Las preguntas más frecuentes sobre el subsidio a la deuda campesina
Algunas claves para despejar tus dudas sobre los motivos de la #MarchaCampesina

¿Cuál es el origen de la marcha campesina?
La marcha campesina de este año se origina en un acuerdo no cumplido entre el Gobierno y los campesinos que fue firmado en el 2016. El acuerdo que tenía como objetivo solucionar el endeudamiento de los labriegos, que a su vez provenía de una virtual estafa.
En el 2016, centenares de pequeños productores se asentaron en la capital pidiendo la condonación de sus deudas. Deudas de créditos propiciados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para el cultivo de sésamo, chía y caña de azúcar y que incluía la distribución de semillas y asistencia técnica por parte del MAG y promesas de precios rentables para los productores.

¿Por qué los campesinos piden que condonen sus deudas?
Campesinos han denunciado que el MAG había distribuído semillas en mal estado, que la asistencia técnica prometida no había llegado y que al momento de vender su cosecha, los precios de mercado no eran los proyectados. Esto hizo imposible para muchos campesinos saldar las deudas públicas y privadas contraídas.
Luego de casi un mes de manifestaciones, llegaron a un acuerdo con el Gobierno de Cartes. Este acuerdo consistía en la instalación de unas mesas de trabajo para atender sus reclamos y presentar proyectos de leyes de apoyo a la agricultura campesina. En ese entonces, el Gobierno prometió apoyar firmemente al sector campesino.
Un año después, campesinos denuncian el incumplimiento del acuerdo y a ellos se suman pequeños productores de otros rubros en situaciones similares, afectados por la falta de políticas públicas y la creciente desigualdad en el campo, la ausencia de mercados y asistencia ante inundaciones y heladas.

¿Por qué el Estado tiene que subsidiar a los campesinos endeudados?
El Estado tiene una obligación constitucional de promover la agricultura campesina. Los artículos 114 y 115 de la Constitución Nacional se refieren a la necesidad de impulsar una reforma agraria, que consiste en “la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación”.
Además, se compromete al Estado a adoptar medidas que “estimulen la producción, desalienten el latifundio y garanticen el desarrollo de la pequeña y mediana propiedad rural”. Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería establece en su Marco Estratégico Agrario 2014–2018 como uno de sus ejes estratégicos el desarrollo de la agricultura familiar y la seguridad alimentaria.
La política de subsidios a la agricultura familiar no es algo nuevo. La Unión Europea implementa esta política desde 1958 a través de su “Política Agrícola Común”, con el fin de preservar su soberanía alimentaria y aumentar su competitividad.
Otro argumento por el que el Estado debe subsidiar a los campesinos endeudados es que de no encontrarse una solución, muchos de ellos perderán sus tierras a consecuencia de las deudas, y con ellas su único sustento. Pasarán a engrosar los porcentajes de pobreza, pobreza que ha crecido el último año en Paraguay.

¿Es cierto que la Ley de rehabilitación financiera está mal redactada al no especificar cantidad de beneficiarios, monto máximo o de dónde saldrá el dinero para el subsidio?
No. Muchas leyes emblemáticas de nuestro país no especifican estos datos, y no por ello han sido vetadas o rechazadas. Por ejemplo, las leyes que crean los programas que regulan las transferencias monetarias condicionadas — Tekopora — o la pensión alimentaria para adultos mayores no establecen cantidad de potenciales beneficiarios, el monto máximo de apoyo o la fuente de financiación. Asimismo, el Código Electoral Paraguayo, en el artículo 276 que refiere a los subsidios a los partidos políticos, no pone cifra de partidos, movimientos o alianzas a las que el Estado debe subsidiar. Tampoco indica monto máximo que pueden recibir los partidos ni la fuente de financiación de los subsidios.
Además, la Ley de rehabilitación financiera especifica claramente quiénes y cómo serán delimitados los beneficiarios. La confección de la lista de potenciales beneficiarios estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF). Los beneficiarios deben cumplir los siguientes requisitos: contar con hasta 30 hectáreas de tierra y deudas que no superen los 51 millones de Gs. (hasta 25 salarios mínimos). Dichas deudas deben estar vinculadas a la actividad agrícola necesariamente. Otras deudas no serán reconocidas. Estos indicadores delimitan en gran medida la cantidad de beneficiarios de esta Ley.

¿Pero cuántos campesinos son los afectados?
No existe una cantidad precisa hasta el momento. Se calcula que al menos son 17 mil de los 196 mil de pequeños productores campesinos inscritos en el Registro Nacional de Agricultura Nacional, la base de datos que será utilizada para establecer quienes serán los beneficiarios según la Ley.
¿Por qué los campesinos no realizan una lista de potenciales beneficiarios?
Aunque los campesinos pudieran tener números aproximados, el Estado es quién tiene la capacidad y la obligación de establecer esa lista. Capacidad porque es el único con la infraestructura para recolectar tales datos y acceso a la información financiera con el detalle de los créditos que podrían ser subsidiados. La obligación también deviene por principio de transparencia. Corresponde que siendo el Estado el que subsidia, sea éste el que realice el relevamiento de sus beneficiarios, del mismo modo que sucede con Tekopora y otros programas.

¿Es cierto que el subsidio costará más de 3200 millones de dólares, el 25% del Presupuesto General de la Nación?
No. Cartes afirmó tal cosa para vetar la Ley de rehabilitación financiera, pero mintió. Tomate un minuto y medio para leer por qué calificamos de bolaterapia la expresión del presidente en #LaPrecisa:
¿El Estado ha subsidiado/condonado otros sectores?
Si. El Estado asumió la deuda de la Azucarera Iturbe por valor de 15 mil millones de Gs.También existen denuncias periodísticas de que el subsidio del gasoil por Petropar a los sojeros alcanza los 140 millones de dólares. También ha subsidiado la compra de nuevos buses a los empresarios de transporte público, y sigue subsidiando el pasaje.
