Pobreza en Costa Rica: cifras, silencios y sombras.

Pocas personas conocen la existencia de la Ley 7769 de “Atención a mujeres en condiciones de pobreza” en Costa Rica. Una ley de los 90´s, herencia de esa época donde se ratificaban tratados y convenciones, y que buscaba brindar un marco legal de atención de la pobreza que fuera integral y cuya población objetivo eran mujeres, sobre todo, jefas de hogar.

Fue una ley visionaria, aprobada justo cuando comenzaba a documentarse (no es que antes no se supiese) que “la pobreza tiene rostro de mujer” y organismos como CEPAL, UNICEF y FAO publicaban estudios. Además, Costa Rica se recuperaba de la “crisis de los ochenta” (¿lo hace todavía?) tratando de generar inversión social y acciones para reducir la pobreza.

Los 90´s son también, la época de las grandes conferencias mundiales de Naciones Unidas para estudiar temas relativos al desarrollo económicos y social (recordemos que antes, la división entre Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Desde entonces, la mayoría de planes y estrategias de atención de la pobreza que han ideado los gobiernos, se sostienen de una u otra forma en las acciones que propone esta ley pero obviando algunos elementos fundamentales: la perspectiva de género y el incentivo económico (distinto de las transferencias monetarias que da el IMAS a las familias para cualquiera de sus programas) ligado a la formación humana (primer peldaño de la ley).

Incluso, Puente al Desarrollo está organizado en torno a los mismos elementos que engloba la norma supracita: educación formal, capacitación técnica, transferencias del Estado para compra de alimentos, competencias para la empleabilidad y el emprendedurismo, formación humana y vivienda.

No obstante, pese a la existencia de la ley, no se ha cumplido fielmente con sus mandatos ni se ha actualizado para adaptarla a la realidad de nuestra postmodernidad. Sólo para citar un ejemplo, el INA dirá que brinda capacitación técnica, y lo hace de hecho, pero 15 años después, sigue capacitando en uñas y belleza, cuando las condiciones del mercado nos gritan a la cara que las posibilidades de empleabilidad con esa formación técnica son casi nulas. (Ver Solo 25% de los graduados del INA logra obtener empleo en su campo)

Y sin embargo. Seguimos hablando de pobreza, casi igual que en los 90´s. El gobierno lo hace. Lo harán los candidatos presidenciales. Lo hacen las y los políticos. Y no está mal que hablen, lo que está mal, es que seamos incapaces de cambiar la realidad. Desde hace casi 20 años, el porcentaje de hogares en condición de pobreza ha permanecido casi invariable y cientos de personas en Costa Rica siguen viviendo con menos de 1.000 colones al día.

Las cifras.

En el país, según los datos de la ENAHO (2017) 1.092.403 de personas viven en condición de pobreza, de éstas, 306.510 de manera extrema. Respecto a los hogares, para el mismo año 305.231 están en condición de pobreza, y de ellos 86.663 de manera extrema. En puntos porcentuales esto representa un 20,0% de pobreza total y un 5,7% de pobreza extrema.

De esos hogares, el 44,8% del total en pobreza poseen jefatura femenina, mientras que de aquellos en pobreza extrema el 46,1% tiene jefatura femenina. (¡Por supuesto que la pobreza tiene rostro de mujer!)

- 33.0000 millones de colones es la inversión destinada para los hogares en condición de pobreza extrema entre los años 2014 y 2016, según los datos del Gobierno; mientras que un 14% fue el aumento dela inversión para atender estos hogares del 2015 al 2016. En el mismo rango de años, si se toma la cantidad de hogares en pobreza extrema que mostró la ENAHO en el 2014 en comparación con lo mostrado por la ENAHO 2016, se observa que la cantidad total de hogares en pobreza extrema aumentó en 194 hogares. Pero, si se observa el período 2015 -2016 (que corresponde a la inversión real de este gobierno), la cantidad de hogares en pobreza extrema disminuyó en casi 9.000, la mayoría concentrados en la región Brunca.

-2 años. Ese es el tiempo que dura la “atención integral” por medio del Plan Puente al Desarrollo impulsado por el actual gobierno. 107.221 personas han sido atendidas por este plan, lo que corresponde a 27.388 familias ubicadas en los 75 cantones prioritarios.

Pero si se mide la evolución a más largo plazo, digamos del 2010 al 2017, la evolución de la pobreza extrema en los hogares por región permite concluir que existen dos regiones donde la pobreza se ha mantenido disminuyendo de manera sostenida: Chorotega y Brunca. De manera general, del 2010 al 2017 en la primera, la pobreza extrema disminuyó en 3,9%, mientras que en la segunda fue del 1,3%.

En la región Central, el porcentaje de hogares en pobreza extrema se ha mantenido prácticamente invariable, mientras que en el resto de las regiones ha aumentado.

