Aborto en la Argentina: del debate a la despenalización


Por Corriente La Colectiva y Varones Antipatriarcales Rosario

Abrir el debate sobre Interrupción Voluntaria de Embarazo en términos de aborto si, aborto no, evade la urgencia de una emergencia material: las mujeres abortan, de forma diferenciada y desigual, ya que las prácticas de abortos no solo existen en el tejido social con una cotidianeidad mayor a la que imaginamos, sino que se distribuyen en él atravezadas por vectores de racialización, sexo, género, clase, posiciones políticas, ideológicas, religiosas, éticas y fundamentalmente, por los intereses económicos de corporaciones médicas y farmaceúticas.

El activismo por la legalización del aborto en Argentina nos obliga a dar cuenta, si se puede, de una larga lucha de organizaciones sociales del movimiento de mujeres que vienen instalando este debate en la sociedad. Los datos más firmes muestran que durante el período 2007–2011, el aborto fue la primera causa individual de muerte materna (23%) y que más de 50.000 mujeres, adolescentes y niñas en un año circulan por hospitales públicos a causa de complicaciones durante abortos clandestinos.

Durante el período 2007–2011, el aborto fue la primera causa individual de muerte materna (23%). Unas 50.000 mujeres, adolescentes y niñas abandonan los hospitales públicos por complicaciones durante abortos clandestinos. Muchas de ellas después sufren secuelas, entre ellas, esterilidad. En 2010, 52817 mujeres estuvieron internadas en hospitales públicos por complicaciones en la interrupcion de sus embarazos. Todos estos datos señalan de modo contundente que el aborto en nuestro país es un tema de Salud Pública que debe ser abordado por el Estado.

Argentina cuenta actualmente con un frente de lucha que focaliza todas sus estrategias sobre la legalización y despenalización del aborto, emergente de una multiplicidad de espacios de encuentro y organizaciónes de mujeres, asume el compromiso de lograr la integralidad del acceso a la salud de las mujeres en el marco de los derechos humanos, defendiendo el derecho al aborto como una causa de justicia social que garantiza la dignidad y autonomía de las mujeres. La Campañan Nacional por el Derecho al aborto Legal, Seguro y Gratuito, nuclea a más de 300 “grupos, organizaciones y personalidades vinculadas a organismos de derechos humanos, de ámbitos académicos y científicos, trabajadoras/es de salud, sindicatos y diversos movimientos sociales y culturales, entre ellos redes campesinas y de educación, organizaciones de desocupadas/os, de fábricas recuperadas, grupos estudiantiles, comunicadoras y comunicadores sociales” (http://www.abortolegal.com.ar/?page_id=2)

Desde el 2005, la Campaña busca la sanción de una ley para despenalizar y legalizar el aborto por decisión de la mujer hasta la semana doce de gestación. Para eso, han presentado de forma consecutiva un proyecto de ley que este año, por quinta vez, fue descartado por cesaciones antes de lograr el acceso a un debate parlamentario.

Dentro de sus trayectorias de lucha, la Campaña a logrado en 2012 que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva años de discusiones sobre la interpretación del Código Penal logrando que los abortos a víctimas de violación sean considerados en todos los casos, no punibles. Si bien el máximo tribunal del país pidió a todas las provincias que elaboraran protocolos hospitalarios para actuar en estos casos, y aunque esto haya arraigado otro camino hacia la discusión parlamentaria del proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo, sólo ocho provincias acataron de manera completa lo dispuesto por los jueces: Chubut, Santa Fe, Chaco, Jujuy, Misiones, Tierra del Fuego, La Rioja y Santa Cruz. Otras ocho se ajustaron parcialmente: Salta, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén. En ambos casos, se incluyeron requisitos que limitan el acceso al aborto. Al día de hoy, las restantes todavía ni tienen protocolos que se ajuste a lo dispuesto por la Corte: Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. -

La Campaña cuenta con una comisión de cabildeo, que es como se conoce en español a la negociación constante y a la presión de pasillo. Así lograron que el proyecto de ley tenga hoy 69 firmas de legisladores/as; en todos estos años este trabajo de cabildeo ha logrado que oponerse a la discusión parlamentaria del proyecto sea una posición políticamente incorrecta. Lo que confirma que la presión simbólica y social, repercute de manera contundente sobre los avances y retrocesos legales en debates que jaquean las hegemonías culturales y políticas.

