Reflexiones a propósito de la renuncia del Procurador González

por Juan Manuel González Bustinze*

24 años transcurrieron desde que el ex gobernador Gabrielli propusiera como Procurador a Rodolfo González hasta el día de su renuncia. Durante todos estos años, él fue la máxima autoridad del Ministerio Publico Fiscal de la Provincia: “el jefe de todos los fiscales”. Pasó mucha agua bajo del puente, incluyendo modificaciones al sistema procesal penal de la provincia, que aún hasta la fecha no tiene aplicación uniforme. Por ello resulta importante repasar algunas cuestiones y evaluar las posibilidades que se presentan de cara al futuro.

La Ley 8008 de Ministerio Público Fiscal obliga al Procurador a diseñar la Política criminal de la Provincia. En ese sentido nos debemos preguntar cuál ha sido la política penal aplicada, y se esta ha tenido éxito. A la luz de los hechos, creemos que estamos en condiciones de asegurar que la política criminal en Mendoza ha fracasado, y que sólo se han perseguido delitos menores y contra la propiedad, dejando de lado algunas infracciones de mayor envergadura. La constante creciente de procesos penales, de personas detenidas en prisión preventiva, y la superpoblación del sistema penal, demuestra a las claras que algo ha fallado en la política criminal. Se ha encarcelado mucho, y los delitos no han disminuido. Se ha atacado siempre la “punta del iceberg”.

Es por esto que el nombramiento de un nuevo Procurador trae aparejado una nueva posibilidad de diseñar una política criminal de avanzada y reordenar la estructura vetusta del Ministerio Público Fiscal.

En este sentido creemos que el desafío está en proponer personas capaces de llevar adelante esta tarea, y no solamente aquellos que se pasean por silenciosos pasillos haciendo lobby o frecuentan medios de comunicación para hacer declaraciones de una notable demagogia punitivista.

Creemos que se debe diseñar una política criminal que decididamente persiga los delitos de complejidad, entendiendo por estos, aquellos que son cometidos por bandas delictivas que tienen organización criminal. Así se tiene que investigar un robo con armas no solo contra la persona que lo comete (generalmente el último eslabón de la cadena) sino también a todos aquellos que facilitan que esto suceda. Pensemos entonces perseguir a quienes facilitan o proveen las armas, y además organicen el mercado de las ventas de cosas robadas, entre otros.

Para ello es necesaria la creación de Fiscalías especializadas en razón de la materia, ya que la distribución territorial de las causas penales no ha traído buenos resultados. Se deben crear entonces Fiscales especializados que tengan por fin perseguir delitos determinados, en modo enunciativo; Fiscalías especializadas en Delitos Económicos (estafas, defraudaciones, etc.); delitos de género (violencia contra la mujer en todas sus formas); violencia Institucional (delitos cometidos por las fuerzas de seguridad); delitos contra la administración pública (cohecho, malversación de fondos públicos, etc.); delitos de alta complejidad (cometidos por bandas con algún grado de organización criminal), y por último, pero no menos importantes, los delitos más comunes donde se encuentran los que quizás sean más severamente penados (robo, hurtos, homicidios).

A su vez, y según la organización actual del Ministerio Público, no debe dejarse de lado la situación de la Defensa Pública. Tengamos en cuenta que la defensa en la actualidad se encuentra dentro la órbita del Ministerio Público Fiscal, y por lo tanto, jerárquicamente a cargo del procurador General. Si bien la situación de máxima, sería una reforma Constitucional que adecúe esta situación otorgando la independencia necesaria de ambos Ministerios (Público y de la Defensa), sabemos la dificultad que acarrea lograr ese cometido, por eso mientras tanto se debería contar con una Ley que lo haga o que por lo menos se cree dentro del Mismo Ministerio Público la Figura del Defensor General, y que sea éste quien tenga en su función la de diseñar la política de los defensores de Pobres y Ausentes. De esta manera, el Procurador dejaría de tener la función esquizofrénica de perseguir y defender al mismo tiempo.

A su vez, es importante dotar a la defensa del personal necesario para garantizar la paridad de armas, y así garantizar igualdad y acceso real a la justicia. También resulta necesario que los defensores sean especializados en razón de la materia, y por sobre todas las cosas, que sean comprometidos que la labor demanda.

Si estas cuestiones son tenidas en cuenta, y se logra nombrar a una persona idónea capaz de cumplir con todos estos desafíos, recién allí podremos hablar de un Ministerio Público comprometido con la Política Criminal y la realidad social, sino seguiremos en el rumbo de la demagogia punitiva, y las cárceles atestadas de personas pobres y sin educación, mientras que los verdaderos delincuentes pasean tranquilos por las calles de Mendoza.

*Abogado Área Estado y Justicia