Por: Nicole Huete (@NicHuete) y Daniel Salgado (@dsalgadom)

México es uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo en la actualidad. En nuestro país, se ha vuelto parte de la cotidianidad el que los periodistas y reporteros reciban intimidaciones, amenazas y ataques por parte de actores políticos, autoridades y organizaciones criminales. En 2012, casi la mitad de ataques en contra de periodistas —según Artículo 19— fueron perpetrados por agentes del gobierno, aumentando un 20 por ciento a nivel federal y un 64 por ciento solamente en la Ciudad de México.

En México la libertad de expresión —en la que se incluyen el derecho a la información y la libertad de prensa— se encuentra gravemente amenazada. En la última década alrededor de 80 periodistas han sido asesinados y 17 más se encuentran desaparecidos. El clima de violencia en México ha obligado a periodistas a exiliarse, abandonar su labor y a censurar sus contenidos, omitiendo los temas como la violencia, la corrupción y el crimen organizado. Los estragos de la intimidación en contra de su labor ha privado significativamente a la ciudadanía de conocer información fidedigna sobre la realidad del país.

En este contexto no ha de sorprender que desde 2011, nuestro país es considerado un país “no libre” por el ranking de Libertad de Prensa de Freedom House, en el que ocupa el lugar 134 entre 197 país. En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, México se encuentra en el lugar 152 de 180 países, después de haber caído 16 puestos en tan solo cuatro años. Así, en 2013 México fue nombrado el país más peligroso del continente para el periodismo.

A pesar de ser considerado un país con alto desarrollo humano, frecuentemente México es uno de los miembros peor evaluados de la OCDE y se encuentra en desventaja frente a los BRICS. Si México aspira a un mayor nivel de desarrollo, debe empezar por garantizar condiciones mínimas para gozar de plena libertad de expresión.

Sin embargo, cuando el Estado de derecho, la sociedad civil y las instituciones son débiles, la tarea de mantener honestos a políticos, gobernantes y empresarios se vuelve mucho más difícil.

Actualmente, periodistas y miembros activos de la sociedad civil, se apoyan en las nuevas tecnologías para seguir ejerciendo la libertad de expresión, aunque en ocasiones asumen un costo muy alto. Tal es el caso de Gregorio Jiménez, periodista veracruzano, quien fue encontrado muerto en febrero, presuntamente por información que publicó en sus artículos sobre tráfico y secuestros de migrantes en Coatzacoalcos, Veracruz. Así como Gregorio, Darío Ramírez, director de Artículo 19 en México, fue víctima de la delincuencia por defender la libertad de expresión. En marzo, su domicilio fue allanado y le fueron robados documentos de trabajo y una computadora a un mes de presentar una denuncia por hostigamiento hacia los miembros de Artículo 19 y justo al presentar su informe anual sobre el estado de la libertad de expresión en nuestro país.

En México, la amenaza constante a la libertad de expresión limita la facultad de exigir mayor rendición de cuentas, mejores políticas públicas y mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, lo que pone en riesgo la gobernanza democrática y, por tanto, el desarrollo económico de nuestro país.

Para garantizar la libertad de expresión la actual administración federal debe hacer una prioridad el correcto funcionamiento del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Para esto, es urgente que la Secretaría de Gobernación no sólo provea los recursos públicos necesarios, sino que también consolide su estructura interna, acumulando experiencia y ofreciendo resultados que mejoren la confianza hacia el recién creado mecanismo de protección.

A casi un año de la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las autoridades han sido incapaces de ofrecer garantías tangibles eficientes para la protección de los defensores y los periodistas, por lo que actos de agresión continúan ocurriendo y quedando impunes. Es imperante que se mejore la comunicación y la cooperación entre los distintos niveles de gobierno —estatal y federal—, debido a que la mayoría de las agresiones suceden en el ámbito de la esfera estatal de responsabilidad.

Esta libertad debe ser vista como un medio para alcanzar los niveles de desarrollo que posibiliten a un mayor número de ciudadanos en nuestro país gozar de un mejor bienestar. Ésta es una tarea que debe ser llevada a cabo en forma conjunta entre autoridades y ciudadanía.

Como país, nos encontramos en la disyuntiva de seguir por el rumbo actual hacia la pérdida total de la libertad para alzar la voz sobre los problemas que nos aquejan y demandar acción política en ese sentido, o cambiar la dirección en la que vamos y dar un giro de 180 grados que nos permita tomar control de las herramientas que tenemos a nuestra disposición para ser partícipes de un mejor desarrollo para México, fundamentado en la gobernanza democrática.