Reflexiones ciclistas de un pitufo veinteañero

La renuencia a verse en el otro

Eugenia Callejas (@lommx en Twitter) es una reconocida vecina de Benito Juárez en la recientemente rebautizada Ciudad de México. Ese reconocimiento no es gratuito: Eugenia es un factor muy positivo para la participación y la coordinación ciudadana. Abogada especializada en materia predial, tiene en su haber iniciativas tan interesantes e importantes como @AlertaPlateada; proyecto base de un conjunto de redes de comunicación, protocolos y otras útiles herramientas que han ayudado a ubicar a los adultos mayores que se pierden o tienen alguna emergencia en los alrededores.

Nadie con dos dedos de frente podría negar las buenas intenciones y el talento de Eugenia, y justo por eso se convierte en un ejemplo difícilmente mejorable de un interesante fenómeno: la defensa del privilegio automovilista por parte de miembros muy respetables de la comunidad que han demostrado en incontables ocasiones ser capaces de trascender egoísmos y darle prioridad a intereses colectivos.

Hace poco tuve la oportunidad de corroborar la posición de Eugenia a favor del automóvil en una discusión que tuvimos en Twitter. El objeto principal de la misma fue el nuevo reglamento de tránsito del ex Distrito Federal. Al ser los dos abogados (por más que ella traicionara la tradición argumentativa del gremio y me negara esta cualidad desde la comodidad de la descalificación personal)era imposible que evitáramos la espantosa deformación profesional del gremio que todo lo quiere ver y discutir desde la técnica jurídica. Y sin embargo, creo que es útil discutir también desde acá; las aristas nunca sobran.

El resumen de los argumentos es el siguiente:

  1. El argumento general de Eugenia pretende ser la falta de técnica normativa del Reglamento, llegando a afirmar que el 50% del mismo carece de los mínimos funcionales y debería, por tanto, derogarse este y aprobarse otro “bien hecho”.
  2. Uno de sus puntos es que el reglamento requiere “demasiada interpretación” para su adecuada implementación.
  3. También afirma que el reglamento tiene distintos objetivos, lo cual es cierto. Lo que a ella le incomoda es que ninguno de estos objetivos es necesariamente prioritario, eliminado la posibilidad de utilizar a este objetivo superior como criterio para la formación de una escala de principios que permita definir soluciones no contempladas por el contenido explícito de la norma.
  4. Comenta Eugenia que a ella le parece que el Reglamento es incompatible con distintas leyes (nunca me comentó cuáles), y afirma que la incompatibilidad llega a tal nivel de gravedad que debería considerarse que Mancera se excedió en sus facultades reglamentarias.
  5. Otro punto de Eugenia es que el reglamento tiene muchas disposiciones de imposible cumplimiento, y ello hace inoperante al mismo.
  6. Asimismo ha dado a entender en distintas ocasiones que la claridad del reglamento deja mucho qué desear, en general.

Estos son los argumentos enfocados en lo normativo que recuerdo. Lamentablemente Eugenia, como muchos en su posición, fallan en la no tan sutil distinción entre la norma y su implementación, y le enjaretan males de ejecución al Reglamento. Estos asuntos son parte de otro serio problema de la Ciudad que se llama ausencia de Estado de Derecho que ni esta ni ninguna otra norma van a solucionar por sí solas, porque no son herramientas propias para ello. La situación es análoga a la del lector de un manual para armar sillas que, frustrado al ver cómo ninguna de las piezas embona como es debido, decide reclamarle airadamente al manual en lugar de mejorar su operación, o buscar ayuda. Sin duda que un manual confuso abonaría al fracaso, ¿pero tanto como para suponerlo la causa de todo el mal? Me parece ingenuo.