Distintas estrategias se vienen implementando en la Argentina a fin de que la legalización del aborto se produzca. Además de la presentación año a año del proyecto de Ley en el Parlamento, se vienen realizando diferentes prácticas de organización entre mujeres a fin de acompañar a quienes deciden interrumpir un embarazo. Estas prácticas consisten fundamentalmente (aunque no solamente) en consejerías pre y post aborto (algunas de las cuales las organizaciones ha logrado instaurar como políticas públicas de algunos municipios) y la difusión del aborto medicamentoso a través del misoprostol. Para esto se han armado grupos de “socorristas” que se reúnen y asisten a estas mujeres, líneas de teléfono para consultas y locales de organizaciones polìticas que difunden y utilizan ese espacio como sitio de consulta y asesoramiento en relación al tema.

A esto se agregan distintos espacios de varones organizados que acompañan y multiplican la lucha por el derecho al aborto legal denunciando la responsabilidad de todos los varones como agentes que se encuentran directamente involucrados en las situaciones de aborto, ya que detrás de cada mujer que se enfrenta a la decisión de continuar o no con la gestación, hay un varón que ha contribuido al inicio de ese proceso fisiológico. El involucramiento de los varones no se reduce a la intimidad de la pareja o del encuentro sexual; en un sentido mucho más urgente debe problematizarse las corporaciones de médicos varones que influyen, de manera violenta, sobre la decisión de aquellas mujeres que acuden a consultas hospitalarias con la decisión de interrumpir el embarazo.

Las aristas que se desprenden de una lectura antipatriarcal sobre la problematización del aborto denuncian los argumentos machistas que generalmente se involucran a la hora de juzgar a una mujer para continuar o no con un embarazo no deseado, fundamentos que responden a preservar un estereotipo de mujer funcional al sistema heteropatriarcal, es decir, mujeres pensadas y tratadas sólo en calidad de futuras esposas-madres que deben entregar la vida al servicio de sostener las jerarquías de poder que colocan a los varones como únicos sujetos competentes de decidir sobre la vida, la política, la economía y la cultura de las mujeres.

Por su parte, los argumentos de los sectores pro-vida no se involucran en los debates en torno a la laicicidad de nuestros marcos legales internacionales arrojando a las mujeres a una sistemática violación de derechos humanos, ya que si se considera que un agente de salud pública en su puesto de trabajo es también un agente de derechos, el actor social responsable de comunicar y reglamentar el acceso a la salud en tanto derecho humano universal; vedar, proscribir, criminalizar, mutilar, la decisión de una mujer a interrumpir un procesos fisiológico iniciado en su cuerpo, es también, negarle el acceso a un derecho humano universal.

A nivel internacional la experiencia demuestra que en aquellos estados en los que existen políticas publicas respecto del acceso a prácticas de aborto seguro, lo que se reduce no son los aborto en sí sino la tasa de morbilidad de las mujeres. Esto se debe a que dichas estrategias políticas van acompañadas de marcos legales específicos que procuran garantizar la información necesaria para que no se den situaciones de embarazos no deseados, como ser políticas educativas, de reproducción responsable y anticonceptivas, marcos actualmente vigentes en el país. Es en ésta linea que las organizaciones que integran y adhieren a la Campaña Nacional por el derecho al aborto Legal, Seguro y Gratuito en la Argentina, apuestan a que el 2015 sea el año en el que finalmente el Congreso de la Nación apruebe el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, acatando la direccionalidad de los debates que desde años están dados en la sociedad.

Like what you read? Give Facción Latina a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.