INVESTIGACIÓN| Gritos y silencios en la dictadura: el diario Río Negro (parte I)
Los crímenes y los juicios: la verdad de sus protagonistas en el Alto Valle de RÍo Negro y Neuquén
¿Cómo funcionó la represión en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro durante la última dictadura cívico militar? ¿Qué papel jugó el diario Río Negro como actor mediático y político durante esos pesados años de plomo ? Gritos y silencios es una investigación periodística que busca responder estas preguntas a partir de la verdad testimonial de diversos protagonistas.
El golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976 al entonces gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón a cargo de la presidencia tras la muerte en 1974 del viejo líder, Juan Perón, estaba siendo aclamado desde hace un tiempo por una buena parte de la prensa argentina.
Para comenzar a comprender esto debemos partir de las raíces históricas de ese momento nacional particular y de toda América Latina. El poder económico dominante del país estaba alineado con los intereses geopolíticos de Occidente (Estados Unidos), en su confrontación económica y cultural con el bloque soviético y su lucha contra el “marxismo”. Ese poder que en sus inicios estuvo mas íntimamente ligado a los intereses británicos y rurales fue un aliado estratégico de las Fuerzas Armadas para defender su ordenamiento político, económico y moral.
Desde principios del siglo XX y más a partir del primer golpe de Estado en 1930 al gobierno de Yrigoyen, las FF. AA fueron un actor fundamental como disciplinador del sistema democrático argentino y brazo armado de los poderes dominantes. La reacción conservadora y anti-popular se recrudeció con la “Revolución libertadora” en 1955, golpe al gobierno peronista que marcó profundamente los siguientes años en la vida política e institucional del país.
De esta manera, frente a los procesos crecientes de organización para una transformación radical de la sociedad, la imposibilidad de domesticar a la clase trabajadora y al peronismo como movimiento de masas (que reclamaba la vuelta de Perón, el cese de la persecución y la proscripción electoral) y según el momento, las clases dominantes utilizaban a los gobiernos militares o democracias condicionadas y muy débiles para resguardar sus intereses (Onganía en 1966 y Lanusse en 1972).
Por ello, en ese contexto la misión del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, a modo de título parece muy elocuente según su propio programa para alcanzar la “paz social”, fue terminar con la organización y movilización de las clases populares que luchaban para cambiar el orden impuesto. Finalizar de una vez por todas con “el terror de la subversión” tal como el lenguaje mediático y judicial de la época lo daba a conocer al público y así poder entrar en una etapa de profunda re-conversión productiva y financiera atada directamente a las necesidades de los organismos de crédito internacional. La “bicicleta financiera” comenzaba a pedalear ejecutando los ejes principales del “Plan Cóndor” mediante el terror.
En efecto, el régimen comandado por las tres fuerzas — Ejercito, Marina y Fuerza Aérea — para silenciar a la sociedad con la prohibición de las libertades democráticas necesitó un armado discursivo que tuvo su principal escudo en los medios de comunicación dominantes de la época. Además aquella siniestra producción discursiva tejió una especie de acción pedagógica sobre las decisiones que debían tomarse en el poder político.
En el periodo del 76–83’ ese rol de la prensa escrita dominante, es decir el de las empresas periodísticas de mayor envergadura, estuvo inmerso en una fluctuante conjunción entre el discurso militar y los temas de la agenda mediática en los temas sensibles de la época. Se fue armando una compleja, tensa y contradictoria disyuntiva de lograr consenso social y político con el régimen y poder ejercer libremente el periodismo. En este sentido el rol de los medios de comunicación es clave porque abre una ventana histórica a partir de analizar elementos discursivos del régimen militar y la forma en que estos se articulación con los con los núcleos de sentido de las operaciones discursivas mediáticas.
En definitiva, la pretendida “gobernabilidad” fue posible por los consensos sociales que hicieron realizable el golpe de Estado y la legitimación al gobierno militar en ejercer el poder durante los años siguientes. Los grandes medios nacionales reforzaron la idea de que los militares venían a normalizar la vulnerable situación política del país. En algunos casos fueron mutuos beneficios políticos y económicos, hubieron además apoyos explícitos al régimen desde una convicción ideológica. No obstante también desde el gobierno militar se fueron definiendo diferentes mecanismos de censura que golpeaban desde la ilegalidad de la represión.
El filósofo y ensayista argentino Ricardo Forster sostiene que “la dictadura no pudo ser posible sin la complicidad civil que incluye por supuesto a la corporación mediática, a los grandes medios que alimentaron a la usina golpista, que ocultaron las políticas de represión, los campos de concentración”.
