Perú: Inclusión social con evidencias.

Una nutrida batería de Programas Sociales estatales se exhibió entre el 21 y el 25 de octubre en el Centro de Convenciones de Lima en el marco de la “Semana de la Inclusión Social”. Dicho evento estuvo a cargo del MIDIS y contó con la participación de distintos Ministerios.

En términos monetarios, los programas presentados en esta exhibición representan miles de millones de soles (sólo MIDIS cuenta con cuatro mil millones de soles el 2018), invertidos por el Estado Peruano para que “todas las personas puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que se encuentran en su medio”. Así define el MIDIS la inclusión social.

Por otro lado, de forma simultánea, se desarrolló entre el 22 y el 26 de octubre, en varios países de América Latina, la “Semana de la Evidencia”. Durante esa semana tuvieron lugar un conjunto de eventos dirigidos a fomentar el uso de evidencia científica en la toma de decisiones y en la implementación de Políticas desde el Sector Público. En otras palabras, se busca que el Estado invierta el dinero público priorizando aquellos Programas que han demostrado su efectividad para resolver los problemas por los que fueron diseñados.

En este contexto, resulta importante recordar que el año pasado el INEI registró — por primera vez en el presente milenio- un de incremento la pobreza monetaria en el Perú, la misma que alcanza al 21.7% de la población. En la misma línea, los resultados del informe del Índice Global de Pobreza Multidimensional 2018, elaborado por el PNUD y la Universidad de Oxford, ubican al Perú a nivel regional como el sexto país, entre 19 países, con la pobreza multidimensional más alta, detrás de Nicaragua, Honduras, Bolivia, Guatemala y Haití.

Los magros resultados de la inversión social en el Perú, hacen que la coincidencia entre la “Semana de la inclusión” y la “Semana de la evidencia” no pasen desapercibidas y generen un momento para reflexionar sobre la oportunidad, la pertinencia y –sobre todo- la efectividad de la inversión pública en el marco de la Política Nacional de Inclusión Social.

Lamentablemente, mientras que en la semana de la Inclusión Social participaron decenas de entidades públicas, en la semana de la evidencia, sólo participaron dos Ministerios (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Ministerio de Educación) y un Gobierno Regional (Ucayali).

Hablar de políticas públicas basadas en evidencias no es nuevo, a nivel nacional ya existen algunas iniciativas en esa dirección que hacen uso de evaluaciones rigurosas de la implementación e impacto de las políticas públicas para tomar mejores decisiones, incluso el mismo Ministerio de Inclusión Social cuenta con en su página institucional dedicado al registro de evidencias. Sin embargo, no resulta extraño constatar que los funcionarios y servidores públicos peruanos continúan enfocándose en el nivel de gasto y la cobertura de los Programas Sociales, antes que en los resultados, es decir, en los cambios sobre las condiciones de vida de las personas.

Los millones de pobres y pobres extremos del Perú, no pueden seguir esperando, cambiar de una gestión centrada en el gasto, hacia una gestión para resultados es necesario y debe ser prioritario en los Programas de Inclusión Social, Empleo y Lucha contra la Pobreza.

Tomar decisiones de política basándonos en evidencias tiene al menos dos beneficios: por un lado, mejora la eficiencia de la inversión pública, reduciendo el gasto innecesario y por otro lado, constituye un mecanismo de rendición de cuentas de cara a la ciudadanía, quien espera que sus contribuciones al estado sirvan para garantizar el ejercicio de sus derechos y resolver problemas públicos.

En ese sentido, podemos afirmar que las políticas públicas basadas en evidencias, generan resultados y por ende, permiten recuperar la legitimidad de las instituciones públicas ante la ciudadanía fortaleciendo nuestro frágil sistema democrático. Algo tan necesario en estos días de crisis.