Reforma Política a medias: para qué o para quiénes.

por Gabriela Bazán*

El proyecto de reforma política que se está discutiendo en estos días en el Congreso Nacional manifiesta en su fundamentación ser: una propuesta de reforma integral que anhela transformar los procesos electorales y adecuarlos a una democracia de calidad.

Luego de un recorrido por más de sus cien páginas, cabe preguntarse si este proyecto forma parte de una reforma integral o más bien se centra en algunas medidas poco precisas sobre mecanismos electrónicos de votación.

El proyecto en cuestión incorpora una serie de modificaciones inconexas, pasando de la boleta múltiple partidaria a la boleta única con sufragio electrónico; propone eliminar las colectoras, las listas múltiples; modificar las PASO -ahora los electores solo podrán votar los candidatos de una sola fuerza política- y realiza una serie de modificaciones sobre el Código Electoral Nacional, y otras reformas reglamentarias. También instrumenta una serie de penalidades bastante peligrosas para aquellos que pretendan auditar de manera independiente el sistema de voto electrónico.

Por otro lado intenta describir las bondades de estos sistemas electrónicos apoyados por contundentes manifestaciones sobre sus virtudes en materia de coherencia y claridad a la competencia electoral, transparencia, eliminación de clientelismo político, y agilidad, entre otros. A pesar de la detallada descripción, estas afirmaciones no son sustentadas con datos empíricos de ningún tipo ni tampoco han sido sometidas a un análisis social profundo.

Lo llamativo es que varias experiencias internacionales han demostrado todo lo contrario a estas supuestas bondades, de hecho el voto electrónico se aplica solo en tres países a nivel mundial: Brasil, Venezuela y la India. Bélgica lo abandonó a partir de este año. Países desarrollados como Alemania y Holanda hicieron alguna experiencia pero abandonaron el sistema porque no garantiza ni el secreto del voto, ni la posibilidad de cualquier ciudadano de entender cómo funciona. Tampoco se siguió adelante con los proyectos de aplicar el voto electrónico en Francia, Finlandia, Irlanda, Bulgaria, Austria ni Gran Bretaña por la poca fiabilidad que genera lo vulnerable que pueden ser estos sistemas. En Estados Unidos la mayoría de los estados utiliza sistemas de boleta única papel e incorpora mecanismos de lectura electrónica de esas boletas-papel.

Numerosas organizaciones expertas en este tema, tales como La Fundación “Vía Libre”, han manifestado la peligrosidad que representa este sistema y la vulnerabilidad del mismo. “Votar con computadoras es abrir las puertas al fraude”, afirma la fundación en su libro “Voto Electrónico. Los riesgos de una ilusión”.

Dicho esto último cabe preguntarse cuáles son las razones del apuro y la liviandad con la que se ha planteado este tema. Esto nos lleva a preguntarnos también cuáles son las razones para haber traspasado la totalidad de nuestros datos de ANSES a la Secretaria de Comunicaciones en el mismo momento que se discute el voto electrónico. ¿Casualidad o causalidad?

La modificación del Sistema electoral y la pretendida “Reforma Integral” no deberían constituir una mera cuestión técnica, sino que debería ser parte de un proceso político que requiera tanto de un debate público abierto, como un proceso de construcción de consensos y de una evaluación de las opciones disponibles por los diversos sectores expertos de la sociedad.

Hay un tema adicional que nos parece central abordar, y del cual no dice nada la ley que ingresó en el Congreso: fortalecer los partidos implica no solo democratizar sus procedimientos de selección de candidatos, sino además reducir su dependencia del poder financiero y de las corporaciones. Si los partidos políticos solo pueden competir exitosamente con el respaldo de sectores económicos poderosos, entonces su autonomía y su capacidad de representar genuinamente a la ciudadanía quedan comprometidas. La reforma de 2009 apuntó a reducir los costos de las campañas y a brindar espacios de difusión equitativos para todos los partidos, garantizando la publicidad audiovisual desde el Estado y suprimiendo la contratación privada de estos espacios. También prohibió los aportes de las empresas en las campañas de los partidos. Fueron avances importantes pero queda mucho por hacer al respecto.

Por ello entendemos que el gran tema pendiente de la ley de reforma política es el financiamiento de las campañas. Numerosas publicaciones en este último tiempo denuncian la falta de transparencia en los procesos de rendición de aportes de campaña de los partidos políticos. Este debería ser el debate actual y de construcción de consensos: poder repensar, discutir y mejorar una ley de financiamiento de partidos políticos acorde a los requerimientos de mayor transparencia que hace la sociedad.

¿Financiamiento público o privado? Es el gran tema en cuestión que no debe pasar desapercibido ni puede ser tratado ligeramente. A estar más atentos que nunca.

*Licenciada en Ciencias Políticas
Presidenta Fundación El Aleph

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