La cuenta regresiva ha comenzado: la autorización fintech

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El camino hacia la autorización fintech ha comenzado. El día de hoy 10 de septiembre de 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las “Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera”, reglamentarias de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (“Ley Fintech”), que en el futuro serán conocidas, de manera similar a las reglas de otras instituciones financieras, como “Circular Única de ITFs”. Éstas entrarán en vigor (salvo por temas específicos de contabilidad, valuación, información financiera y su revelación) quince días después de su publicación. Por ITFs o Instituciones de Tecnología Financiera nos referimos tanto a las instituciones de financiamiento colectivo (“IFCs”) como las instituciones de fondos de pago electrónico (“IFPEs”). Las entidades que ya celebraban actividades propias de IFCs e IFPEs con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Fintech deben prepararse para solicitar y obtener la autorización para operar como ITFs. Hoy en día ellas encuentran bajo la protección del artículo octavo transitorio de la Ley Fintech, el cual establece que las personas morales en el supuesto descrito deberán solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) la autorización correspondiente para operar, ello en un plazo que no excederá de doce meses contados a partir de la entrada en vigor de la que hoy llamamos la Circular Única de ITFs. No parece que el tiempo sobre.

Desde nuestro punto de vista el proceso de autorización debe dividirse en dos: la primera parte, interna, donde los asesores y personal de la ITF que opte por autorizarse deberán identificar la normatividad aplicable y establecer planes de cumplimiento. Y una segunda parte que será el proceso mismo de autorización. En cuanto a la primera fase: si no hay regularización o adaptación a la Ley Fintech y sus ordenamientos por parte de las entidades que operan bajo el octavo transitorio difícilmente puede pensarse en obtener autorización. Por ello no hay que perder de vista los otros aspectos regulatorios que se están moviendo en conjunto con la Circular Única de ITFs. En esta misma fecha se publicaron las “Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera” (“Disposiciones PLD”), que en su mayoría entrarán en vigor al día siguiente de su publicación: estas disposiciones establecen el fundamento para elaborar el manual de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo que debe presentarse junto a la solicitud de autorización ante CNBV, las reglas de gobierno corporativo que deben implementarse a la brevedad (como la necesidad de contar con un Oficial de Cumplimiento y, en su caso, con un Comité de Comunicación y Control) así como la manera en que deberán (una vez obtenida la autorización de CNBV) regularizarse los expedientes de los clientes de las ITFs. Si se es una IFPE también habrá que tomar en cuenta las “Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Operaciones de las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico”, también publicadas este 10 de septiembre de 2018 y que entrarán en vigor un día después de dicha publicación, pues estas entidades deberán adaptar gran parte de su operación a esta normativa. Otro punto importante y que da la impresión de estar algo relegado en la discusión de los foros: las ITFs quedaron sujetas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros (“LTOSF”) y por lo tanto tendrán que cumplir con obligaciones de protección al consumidor estrictas en materia de contratos de adhesión, cobranza y publicidad, entre muchos otros. Claro, la propia CONDUSEF, autoridad encargada de administrar la LTOSF aún debe incorporar en su regulación secundaria la reforma, pero los principios de esa ley en muchos aspectos son claros y aplicables a las ITFs.

Los preparativos para la autorización no deberían ser un proceso en exceso difícil para las sociedades que ya guardan orden en su operación. En primer lugar, están los temas estrictamente corporativos: la creación de los proyectos de estatutos que tendrán que presentarse a CNBV y que deberán contemplar las actividades que se deseen llevar a cabo o se han venido realizando previo a la Ley Fintech. Otro paso será el nombramiento de los directivos y los consejeros, quienes deberán cumplir con los requisitos que establece la Ley Fintech para ello. Se tendrá que preparar el plan de negocios con las áreas financieras y tecnológicas y ajustar las comisiones que se cobran a la clientela dependiendo del tipo de actividad que se realice (pienso en la alineación de incentivos que deben implementar las IFCs). Asimismo, habrán de crearse todos los manuales que pide la Ley Fintech: operación, control interno, administración de riegos y organización, entre otros. La determinación del capital mínimo que oscila entre 500 mil y 700 mil UDIs dependiendo de las actividades que pretendan realizar las ITFs será otro tema de suma importancia. No se trata sólo de ver la Circular Única de ITFs y hacer una lista de los requerimientos y pasar lista: hay aspectos que requerirán una sensibilidad y atención mayores, por ejemplo, revisión de contratos de crédito que tengan vencimientos anticipados por cambios de régimen legal del deudor (en este caso la ITF), revisión de esquemas de negocio para prevenir conflictos de interés conforme a la Ley Fintech, levantar el inventario de contratos celebrados con terceros para la recepción y administración de recursos y cambios en los sitios web para adecuarlos a las normas de transparencia, entre muchos otros. El reto: que la empresa siga siendo rentable y que el paso a entidad regulada no sea traumático.

Una vez identificadas las normas aplicables, los planes de acción y los responsables, viene la segunda parte, la que corresponde a la autorización propiamente dicha.

Lo fácil: el inicio de la segunda parte, que será un escrito de solicitud listando los anexos. Es el único escalón donde los encargados de un proyecto de esta naturaleza descansarán. Luego, una vez cumplidos los requisitos mencionados antes, habrá que persuadir y acreditar ante el regulador que el negocio de la ITF es viable: tendrá que presentarse un estudio de viabilidad financiera para describir el modelo utilizado por la entidad y los supuestos de los cuales parte, así como estados financieros proyectados donde se muestre que se cuenta con los recursos suficientes para mantener una operación adecuada. Finalmente, pero no menor: todo el papeleo de anexos donde deberán acreditarse diversos supuestos y calidades de los accionistas, directivos y consejeros.

Intuimos que el trámite no será formalista. CNBV siempre ha sido económica en sus decisiones, enviando retroalimentación en el momento oportuno y ha permitido un diálogo franco en casos donde la regulación no ha sido clara. Esa es la experiencia en el caso de otras autorizaciones y procesos bursátiles. La pregunta es si un sector que ha saltado de la simplicidad a la regulación estricta podrá llegar a buen puerto. Las sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOM) tuvieron un filtro importante cuando el dictamen técnico en materia de prevención de lavado de dinero comenzó a ser obligatorio. El dictamen es un trámite bastante menor si lo comparamos con lo que deberán enfrentar las ITFs. Sin duda: regulación es costo, pero aquí el sector deberá echar mano de su capacidad de innovación, de su imaginación, sus habilidades organizativas y entender muy bien su modelo de negocio para logar la autorización en tiempo. Hoy empezamos el camino.

Eliseo Vite Franco

e.vite@vitemendozaabogados.com

www.vitemendozaabogados.com

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Financial lawer based in Mexico City

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