El programa Sumá Tu Aporte
La unión hace la ley
El gobierno y la comisión redactora apuestan al diálogo, ahora los ciudadanos pueden enviar su opinión acerca del nuevo proyecto.
El Gobierno presentó, el mes pasado, la plataforma Sumá Tu Aporte, en la que la gente puede enviar, a través de Internet, sus propuestas o sugerencias para la redacción de la nueva ley de telecomunicaciones.
El objetivo de esta iniciativa es conseguir una normativa que nazca en un marco de diálogo, según aseguró el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, quien presentó el proyecto en una conferencia de prensa, en la Casa Rosada, el jueves 22 de septiembre, con la presencia del Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; el Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Miguel De Godoy y la Coordinadora de la Comisión Redactora y Directora de ENACOM, Silvana Giudici.
La plataforma va a estar disponible solo dos meses, hasta el 30 de noviembre, para que luego la comisión redactora pueda elaborar la ley, que espera tener lista de manera oficial para marzo del año que viene.
Para enviar una opinión sobre la ley, hay que ingresar a la página web de la comisión redactora y completar el formulario que tiene ocho casilleros, además de los datos personales. El noveno casillero es para elegir la categoría sobre la cual se quiere opinar y un décimo en el que se puede redactar el aporte. Cada persona podrá realizar sólo un aporte por categoría de la Nueva Ley.
Luego de mandar la sugerencia, la Comisión Redactora envía un mail con la confirmación de haberla recibido y un número de aporte, que será publicado en la página web.
El anteproyecto
La Ley de Comunicaciones Convergentes, como la denominó el Gobierno, unifica las leyes 27.078 (Argentina Digital) y 26.522 (Servicios de Comunicación Audiovisual) impulsadas por la gestión anterior.
Sus objetivos son que haya convergencia, buscará unir y promover la comunicación sin afectar la pluralidad de voces, mejorar la productividad a través de un avance en las telecomunicaciones y que los sectores puedan invertir con certeza, competir y prestar servicios de calidad. Oscar Aguad, ministro de comunicaciones, afirmó que se busca “generar una ley que promueva la diversidad y la competencia entre los prestadores de servicios de comunicación audiovisual”.
Desde diciembre del año pasado, el Gobierno viene realizando reuniones participativas y debates académicos en diferentes puntos del país, en la que reúne los aportes de organizaciones de la sociedad civil. La comisión redactora que realizará el anteproyecto está conformada por Silvana Giudici, directora del ENACOM desde febrero; Andrés Gil Domínguez, constitucionalista y especialista en derecho a la comunicación; Henoch Aguiar, vicepresidente de Arsat; Santiago Kovadloff, filósofo; Alejandro Pereyra, director del Ente Nacional de Comunicaciones y Héctor Huici, secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
De qué se trata
Se consideran telecomunicaciones a las transmisiones a distancia de datos de información por medios electrónicos o tecnológicos, transportados a los circuitos mediante señales eléctricas. Un circuito básico consiste en dos estaciones, cada una equipada con un receptor y un transmisor, que se puede combinar para crear un transceptor.
El Anteproyecto de la Nueva Ley de Comunicaciones presentado por el Ministerio de Comunicaciones, expone 17 principios que regirán en la Legislación, que priorizan la pluralidad, la libertad de expresión y de prensa, el acceso a la información, la diversidad, el federalismo y la producción nacional de contenidos.
Estos pilares generan una base para el debate a través de actividades participativas, con el objetivo de ubicar la nueva ley dentro de un moderno paradigma comunicacional con mejoras en la tecnología e inversiones en el país, el aumento de empleo y la productividad aérea.
“Vamos a trabajar para que en cuatro años, el pueblito más lejano tenga acceso a internet con la misma tecnología, velocidad y calidad que en otros países. Hoy esto es un derecho básico, una necesidad central para poder desarrollar una economía del conocimiento y la innovación”, dijo el Presidente Mauricio Macri, el primero de marzo de este año.
Los puntos de la ley
1. Las Comunicaciones Convergentes permitirán producir, recibir y distribuir la información, garantizando el acceso y la libertad de expresión, independientemente del medio tecnológico que se utilice.
2. Los operadores de dicha ley deberán promover la pluralidad y la diversidad de voces según los términos previstos por la Constitución Argentina, la Convención Americana y los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos.
3. Deben promoverse y protegerse los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los términos previstos por la Convención de los Derechos del Niño, procurando la alfabetización digital y mediática.
