A propósito de la encuesta más amplia sobre necesidades jurídicas

En mayo de este año el Departamento Nacional de Planeación (DNP) dio a conocer los resultados de la encuesta sobre necesidades jurídicas en Colombia, realizada a finales del 2016. Este componente está incluido dentro de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida que comprendió 51.644 encuestados todos mayores de 18 años y que supera así los 3.077 encuestados sobre el mismo tema (NJ) en 2003.

Dependiendo de los lentes que se usen, los resultados pueden ser positivos o desalentadores, pero en todo caso ponen en evidencia retos estructurales que hay que afrontar y que, como lo dijo Corporación Excelencia en la Justicia en su cuenta de Twitter, representan insumos que deben ser tenidos en cuenta para la planeación de la administración de justicia.

¿Cómo llegamos a esta encuesta?

En abril del 2016 se el DNP presentó ante la OCDE los avances que ha tenido el país en materia de administración de justicia al tiempo que anunció la realización de una encuesta nacional sobre necesidades jurídicas (de la que estamos hablando) y de la que se dijo sería “la más grande del mundo por su muestra: 48.000 personas en 9 regiones del país”[1].

Dentro de los datos que se presentaron ante la OCDE con orgullo, como muestra del avance en administración de justicia, se encuentran:

  • En 71% se ha aumentado el presupuesto de la justicia desde el periodo 2011–2015 al pasar de $21 mil millones de pesos a $39 mil millones.
  • La congestión judicial se ha reducido del 60% a 30% en menos de una década.
  • Hoy, pese a la congestión, 6 de 10 casos pendientes son resueltos cada año.
  • 5.818 jueces administración justicia en todo el país, lo que equivale a 11,72 jueces por cada 100 mil habitantes, una cifra alta en comparación con la región y con otros países de la OCDE.
  • Entre 1991 y el 2014 se multiplicó por 10 la oferta de Centros de Conciliación al pasar de 31 a 365.

Esta encuesta, y otras medidas destinadas al fortalecimiento de la transparencia, han sido impulsadas por la decisión del Gobierno de que Colombia haga parte del selecto grupo de países miembros de la OCDE, proceso de adhesión que inició formalmente en el 2013.

Vendrán muchos análisis sobre los resultados de la encuesta, para entender las razones de las problemáticas existentes para el acceso a la justicia y también para elaborar un plan de acción que permita atender satisfactoriamente las necesidades de los colombianos, ojalá priorizando a los grupos más vulnerables y a las zonas rurales, donde se evidenció un mayor índice de necesidades jurídicas insatisfechas.

¿Qué rutas siguen los colombianos cuando tienen una necesidad jurídica?

Lo primero que hay que tener presente es que la encuesta está estructurada a partir de 5 rutas, es decir, el camino que una persona sigue cuando enfrenta una necesidad jurídicas. Las cinco rutas son:

Los resultados sobre las rutas preferidas de los colombianos para solucionar sus necesidades jurídicas son en cierta forma tranquilizantes.

Habiendo tenido un conflicto armado tan largo y poca presencia estatal en ciertas zonas del país, la ruta 4 (acudir a un actor ilegal) no tiene una participación alarmante (0,5%), lo que por supuesto no quiere decir que se pueda bajar la guardia en ese tema.

El acudir a una institución está en el primer lugar con un 48,6%, pese a las dificultades o demoras que puedan experimentar los ciudadanos, es esperanzador saber que un alto porcentaje de la población sigue confiando en las instituciones para resolver sus necesidades jurídicas.

Llama la atención que la familia pese a ser una institución no formal, es la más efectiva a la hora de resolver necesidades jurídicas (77,2%), pero su impacto no es my fuerte puesto que tiene una participación baja en el número de necesidades que atiende. El fortalecimiento de las familias y el procurar que tengan estructuras sólidas aparece también como una oportunidad para contribuir a la atención indirecta de necesidades jurídicas.

