviene el déficit, tanto en términos de sus causas, como de su ubicación dentro del marco institucional sobre el que se dispone el sector público.

Este problema no se resolverá vulnerando derechos laborales de trabajadores públicos, ni erosionando la institucionalidad de nuestro Estado Social de Derecho.

Lo que en medios de prensa se nombra como “déficit fiscal”, corresponde a la insuficiencia de ingresos solo en Gobierno Central: no en la totalidad del sector público. En otras palabras, dónde están dejando de percibirse aproximadamente 2 billones de colones es en Gobierno Central, que está integrado únicamente por los Poderes de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la totalidad de los ministerios y la Defensoría de los Habitantes. Esto quiere decir que ese rubro deficitario de recursos no involucra, entre las causas que lo provocan, los costos de operación y funcionamiento, ni las planillas de instituciones autónomas y descentralizadas. Esta precisión resulta vital cuando se la contrasta con el tono mal intencionado en que se ha dado el debate nacional, uno que ha hecho responsables por nuestra delicada situación fiscal a las instituciones del Estado, a las convenciones colectivas, y a las y los trabajadores del ICE, del INS, de Recope, de las universidades públicas o de la CCSS, todas, entidades separadas del Gobierno Central que es donde se genera el déficit.

A la luz de lo anterior, no se justifica entonces un proyecto como el que presenta Sandra Piszk, el 19.506, por dos razones principales. Grosso modo, el objetivo expuesto dentro del texto es el de producir algún grado de ahorro que ayude a reducir el déficit fiscal a través de una modificación tendiente a homogenizar las disposiciones que rigen la creación y reconocimiento de las remuneraciones adicionales al salario base de trabajadores públicos. En lo relativo a su ámbito de cobertura, en sus primeros artículos se especifica que se extiende a la totalidad del sector público (excepto a los bancos del Estado y el ICE e INS porque operan en régimen de competencia), cuando el déficit corresponde solo a Gobierno Central.

La segunda razón por la cual, el proyecto 19.506 es regresivo y no se justifica ni siquiera dentro los términos en los que se propone, está asociada a la consecuencia directa del déficit fiscal sostenido y creciente: el aumento en el porcentaje de deuda pública. De acuerdo con estimaciones de Hacienda, de sostenerse el déficit en su ritmo actual, el porcentaje de deuda pública ascendería a 60% en 2019, con profundas consecuencias en términos sociales. Para evitar que el aumento del déficit provoque a su vez un aumento de estas características en el porcentaje de deuda pública, se estima que el Gobierno Central debe reducir 3.8 puntos porcentuales el déficit actual, es decir, que del total de 2 billones de colones que fugan por concepto de déficit, debe asegurarse un recaudo de al menos 1.1 billones de colones. Ahora, cuando se considera un dato adicional extraído del estudio “Opciones para racionalizar el gasto en Costa Rica” hecho por el Fondo Monetario Internacional, se cae en cuenta que, en definitiva, el proyecto 19.506, ni lejanamente consigue lo que se propone, porque en ningún momento busca atender el fondo del problema: el estudio arroja que, en el peor de los escenarios, es decir, de suspenderse la totalidad de las remuneraciones adicionales por concepto de anualidad, el ahorro que podría lograrse sería de apenas un 0.03%. Esto quiere decir que ni extremando al máximo medidas de corte neoliberal, se cierra la brecha necesaria para evitar alcanzar el 60% de deuda pública proyectado para 2019, porque la causa del déficit en ningún momento se encuentra en las remuneraciones del sector público.

Entonces, una vez situado espacial e institucionalmente, lo que corresponde ahora es señalar las verdaderas causas del déficit, porque que este sea de Gobierno Central no se traduce en que la responsabilidad caiga sobre las y los trabajadores que ahí ejercen. Para el año 2013 el porcentaje de incumplimiento tributario, es decir, la elusión y evasión fiscal, se calculó en 8.22% del PIB. De ese total, la mayor parte corresponde a incumplimiento por parte de personas jurídicas del Impuesto General sobre la Renta, es decir, aquel que se cobra sobre los ingresos y las ganancias. En otras palabras, en nuestro país, son las empresas quienes más impuestos por concepto de renta evaden/eluden. A este panorama de fuga tributaria, habría que incorporarle la creación sostenida de exoneraciones y regímenes impositivos suspendidos, lo que provoca que se deje de percibir aproximadamente un 5.11% del PIB por impuestos. De hecho, según datos del Vigésimo Primer Informe del Estado de la Nación, desde 1953 hasta 2015, se aprobaron 1.272 exoneraciones fiscales aún vigentes y de ese total, un 45% son por plazos indefinidos.

En nuestro país, son las empresas quienes más impuestos por concepto de renta evaden/eluden.

¿Entonces, por qué culpar de la crisis a los trabajadores y trabajadoras de instituciones estatales?

Ahora, cuando el asedio dirigido hacia el sector público por emporios mediáticos con la intención de desprestigiarlo, se lo contrasta con los cuestionamientos que se han realizado a esas mismas empresas por evasión fiscal, es que se entiende la intención subyacente: conservar y profundizar las condiciones que hasta ahora les han permitido a ciertas personas jurídicas enriquecerse a partir de incumplimiento tributario y la discusión por las verdaderas causas del déficit pone en riesgo buena parte de su forma de lucro. Reconocer esto es vital, máxime cuando a nivel de opinión pública, la responsabilidad por nuestra delicada situación fiscal se ha volcado sobre las remuneraciones dadas a trabajadores y trabajadoras de instituciones estatales, aduciendo que es una mayoría la que devenga salarios de lujo, cuando la realidad arroja todo lo contrario. Tomemos la planilla de la Universidad de Costa Rica como ejemplo: de un total de 9236 funcionarios a junio de 2015, un 85% devengan salarios por debajo de los 2 millones de colones, mientras que solo el 1.93% gana más de 4 millones de colones.

Otra causa fundamental a tomar en cuenta, y que está íntegramente ligada a la anterior, tiene que ver con la dimensión estructural sobre la que se sostiene nuestra forma de recaudación tributaria y que favorece a las rentas más onerosas. Nuestro sistema de recaudo fiscal obtiene mayor volumen de tributos principalmente del cobro de impuestos de tipo indirecto, es decir, aquellos que se cobran por igual a todas las personas sin importar su grado de poder adquisitivo. El Impuesto General sobre la Renta es directo, porque se cobra proporcionalmente por el monto de ganancias e ingresos. Por concepto de impuestos directos, nuestro sistema de recaudo obtiene menor volumen de recursos que por el cobro de impuestos indirectos y si a esto le sumamos que el Impuesto General sobre la Renta es el que más evaden/eluden las empresas, ambas causas del déficit se encuentran y trabajan en conjunto para ampliar esa brecha.


Amparados en estos datos, desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, consideramos urgente atacar por el fondo las causas del déficit fiscal, por lo que apoyaremos la medidas que busquen reducirlo combatiendo el incumplimiento tributario. Sostenemos también, que la discusión relativa al lo que se percibe como “salario justo” y que se ha suscitado producto de la revisión malintencionada de las planillas de las y los trabajadores del sector público, debe dirigirse hacia la revisión de las condiciones laborales de las y los trabajadores del sector privado.