El dato con pobreza básica confirma el mismo comportamiento. Del 2010 al 2017 en la región Chorotega hubo una disminución del 5,1%, mientras que en la región Brunca el porcentaje de hogares en pobreza básica disminuyó en un 2,2%. En las regiones Pacífico Central y Huetar Norte aumentó 2,6% y 1,6% respectivamente; mientras que en la región Central permaneció prácticamente invariable.

-75mil colones es el monto usual que el IMAS transfiere a las familias beneficiarias. Puede ser que un poco más si las familias están en Plan Puente; pero en ningún caso se otorga el subsidio que la ley 7769 previó como recurso para acompañar la formación humana y la capacitación técnica. Es, básicamente el mismo monto para compra de alimentos, solo que ahora debe alcanzar para pasajes, fotocopias, meriendas, materiales educativos, etc.

Los silencios.

Un aspecto sobre el que poco se habla es el modelo de atención de la pobreza. Es frecuente leer notas de prensa, artículos y hasta intervenciones legislativas, referentes a los dineros para el IMAS, las becas de FONABE, los proyectos de vivienda social, las familias en pobreza y condición de hambre… Pero, algunas veces parece que todas las referencias acumuladas en el imaginario social se refieren a una cosa abstracta, algo así como un cúmulo de personas sin rostro que están muy mal, y que ocupan “ayuda del Estado”.

Como si no fuera una obligación del Estado garantizar los derechos de todas las personas a tener una vida digna, a estar protegidos contra el hambre, o a alcanzar el nivel más alto de salud posible.

En raras ocasiones, la discusión sobre la atención de la pobreza en el país se realiza desde el paradigma de Derechos Humanos. Más parece un rescoldo de un estado keynesiano debilitado y desfasado con respecto a esta sociedad nuestra: capitalista, patriarcal, postmoderna. Y eso es muy conveniente. ¡Que conveniente que nada cambie en el modelo de atención de pobreza!

Disponer de un millón de personas con diversas necesidades básicas insatisfechas y, precisamente, con necesidad de que le sean resueltas, puede resultar tremenda mente atractivo para ciertos actores políticos (y no sólo político partidarios). Al fin y al cabo, empoderar a las personas, transformar sus vidas, es peligroso. Corremos el riesgo de que se sepan sujetos y sujetas de derechos, actores principales de su vida y que tomen conciencia de sus propias capacidades. Quizá quieran, entonces, transformar su entorno.

¿Imaginan un millón de personas con la fuerza interna necesaria y un correcto acompañamiento (que no dependencia) estatal que les permita transformar (se)? ¿Ven al IMAS allí, al INA, al MIVAH?

Ahora bien, 107.221 personas atendidas por Plan Puente ¿Qué significa?. Sería maravilloso que esa cantidad de personas, hubiesen logrado obtener unas capacidades individuales y colectivas, así como apoyo y la garantía real de sus derechos a disfrutar de una vida digna y a estar protegidos contra el hambre, durante estos dos años.

Sin embargo, ¿son 2 años suficientes?. Pensemos en una persona que apenas pudo concluir segundo o tercer grado de escuela. En dos años, ¿logrará terminar su educación formal, o acceder a una capacitación técnica?.

Aún más, considerando el enorme costo que representa el modelo actual de pobreza, ¿cuál es la segunda parte?.

Me explico, el Estado ha invertido muchísimo dinero en apoyar a las familias para que sus condiciones de vida mejoren y que esto a su vez les permita tener los recursos para capacitarse o generar competencias para ingresar al mercado laboral y tener su propio ingreso que, es lo único que, les permitirá sostenerse fuera de la pobreza de manera independiente.

Entonces, ¿el modelo permite llegar a ese nivel? ¡Y no hablo solo de Puente ni de la estrategia de este gobierno, hablo de los últimos 10 años! No se vale hacer la discusión desde un tinte político partidario.

Las sombras.

En términos jungianos, “la sombra está constituida por el conjunto de las frustraciones, experiencias vergonzosas, dolorosas, temores, inseguridades, rencor, agresividad que se alojan en lo inconsciente del ser humano formando un complejo, muchas veces, disociado de la consciencia”.

Podríamos permitirnos llevar este principio de la psicología profunda, de lo individual a lo colectivo. De todas formas, fue el propio Jung quien acuñó el término Inconsciente Colectivo.

Por lo menos, que yo recuerde, desde la administración Figueres Olsen hasta la actual administración Solís Rivera, con más o menos modificaciones, se han tocado los mismos elementos, bajo el mismo enfoque: familia (así en singular), no familias en plural. Y esto es un poco perverso porque asume los roles y estereotipos de género que socialmente se imponen a mujeres y hombres.

Uno de esos mandatos tiene que ver con la disposición de los alimentos en el hogar. Sabrán disculpar mi insistencia en el tema.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala que el acceso a una vida adecuada para sí mismo y su familia, es un derecho de todo ser humano.