Muchos medios se inscribieron como actores políticos cuyas trayectorias ideológicas y modos de actuar en determinadas circunstancias pusieron en juego una compleja trama de discursos mediáticos que hicieron, en muchos casos una reproducción del relato militar sobre el “problema de la subversión”, las formas de “abatirlo” y la representación social del “enemigo interno”, así como de hechos de legitimación en momentos claves de la dictadura en su armadura discursiva-mediática.
Neuquén y Río Negro: el terror fue federalizado
Con el restablecimiento de las libertades constitucionales, en la provincia de Río Negro es electo Osvaldo Álvarez Guerrero como gobernador por el radicalismo. En ese contexto de apertura democrática surge la Comisión Provincial de Derechos Humanos de Río Negro, organismo que elaboró en 1984 un informe sobre el rol del Ejército y la Policía Federal y provincial en las detenciones ilegales de personas, secuestros y torturas cometidas durante la dictadura de Videla y compañía. Este documento es clave para entender como operó el terrorismo de Estado en la región.
La Comisión fue integrada por referentes de derechos humanos de distintas partes de la provincia, dato importante, uno de ellos fue el Doctor Julio Rajneri, director del diario Río Negro durante el gobierno militar.
La Periodista Alicia Miller, en la 2da parte de un informe especial del mismo medio titulado “Un documento clave para saber quiénes comandaban la represión” describe que la actividad de la Comisión se centró en dos aspectos:
- la recepción de denuncias sobre hechos ocurridos en Río Negro o referidos a rionegrinos pero sucedidos en Neuquén
- determinar la organización del aparato represivo y los responsables de los actos ilegales cometidos en perjuicio de ciudadanos de la provincia en el período vinculado con la represión ilegal, aún antes del golpe de Estado de 1976, por lo cual se abarcaron atentados planificados desde la Jefatura de Policía de Río Negro cuando era jefe de la institución Benigno Ardanaz y acciones ejecutadas por la custodia del profesor Remus Tetu, rector de la Universidad Nacional del Comahue”.
La Escuelita
En el año 2005 la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final reabre la megacausa judicial que tiene a más de 100 víctimas del plan clandestino y sistemático de aniquilamiento perpetuado por la dictadura cívico-militar. El centro clandestino de detención “La Escuelita” funcionó a partir de agosto de 1976 en terrenos del Batallón 181 de Ingenieros de Construcciones de Neuquén, en una antigua construcción de mampostería. En 1978 fue desmantelada.
En el 1er tramo del juicio enfocado en la Escuelita se condenó a 8 represores en 2008, el 2tramó trascendió a otros centros de detención como la Comisaria 24ª de Cipolletti, con más de 20 imputados y 40 víctimas, pero con obstáculos que dejaron a 8 acusados absueltos (hoy en proceso de enjuiciamento nuevamente). En el tercer tramo iniciado en el 2014 hubo 5 represores juzgados. En la actualidad se está desarrollando el cuarto proceso de enjuiciamiento, con 24 imputados y exactamente 28 víctimas, la mitad desaparecidas y el resto que sufrió persecuciones, secuestros y torturas.
El documento señala que la organización del aparato represivo estuvo dividida geográficamente. Los asentamientos militares de Neuquén capital tenían el control operativo de Choele Choel, la zona del Alto Valle y Bariloche. El resto de la provincia, incluyendo Viedma, dependía del comando del 5to Cuerpo de Bahía Blanca que a su vez comandaba a las dependencias neuquinas.
También identifica a José Luis Sexton (represor que murió impune), jefe de zubzona de Seguridad 52 –que abarcaba Río Negro y Neuquén- y al Mayor Oscar Lorenzo Reinhold apodado graciosamente como “el colorado” quien se desempeñaba como jefe de inteligencia, como responsables de la represión legal y clandestina. Es así que “durante la ola de allanamientos y detenciones realizadas inmediatamente después del golpe militar, los familiares eran derivados desde las comisarías y recibían –de Sexton o de Reinhold– explicaciones como si fueran procedimientos legales, pese a que los detenidos eran torturados”. El rol de la policía es parte del análisis de la comisión, ya a con los militares en el poder político, la institución “desapareció como organismo receptor de denuncias” y en las circunstancias en que recibió denuncias sobre desapariciones y procedimientos, estás “eran derivadas a vía muerta”.
Éste trabajo parte de la comprensión global que el miedo en libre ejercicio periodístico es un factor clave para comprender el rol de los medios de comunicación en aquellos años oscuros, con la idea de que son parte de un imaginario social y de un clima de época. En los hechos políticos más trascendentales de nuestra historia, es más su rol como actores políticos de gran peso. En este caso desenredar como se desenvolvió el diario más leído en toda la Patagonia, el diario Río Negro no debe estar ajeno a como se fue definiendo la sociedad en un clima de dictaduras militares en toda la región y los factores de poder que operaron en ella.
