CABALLO DE TROYA: Política social vuelve a la discrecionalidad.

Gabriel Contreras Velázquez

08/01/2019

Abrir la política social a criterios de asignación discrecionales, es un retroceso de décadas en materia de política pública.

La publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 justo destraba esa puerta que se cerró originalmente en 1998, cuando los legisladores obligaron, por vez primera, a que los programas con impacto social definieran sus propias reglas de operación.

A partir de entonces, todas las dependencias quedaron sujetas a la publicación anual, dentro del Diario Oficial de la Federación, de los lineamientos y normas que darían estructura y validación a la política social. Todo con la finalidad de hacer más transparente y eficaz la asignación del gasto.

La oposición influyó en ese esquema de reorientación normativa, y lograron que en el año 2000 se estableciera, de manera expresa, un listado de programas sujetos a Reglas de Operación, entre cuyos requisitos debían constar los criterios de elegibilidad y selección de beneficiarios de cada programa.

Efectivamente, en algunos casos las reglas de operación dejaron lagunas apenas perceptibles para distribuir ilícitamente los apoyos sociales. Pero las instituciones ganaban un marco de referencia y fiscalización como medida de control del gasto público.

Gracias a ese marco jurídico-institucional, hace un par de años la Auditoría Superior de la Federación pudo develar una red de desvío de recursos entre algunas universidades estatales y el gobierno de Enrique Peña Nieto, conocida como “La Estafa Maestra”.

Se crearon reglas precisamente para evitar el monopolio arbitrario de la distribución de recursos, especialmente en programas que tenían como razón de ser el combate a la marginación. ¿Por qué? Porque la pobreza es un fuerte adhesivo de clientelas electorales que viven gracias a los subsidios que otorgan los gobiernos en turno.

Hoy, no obstante, las reglas fueron relegadas a un peligroso segundo plano.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca brincar una disposición prioritaria en la política asistencialista mexicana: el papel preponderante que juegan los municipios como “principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social…” según la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 17.

Esto “de acuerdo con las reglas de operación que para efecto emita el Ejecutivo”. Es cierto también que el artículo 43 de la misma Ley previene que “en el año que inicie una nueva Administración del Ejecutivo Federal” el gobierno tendrá que publicar las reglas de operación a más tardar, el primer bimestre de ese año, o sea, el 28 de febrero.

“Nada ni nadie por encima de la ley”. Fue una de las prédicas que más evocó López Obrador en su discurso inaugural, el pasado 1 de diciembre. Sin embargo, el día de ayer adelantó ante los medios de comunicación que el próximo viernes iniciaría la entrega de apoyos sociales para adultos mayores y personas con discapacidad, programas que aún no publican sus respectivas reglas de operación.

Para completar el escenario de incongruencias, el pasado 27 de diciembre durante la reunión de Andrés Manuel con los 32 Delegados de Programas de Desarrollo, el presidente puso el dedo en la llaga del lento avance que registraba el Censo de Bienestar en las entidades del país, con el cual se nutren los nuevos padrones de los programas sociales prioritarios.

El promedio nacional, según la información ofrecida por los delegados de Jalisco y Baja California, rondaría en el 50% de hogares censados hacia finales de diciembre.

El compromiso entonces fue concluir, en un mes, un proyecto que de septiembre a diciembre apenas pudieron avanzar a la mitad.

La urgencia: comenzar la derrama de recursos que ya fueron presupuestados para cada mes de este 2019, no importando que no se distribuya en su totalidad. Se busca administrar la crisis de expectativas con dinero en los bolsillos de los votantes.

Claro, pasamos por alto el hecho de que el Gobierno Federal utilice una estructura partidista paralela para realizar un censo en hogares, tarea que correspondería al Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es otro ejemplo. Horacio Duarte Olivares, subsecretario de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 9 de noviembre presentó las reglas de operación que días más tarde la Iniciativa Privada calificó como poco claras.

La Confederación Patronal de la República Mexicana no sólo encontró un programa social que se caracterizaba por sus distintos “costos ocultos”, como dijeron diez días más tarde, además permanecían a la espera de “reglas muy claras para que las empresas tengan la certeza de que todo esté bien regulado”.

Las reglas de operación del subsecretario tampoco fueron incluidas en el Decreto del Presupuesto de Egresos, ni fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. ¿Nada ni nadie por encima de la ley?

Jóvenes Construyendo el Futuro depende de las empresas, y precisamente encontrará resistencia entre la iniciativa privada por falta de claridad en su ejercicio real.

Para el Crédito Ganadero a la Palabra las cosas no son muy distintas, salvo que dos legisladores zacatecanos surgen como corresponsables de la falta de reglas de operación de 4 mil millones de pesos, aprobado así para el presupuesto de este año.

Mirna Zabeida Maldonado Tapia y José Narro Céspedes, integrantes de las respectivas comisiones de ganadería en el Congreso de la Unión, no son el contrapeso de David Monreal Ávila que dijeron ser.


#Casualidades: Y mientras cierran los ojos quienes se autonombraron vigías y supervisores de que David Monreal no utilice la Coordinación Nacional de Ganadería para promocionar sus aspiraciones político-electorales, el fresnillense avanza sin estorbos.

Al parecer sus únicos obstáculos provienen del interior de su “equipo” de trabajo. Entre estos, una extravagante estrategia de comunicación en redes sociales, donde el Coordinador replica las conferencias mañaneras del presidente, cuestiona al EZLN, luego a los medios de comunicación… y de ganadería informa cuando le sobra tiempo.

Se suman las ambiciones de sus invitados a “colaborar” en las representaciones (antes delegaciones) federales. La pelea es por la codiciada Secretaría de Bienestar.

Las presiones de Simón Pedro de León Mojarro, Martina Rodríguez García y Cuauhtémoc Calderón Galván, han calado en los acuerdos de David para llevar a Norma Julieta del Río Venegas como favorita.

Ante la incertidumbre, la comisionada que se perfilaba para despachar en Bienestar optaría por mantenerse al margen. De ahí que, hasta hoy, Del Río Venegas no haya abandonado las funciones en el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información.

Calderón Galván no se conforma con la representación de Trabajo y Previsión Social que le tendría reservada David Monreal, e insiste en aprovechar la oportunidad para operar las indicaciones de Verónica del Carmen Díaz Robles en los municipios.

En medio del jaloneo por los espacios ya asoman indicios de algunos delegados territoriales que, en corto con los ediles, comienzan a condicionar programas sociales a cambio de pagos monetarios o en especie.

Así el “equipazo” de quien se imagina gobernador en 2021. Por cierto, agradecemos a David su lectura atenta de la nota que se publicó este fin de semana en la página de Facebook Agenda Política (Con más dudas que certezas comienza el Crédito Ganadero a la Palabra) y a la que intentó responder ayer a través de un mensaje en la misma red social.

Twitter: @GabrielConV
Facebook.com/AgendaPolZac