Cárcel para el pobre

Un martes de 2014, Ricardo Martinelli, se apareció con una comitiva de guardaespaldas, su Ministro de Gobierno, Jorge Fábrega, y los periodistas que cubren presidencia en el “más moderno centro carcelario de América Latina”.

El hombre que en la actualidad es investigado en casi una docena de casos de corrupción, que ha evitado la justicia con un auto exilio en Miami, Estados Unidos y una decena de abogados, inauguraba una fortaleza de 14 kilómetros, con 24 pabellones, 14 canchas deportiva y un centro para visitas conyugales con acondicionador de aire y áreas verdes. Una cárcel para otros. La obra tenía un costo de 170 millones de dólares , y según Martinelli, “le va a cambiar la calidad de vida a una gran cantidad de presos”.

La Nueva Joya es el nombre del penal que pretende mejorar el sistema carcelario panameño. Más de 16 mil ciudadanos, hacinados en más de 20 cárceles que pueden atender un poco más de la mitad de ellos. 60% de la población penal sin condena.

El avance carcelario ocurría paradójicamente en la época de mayor crecimiento económico experimentado en el país. A más ingresos, más cárcel. Por un lado anunciábamos la menor tasa de desempleo de América Latina, por otro lado se nos incrementaba la cifra de reos superando a la región. En 2009 teníamos 386 reclusos por cada 100 mil habitantes. Según Vivien Stern, experta en derechos humanos, políticas penitenciarias y representante del “International Center for Prison Research” (ICPR), actualmente por cada 100 mil panameños tenemos 392 encarcelados. Un incremento que se sustenta para la autoridad en la ola de delitos, por un lado. La tasa de homicidios en Panamá no supera las 20 personas por cada 100 mil habitantes, y en el sistema judicial burocrático, al cual no se le dota de los recursos suficientes.

Para Loic Wacquant, el sociólogo y profesor de la Universidad de California, Berkeley, autor de “Castigar a los pobres”, esta paradoja es provocada por el sistema económico. Su tesis parte de que el neoliberalismo conlleva un aumento en la inseguridad social por la pérdida de empleo y la reducción de la protección social.

“El Estado se vuelve altamente intervencionista y autoritario” explica el autor, para atacar la marginación que provoca modelo. Las oportunidades serían las cárceles.

“El resurgir de las cárceles pretende cumplir tres misiones que poco tienen que ver con la reducción del crimen: doblegar a los sectores de la clase trabajadora pos industrial más reticentes a aceptar la precarización del trabajo asalariado; poner en cuarentena sus elementos más conflictivos y superfluos; y controlar los límites aceptables a los que se deben ajustar los “ciudadanos de bien”, mientras se apuntala la autoridad del Estado dentro del restringido espacio que se ha auto asignado”.

En Panamá una mayoría de los reos son jóvenes entre 18 y 30 años. Ambos grupos concentran cerca del 50% de la población penal. Jóvenes sin estudio, sin familia, de barrios marginales, excluidos del modelo, vinculados a los crímenes más horrendos de la sociedad, que hacen el trabajo más sucio de los empresarios de la violencia de Panamá.

El día de la inauguración de La Nueva Joya, Martinelli dijo: “Siempre dije que las cárceles son universidades del crimen porque aquí como no hay nada que hacer y no hay programas de resocialización, el preso conoce a otros presos y amplia su capacidad delictiva escuchando historias”

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