Vertiginoso deterioro de la educación argentina

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La Municipalidad de Mar del Plata acaba de tropezar con un escollo impensado en su objetivo de captar aspirantes para la Policía local. Claro que no han faltado postulantes, ni aptitudes físicas en estos: el problema es que quienes quieren unirse a la fuerza, cuya primera camada el intendente Pulti quiere poner en las calles en septiembre (un mes antes de las elecciones), no entienden lo que leen. En consecuencia las autoridades no consiguen cubrir el cupo de 1.000 uniformados que se propusieron para empezar.

La mayoría de los aspirantes son jóvenes formados en el sistema educativo estatal de los últimos quince años. Y no pueden sortear el primer “filtro” del proceso selectivo, un elemental examen de comprensión de textos: en la última convocatoria, de 800 inscriptos solo aprobaron 140 (menos del 20%).

El dato es inquietante. Pero conviene prestar atención a las explicaciones que ensayó el jefe de la fuerza, Fernando Telpuk.

“No hay una exacerbación de las exigencias, son cosas que se aprenden en primaria y secundaria. Se trata de analizar un texto, de sacar ideas principales. Entendemos que el examen es inclusivo”, dijo Telpuk a un portal.

Es curioso el uso que se hace con frecuencia del concepto de inclusión en la Argentina. Afirmaciones como esta explican parte del fenómeno que el país vive en materia educativa desde hace décadas. En un mundo que está logrando avances significativos en este campo (en especial países tradicionalmente deficitarios en la materia, como muchos de nuestros vecinos), las autoridades argentinas caminan a paso firme y acelerado rumbo a la decadencia, dispuestas a igualar a todos, pero hacia abajo.

No sorprendería que ahora se modifique el examen para así tornarlo más “inclusivo”, y poder reunir el universo de mil hombres que la política necesita “sacar del horno” antes de las elecciones.

Hombres que, por cierto, ya de por sí reciben una instrucción bastante laxa para convertirse en policías y así estar autorizado a portar un arma: según establece una resolución del Ministerio de Seguridad -a cargo del histórico del PJ Alejandro Granados-, la formación de los uniformados “tendrá como mínimo 12 meses de duración, incluyendo un período de práctica profesional en los puestos operativos de trabajo”, pero ese plazo puede reducirse “bajo circunstancias especiales” a solo seis meses.

EL VEREDICTO DE LAS CIFRAS

Claro que no se puede buscar en un jefe policial la respuesta a un déficit estructural que compete a la política. Pero entonces cabe preguntarse qué tiene para decir sobre el estado de la educación el gobierno kirchnerista, que lleva doce años en el poder, un lapso más que suficiente para torcer muchas variables.

En las últimas pruebas PISA (2012), que cada dos años realiza la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Argentina quedó relegada a uno de los últimos puestos de la región, obteniendo muy pobres resultados en las tres áreas evaluadas entre chicos de quince años: habilidad lectora, matemáticas y ciencias.

Consultado al respecto, el ministro Alberto Sileoni consideró que “los exámenes PISA están sobrevaluados” y que estos “no son los únicos indicadores para evaluar las competencias académicas y la calidad educativa de un país”. También se ofuscó con los críticos del Gobierno: “Este argumento sobre la eficacia de las pruebas PISA le sirve a algunos sectores de la oposición. Todo cede ante una única cifra que funciona para muchos como fetiche”.

Desacreditar indicadores cuando estos se presentan desfavorables es una práctica remanida del kirchnerismo. Y aunque no puede negarse que las calificaciones de la OCDE no representan la verdad absoluta, constituyen una herramienta útil para establecer estándares, fijarse metas y trazar un diagnóstico lo más acertado posible sobre el estado del sistema. En la Argentina, hace rato que algo no está bien y no es necesaria una prueba internacional para constatarlo, es suficiente con una visita a cualquier escuela pública del Conurbano. El kirchnerismo ha profundizado este deterioro que comenzó en gobiernos anteriores.

En este sentido van las medidas adoptadas el año pasado por la administración Scioli en la Provincia, al suprimir los aplazos en la primaria por entenderlos “estigmatizantes”. En otro orden, Kicillof “suprimió” a los pobres por considerar también estigmatizante esa denominación, aunque luego Cristina apareció ante la FAO “estigmatizando” al 5% de la población que ella reconoce como pobres, sin explicar hasta hoy en qué se basó para difundir en un foro internacional esas cifras que colocan al país en un privilegiado podio mundial.

No hay posibilidad de resolver una crisis profunda como la del sistema educativo si no se la diagnostica en forma rigurosa y “desideologizada”, algo para lo cual el Gobierno debería valerse de todas las herramientas a su alcance, renunciando a esa demagogia instalada según la cual, por ejemplo, desaprobar a un chico es “estigmatizarlo”.

Cuando lo haga, comenzará a revertirse este vertiginoso declive que no se detiene, en un país que supo ser el faro educativo de América latina.

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