Enfocándonos en lo supuestamente normativo, yo respondí a los argumentos de Eugenia de la siguiente manera:

  1. Eugenia sólo se ha dedicado a brindar ejemplos aislados de las porciones normativas que tienen serios problemas de ambigüedad. Nunca ha demostrado que esos ejemplos asciendan al 50% del reglamento, y tampoco se ha preocupado por justificar por qué ese porcentaje, suponiendo sin conceder su existencia, implicaría que lo correcto sea derogar la norma y hacer una nueva. Mi tesis es que hay problemas serios de ambigüedad e imposibilidad que hay que corregir, pero ni de chiste llegan a una magnitud tal que la mejor solución sea la derogación.
  2. Lamentablemente Eugenia parte de una visión hermenéutica bastante conservadora, que tiene como trasfondo una noción esencialista del lenguaje. Sólo así podría entenderse que ignore y rechace por completo el hecho de que la interpretación literal también es interpretación, y que por tanto es labor constante del oficio jurídico el determinar el contenido de las normas. A veces será más fácil, a veces no; pero el fenómeno interpretativo es constante y transversal a todos los oficios que tienen al lenguaje por herramienta principal (y más cuando el llamado sentido “literal” está en disputa). A lo que quizá debió referirse esa que lo ideal en la técnica normativa es que la norma se construya de tal suerte que el uso de tipos de interpretación distintos al literal sea lo menos frecuente posible, con lo que estoy de acuerdo. Sin embargo, Eugenia decide convenientemente ignorar que la derogación y/o las reformas no son los únicos caminos que pueden tomarse para solucionar problemas interpretativos. Para eso existen también las tesis y la jurisprudencia, por mencionar un ejemplo de herramientas jurídicas más económicas frente a problemas que, insisto, no cunden en toda la norma; ni siquiera en su mitad.
  3. Eugenia no está familiarizada con el sistema de ponderación de principios que permite solucionar posibles colusiones con metodología interpretativa. No es necesaria la presencia de una escala que brinde una solución automática en todos los casos; a veces ni siquiera es deseable, pues podría caerse en una jerarquización artificial que no tomara en cuenta los matices importantes de cada caso en cuestión.
  4. Dado todo lo anterior, y enfocándose sobre todo en la también novedosa Ley de Movilidad, me parece que es infundado argumentar un ejercicio excesivo de la facultad reglamentaria, pues la norma es compatible en la mayoría de las disposiciones, incluyendo las esenciales, del ámbito legal relevante.

No pretendo afirmar que mis argumentos carezcan de puntos débiles. El quid de todo este asunto es que los argumentos de Eugenia no son, como ella dice, consecuencias necesarias de un discurso técnico llamado “derecho”. En realidad el seguimiento de las reglas de este discurso técnico permite, en el mejor de los casos, abrir discusiones interesantes desde su óptica; pero no genera una inequívoca respuesta sobre la corrección de la norma. De hecho, desde mi punto de vista, el uso correcto de las reglas del derecho lleva a una conclusión radicalmente distinta a la que defiende Eugenia, pero dejaré que ello se defina con las discusiones posteriores.

Las verdaderas razones detrás de su posición tienen que buscarse, por tanto, más allá del derecho. Mi sospecha es que son ideológicas; sin embargo, existe otra posibilidad: Eugenia, traicionando su tendencia a la solidaridad, no quiere reconocerse en el otro.

El New Yorker sacó un artículo muy recomendable que describe mucho mejor esta situación:

“Cuando pensamos concretamente, lo hacemos en términos de nuestras propias necesidades del momento. Toma un esfuerzo muy grande el dar el salto para quebrar nuestras propias posiciones y aceptar el argumento de alguien más -y es un esfuerzo que no solemos hacer a menos que se nos inste a ello de manera específica. En cierto sentido, no importa quién [en el tema de movilidad] llegó primero, o quién es el más poderoso o quién es mejor para el ambiente o qué digan las reglas. Lo que importa es lo que nosotros, personalmente, estemos haciendo en el momento de tener las discusiones. Es difícil recordar que todos jugamos roles intercambiables en el escenario urbano. Al final, es el rol que juguemos lo que termina por ser importante. La guerra interminable entre ciclistas, automovilistas y peatones refleja un atajo básico, normalmente equivocado, que usamos demasiado: ¿Quién tiene el derecho? Yo lo tengo.”

Ojalá Eugenia elimine el supuesto de corrección personal como premisa en sus discusiones. En estos rollos de movilidad y humanización de las ciudades necesitamos más personas solidarias escuchándonos atentamente.

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