Es necesario que los gobiernos brinden incentivos y beneficios fiscales para frenar los delitos informáticos



Para hacer frente a estas amenazas, los gobiernos deben diseñar políticas que impliquen incentivos y exenciones fiscales para alentar la participación del sector privado en la contención de estos peligros.

Los países deben asignar un presupuesto adecuado para las iniciativas relacionadas con la ciberseguridad, como la creación de capacidades, la capacitación de los recursos humanos, la implementación de programas de concientización y la promoción de la investigación y el desarrollo.

Es fundamental que desarrollen políticas y marcos de ciberseguridad, brindando incentivos, baja de impuestos y desarrollo tecnológico.

Para promover la cooperación global en materia de ciberseguridad, los países deben asegurar una colaboración activa con otros estados y agencias mundiales por medio de tratados internacionales, acuerdos bilaterales y memorandum de entendimientos para comprender las últimas amenazas y adoptar medidas de seguridad proactivas.

Debe establecerse un marco para frenar efectivamente los incidentes y reducir el tiempo de respuesta mediante la promoción del intercambio transparente de información entre todas las partes involucradas.

Es primordial que gobierno, la industria y los vendors, desarrollen una plataforma común para formular y aplicar políticas y procedimientos es pos de la ciberseguridad. Las amenazas informáticas son uno de los peligros más urgentes para la seguridad económica y nacional de los países.

Otro aspecto fundamental es que los gobiernos y reguladores locales desarrollen políticas y marcos sectoriales específicos adaptados a los requisitos de cada industria en particular para fortalecer la ciberseguridad en ese ámbito y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas.

Los gobiernos deben estudiar y hacer un seguimiento del desarrollo de las políticas de seguridad para asegurar que las tecnologías como por ej. la nube, estén protegidas contra las amenazas y los riesgos informáticos.

Existe la imperiosa necesidad que el personal de los organismos encargados de hacer cumplir las normas sea capacitado en las habilidades especificas necesarias para garantizar que la evidencia digital se asegure de manera eficiente y apropiada en las investigaciones y procesos penales.