Veinticinco Cadenas en 6 meses: ¿viola Cristina la ley?

El Gobierno utiliza este recurso con pretextos absurdos y en ocasiones insólitas, cada vez más seguido. Pero ¿qué dice la Ley y cómo debe interpretársela?

El uso impúdico que hace el Gobierno de la transmisión de sus actos por Cadena Nacional suscita la misma polémica cada vez que esto sucede. Lo hace con pretextos absurdos y en ocasiones insólitas, cada vez más seguido.

Sin lugar a dudas, se trata de una perversión de los fines con los que la Cadena Nacional fue concebida originalmente, inimaginable en cualquier democracia moderna. Los presidentes anteriores habían hecho hasta 2007 un uso prudente de este mecanismo comunicacional, útil en algunas circunstancias. Néstor Kirchner le habló al país en solo dos ocasiones.

Pero cabe preguntarse: ¿Cristina viola la Ley al disponer Cadenas Nacionales por doquier, con el solo objeto, nada disimulado, de forzar a la ciudadanía a escuchar el discurso oficial?

Los venezolanos están acostumbrados desde hace rato a las interminables Cadenas destinadas a vituperar a la oposición, la prensa crítica, el Imperio y, en general, cualquier enemigo circunstancial. Chávez llegó a hablar durante 10 horas seguidas.

Desde el oficialismo suele decirse que, si Cristina no empleara este recurso (lo que ha hecho mucho más que ningún otro presidente en democracia o en dictadura), nadie se enteraría de lo que la jefa de Estado tiene para decir, puesto que los “medios hegemónicos” no darían cuenta de ello.

Es un argumento más que encaja en el relato, pero no se condice con la realidad.

Los medios enemistados con el kirchnerismo se hacen eco de todos los actos y anuncios de la Presidente. Esto, lejos de ser una opinión, puede corroborarse con una visita diaria a los websites de los principales diarios. Lo que irrita al poder político es la lectura de la realidad que esos medios realizan, una postura reñida inexorablemente con la libertad de expresión.

En cualquier caso, aquel argumento justificador resulta, cuando menos, muy pobre, no solo por no obedecer a la realidad, sino porque desconoce el hecho de que existe una ley que “regula” esta cuestión.

Es la tan mentada Ley de Medios. En su artículo 75, la norma que el kirchnerismo presentó como su gran batalla cultural establece que la Cadena podrá disponerse “en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”.

Toda vez que la Ley ha sido tan poco precisa al respecto, creemos que el legislador ha dejado la cuestión abierta a las interpretaciones sesgadas.

No caben dudas de que lo de Cristina Kirchner constituye un exceso y persigue un objetivo de hegemonía comunicacional, reñido con los principios republicanos que, en el ideario populista, pasan a ser meros caprichos burgueses.

Pero no puede se puede decir, tampoco, que represente una violación a la Ley, pues ella no establece en qué casos es correcto hablar de “trascendencia institucional” ni a quién corresponde la determinación de este supuesto. En todo caso, esto deberá resolverse en la Justicia, otro de los enemigos preferidos del Relato.

En vista de que este Gobierno se ha excedido tanto en su facultad de utilizar la Cadena, de cara al futuro sería bueno que la Ley de Medios sea reformada en este aspecto, incorporándose algunas precisiones acerca de los supuestos en que es válido utilizar la Cadena Nacional.

Hemos visto Cadenas para inaugurar edificios municipales, incluso Cadenas sobre los mismos temas (como cuando la Presidente inauguró la Central Nuclear de Atucha II y luego volvió a hablar para anunciar su puesta en funcionamiento), mientras que, tras la muerte del fiscal Nisman, Cristina se tomó una semana para dirigirse al país, en un contexto de estupor generalizado. Es evidente que el abuso de la Cadena ha trastocado su sentido.

Máxime cuando altos miembros del Gobierno serán candidatos en las elecciones de este año, el abuso de la Cadena Nacional supone una inequidad escandalosa entre oficialismo y oposición, pues los recursos del Estado son puestos al servicio de una sola parte de la contienda.

Es imperioso volver a la senda de los países republicanos y abandonar la de los países autocráticos, donde la democracia sufre graves desajustes por la desigualdad de condiciones entre quien ejerce el gobierno y quien se encuentra en la oposición.

Bien entendida, la democracia representativa y republicana implica que la contienda electoral se desarrolle en condiciones igualitarias, que permitan una competencia justa de la cual salga el mejor. Algo que la identificación entre gobierno y partido torna ilusorio.

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