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. (…) (Artículo 11)

Además, reconoce explícitamente el derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre, para lo cual señala algunos lineamientos que los Estados deben realizar, entre los que destacan la distribución equitativa de alimentos y la mejora en los métodos de producción.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, también contempla el derecho a una vida digna en su numeral 25; mientras que la Declaración para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer indica en su artículo 14, como derecho de las mujeres, el “gozar de condiciones de vida adecuadas”.

Por otra parte, durante la Cumbre Mundial de la Alimentación en el año 1996, los Estados participantes, reafirmaron en la Declaración de Roma lo siguiente:

“el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre.” (http://www.fao.org/3/a-at772s.pdf)

Ahora bien, sabemos que la mera existencia de un derecho contenido en un papel, no es sinónimo del cumplimiento de ese derecho en la realidad. En Costa Rica, desde hace algunos años se sospecha que existen más personas de las que muestran los indicadores generales de salud, viviendo en inseguridad alimentaria severa.

Sin embargo, es hasta el año pasado que investigadoras del Instituto Nacional de las Mujeres, lo logran demostrar a través de datos recogidos entre mujeres de todo el país que viven en condiciones de pobreza extrema.

Esta investigación del INAMU (2016) realizada con 3.223 mujeres en condiciones de pobreza, y utilizando una adaptación de la Encuesta ECLSA[1], identificó que el 80% de las participantes se encontraba en algún estadio de Inseguridad Alimentaria[2]. De ellas, el 21% de manera severa lo que equivale a condición de hambre según la FAO.

Además, el mismo estudio identificó una tendencia importante, que permite evidenciar la forma diferenciada por género en que las mujeres viven las condiciones de pobreza.

Los datos mostraron que los hogares donde había personas menores de edad, eran más vulnerables a la Inseguridad Alimentaria y Nutri­cional que aquellos en donde solo había personas adultas. Además, cuando la mujer era jefa de hogar, en ambos hogares, la inseguridad alimentaria era mayor.

“Esto permite comprender, primero que existen mujeres, niños y niñas en inseguridad alimentaria e incluso un 28% en inseguridad severa, o lo que es lo mismo, en estado de hambre. Pero, además, que los hogares liderados por mujeres son más vulnerables a esta condición (…) Pero el dato que más llama la atención, es que las mujeres consumen menos alimentos, se brincan tiempos de comida o dejan de comer durante todo un día, para poder propi­ciarles ese alimento a sus hijos e hijas. Esto ocurre principalmente con las jefas de hogar.” (INAMU, 2015, p.123)

Es decir, que cuando los alimentos son escasos en los hogares de estas mujeres, ellas, por una serie de mandatos de género (que Marcela Lagarde explica muy bien a través del cautiverio de la Madre-Esposa), eligen comer menos o no comer del todo, con tal de que sus hijos, hijas y otros familiares tengan alimentos para comer.

Datos preliminares del INAMU (2017) recogidos con mujeres en condiciones de pobreza extrema en los años 2015, 2016 y 2017, confirman el panorama anterior, aunque revelan también una importante evolución entre los hogares que se encuentran en esta condición, respecto al acceso a alimentos.

Y aún así. El modelo sigue siendo el mismo, y la atención también. Es decir, que la sombra permite que un modelo que tácitamente le implica a las mujeres sacrificarse, pues se alimentan menos o dejan de hacerlo para que sus hijos, hijas y otros familiares coman, se siga reproduciéndose aunque eso represente la vulneración por parte de Instituciones del Estado a los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres.

Sólo un dato más, siempre en la sombra. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que representa un enorme y muy buen esfuerzo para comenzar a comprender la pobreza (basada en evidencia) desde las carencias que viven las personas, y no sólo desde la falta de un ingreso económico mínimo para satisfacer las necesidades personales; no considera la perspectiva de género.

Aunque la ENAHO tiene 20 años mostrando que la jefatura de hogar femenina entre los hogares en condición de pobreza tiene a aumentar, el Índice de Pobreza Multidimensional no permite recuperar datos por el sexo de la jefatura de hogar. Un “pequeñito” aspecto que no consideraron, y eso que la pobreza “tiene rostro de mujer”.

[1] ELSA es la Escala Latinoamericana de Seguridad Alimentaria, un instrumento especialmente diseñado para medir la inseguridad alimentaria en los hogares, desde la dimensión de percepción de las personas que conforman esos hogares. El INAMU realizó una adaptación que fue validada por la FAO y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que incluye una dimensión dirigida a las mujeres en particular.

[2] La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, señalaron que la Seguridad Alimentaria ¨a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”. (http://www.fao.org/3/a-at772s.pdf) Por lo tanto, la Inseguridad Alimentaria ocurre cuando esas condiciones no se dan.