4. Se garantizarán condiciones de trato digno, equitativo, y de libertad de elección; los usuarios y consumidores tendrán derecho respecto al acceso y prestación de las plataformas que producen y circulan. La libertad de pensamiento y expresión se configura como un derecho subjetivo y colectivo.
5. Cualquier persona puede interponer reclamos administrativos o acciones judiciales frente a una amenaza inminente o una lesión concreta del derecho a la no discriminación en el ámbito de las Comunicaciones Convergentes. El acceso y la participación no podrá ser obstruido por ninguna clase de discriminación.
6. El Estado debe promover políticas públicas activas que garanticen la eficacia y la neutralidad del derecho humano y el derecho fundamental al acceso universal, ubicuo, equitativo, verdaderamente asequible y de calidad a Internet.
7. Las Comunicaciones Convergentes serán operadas por prestadores de gestión estatal, de gestión privada sin fines de lucro y de gestión privada con fines de lucro.
8. Las Comunicaciones Convergentes serán consideradas de interés público.
9. La autoridad de aplicación de las Comunicaciones Convergentes no tendrá miembros del mismo género en su totalidad, deben ser personas idóneas y poseer una reconocida trayectoria académica o profesional en la materia. El proceso de designación debe ser transparente. Los mandatos deben tener plazo y un régimen de renovación parcial escalonada y la autoridad deberá ser controlada por órganos constitucionales, legales y parlamentarios.
10. Se respetarán las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para garantizar la pluralidad y la diversidad. La adjudicación de licencias en servicios de competencia debe ser razonable y no deberá incurrir en desviaciones de poder.
11. La regulación de las Comunicaciones Convergentes debe contener reglas claras, abiertas y flexibles, que posibiliten la evolución tecnológica, promuevan la competencia de los prestadores privados, comerciales y no comerciales.
12. En la radiodifusión sonora debe haber cuotas de música de origen local y producción nacional y en la televisión abierta cuotas de producción local independiente.
13. Los prestadores de servicios deberán respetar las normas locales que los regulen y registrarse conforme lo establezca la autoridad de aplicación respetando los derechos de propiedad intelectual.
14. Promover la generación de empleo, la formación profesional de los trabajadores y la protección integral del trabajo.
15. El periodismo debe promover prácticas que propendan a la profesionalización, independencia y compromiso ético, respetando los estándares interamericanos sobre libertad de expresión y acceso a la información.
16. Los medios públicos deberán respetar y asegurar el pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico. Mantendrán un alcance federal y promoverán contenidos regidos por el interés público.
17. Se fomentará el desarrollo de los medios comunitarios como una herramienta facilitadora de la información y comunicación de las poblaciones con singularidad cultural, poblaciones distantes o de difícil acceso, dándoles voz propia.
El futuro de ARSAT
La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT) es la encargada de brindar servicios de telecomunicaciones, fue creada en 2006 con el objetivo de proteger las posiciones orbitales asignadas por la UIT con satélites geoestacionarios fabricados en el país, de los cuales ya lanzó dos, el ARSAT-1, en 2014, y el ARSAT-2, en 2015.
El año pasado, se sancionó en el Congreso la Ley 27.208 (Desarrollo de la Industria Satelital), que aprobó el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015–2035 para que durante ese plazo se construyan al menos ocho satélites. Además, la normativa declara que se requerirá el voto de dos tercios del Congreso Nacional para la venta de activos estratégicos que el Estado tiene en Arsat.
El gobierno de Mauricio Macri tuvo incidencias en la empresa: paralizó este año la construcción del ARSAT-3 hasta que el ARSAT-2 pueda comercializarse por completo, ya que sólo acordó el 30 por ciento con una empresa llamada Intercable y TyC del grupo Clarín para transmitir señales de cable, además, implementó una política de cielos abiertos que puede perjudicar todo el trabajo y desarrollo tecnológico realizado por la empresa, según publicó Página 12 a través de un informe de la compañía satelital española HISPASAT.
También, se otorgaron autorizaciones a las empresas Eutlast (Francia), SES (Holanda), DirecTV (Estados Unidos) y Hispasat (España) a brindar sus servicios satelitales en el país, ya que el Presidente busca impulsar la competencia para estimular la inversión privada.
Por último, Guillermo Rus, el ex vicepresidente de ARSAT, declaró en la UNSAM: “Es difícil mantener una empresa estatal competitiva en un gobierno que es bastante permeable al sector empresario externo. El actual presidente de Arsat está en un dilema, porque no creo que como presidente quiera que le vaya mal a su empresa”.
Autores: Milagros Abbattista, Wenceslao Pinto Kramer, Florencia Montevecchi, Lucio Delgado, Nicolás Bagini.