Hacer más eficiente y eficaz la rama judicial es un reto en el que se debe seguir trabajando. No obstante la oportunidad de mejora en la que se puede tener un mayor impacto está en las rutas 2 y 5.

La ruta 2, llegar a un acuerdo pacífico, es la segunda más seguida por los colombianos con un 25,8%. Se puede incentivar aun más esta tendencia, empoderando las comunidades y educando a los ciudadanos para que cada vez sea más grande el número de necesidades jurídicas solucionadas por esta vía. El tener unas instituciones estatales fuertes, efectivas y eficientes no quiere decir que ellas deban solucionar cada uno de los problemas jurídicos a los que se enfrenten los ciudadanos, darles herramientas para que ellos mismos los solucionen cuando sea posible, es una manera válida de atender sus necesidades.

La ruta 5, no hacer nada o dejar así, está en el tercer lugar con un 23,6%, es decir, muy cerca de la ruta 2. El dejar así puede evitar que el problema jurídico crezca o se agrave, pero no tiene la capacidad de satisfacer efectivamente las necesidades jurídicas. Por lo tanto, eliminar las barreras para tomar la ruta 1, 2 o 5, es una oportunidad importante para disminuir el nivel de insatisfacción.

Son varias las razones por las cuales los ciudadanos deciden no hacer nada, pero la principal está asociada a los trámites y costos que deben seguirse, con un 31%.

¿Cuáles son los temas en los que se generan más necesidades jurídicas?

La encuesta arrojó una lista de 15 categorías temáticas sobre las que los colombianos afirmaron tener una necesidad jurídica declarada. Sin embargo, el 55% de las necesidades están condensadas en tres temas: (i) salud 23,4%, (ii) familia 19,4% y (iii) delitos 13,9%.

Las necesidades jurídicas relacionadas con salud corresponden al 23,4% seguidas de aquellas relacionadas con familia con un 19,4%.

¿Dónde hay una mayor presencia de necesidades jurídicas?

Una de las características de esta encuesta que la hacen especialmente interesante es que fue realizada en 9 regiones del país y sus resultados también están discriminados por región. Ello permite elaborar estrategias diferenciadas que tengan en cuenta las particularidades culturales de cada región que se ven reflejadas en el resultado de la encuesta.

Para efectos de la encuesta la Orinoquía y la Amazonía constituyen una sola región que tiene el mayor índice de necesidades jurídicas insatisfechas (67,43%), mientras que Bogotá tiene el porcentaje más alto de necesidades jurídicas declaradas (13,07%).

Ahora bien, los colores del mapa cambian cuando se analizan los resultados de las necesidades jurídicas diferenciadas por temas. Así por ejemplo, cuando se habla de necesidades jurídicas relacionadas con familia, la región con el porcentaje más alto de necesidades insatisfechas es la Central.

Y cuando hablamos de necesidades jurídicas insatisfechas relacionadas con salud, las regiones Pacífica (77,61%) seguida de cerca por la Orinoquía y Amazonía (75,68%).

Finalmente, en materia de delitos, la región con mayor índice de necesidades insatisfechas es la Pacífica con un 86,09%.

¿Y entonces?

Lo primero es reconocer el esfuerzo del Gobierno por recolectar información detallada y útil sobre las necesidades jurídicas de los colombianos, de alguna manera se empiezan a ver aspectos positivos que podría traer el que Colombia haga parte de la OCDE.

Como lo anuncié desde el comienzo, los resultados no son del todo negativos, yo los calificaría de retadores. La ausencia de información real ha permitido que se ande a ciegas cuando se trata de necesidades jurídicas (pese al esfuerzo que se hizo en el 2013 y a otras iniciativas particulares sobre la materia), ya no tenemos esa excusa.

Hay que aprovechar esta información para estructurar una estrategia eficaz para la atención de las necesidades jurídicas. Por ejemplo, a mi juicio sería una necedad pensar en reformas a la administración de justicia, penales o del sistema de salud sin tener en cuenta los resultados de esta encuesta.

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